TAPACHULA, México (AP) — Por tercera vez en lo que va de año, un grupo de unos 800 migrantes —la mayoría venezolanos, pero también cubanos y centroamericanos— salió el sábado caminando de la ciudad de Tapachula, en el sur de México, con dirección a Estados Unidos.
Sin embargo, todo apunta a que la pequeña caravana podría haber quedado ya desactivada, porque el mismo sábado por la mañana las autoridades dispusieron autobuses para trasladarlos a un municipio, 40 kilómetros al norte de Tapachula, donde supuestamente tramitarán sus permisos migratorios el lunes.
“Se les va a dar el apoyo para regularizarlos”, expresó Hugo Cuéllar, representante del Instituto Nacional de Migración (INM).
Se concrete o no esa promesa, el resultado inmediato fue evitar que los migrantes caminaran por la carretera.
Los migrantes aprovecharon las festividades de la Semana Santa para echarse a caminar portando cruces en recuerdo de los primeros viacrucis que por estas fechas hacían migrantes y activistas para poner de manifiesto los peligros de la ruta.
De esas caminatas reivindicativas surgieron a partir de 2018 las marchas multitudinarias que aquel año llegaron hasta la frontera con Estados Unidos y que, posteriormente, fueron disueltas por las fuerzas de seguridad ya en el sur.
Los migrantes retomaron la formación de caravanas más pequeñas desde el año pasado debido a que la presión migratoria en Tapachula no ha parado de crecer. Muchos dicen sentirse como presos en esta ciudad debido a la lenta tramitación de sus solicitudes de asilo —la oficina que las tramita está desbordada— y se quejan de que no consiguen trabajo en el sureño estado mexicano de Chiapas para poder mantener a sus familias.
“Lo que queremos es seguir caminando, seguir avanzando. Lo que pedimos es que Migración nos apoye, que no nos retenga tanto tiempo”, expresó el sábado Desire Báez, de Venezuela, que viaja con sus hijos, padres, hermanos y sobrinos.
Desde finales del año pasado, el INM cambió de estrategia y con el fin de descongestionar el sur de extranjeros empezó a mover a migrantes en autobuses a otros estados para gestionar ahí sus permisos migratorios. También ha ofrecido transporte para desactivar las caravanas.
Organizaciones de derechos humanos han criticado la falta de transparencia en estos procesos.
El sábado no hubo confrontación con las fuerzas de seguridad, como ocurrió a principios de abril, y en el primer control —nada más al salir de Tapachula— las autoridades migratorias pusieron a su disposición autobuses para trasladar al grupo 42 kilómetros más al norte hasta el municipio de Huixtla.
Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, aseguró que el movimiento de migrantes desde el sur del país podría aumentar por la crisis económica pospandemia y tras el anuncio de Estados Unidos de eliminar en mayo una medida de expulsiones expeditas que se puso en marcha, en teoría, para evitar la propagación de COVID-19.
