- María del Rosario Mejía Ayala, Comisionada del Infoem, destacó la importancia de la capacitación y actualización en los conocimientos de quienes se encargan de tutelar los derechos humanos.
Al hablar de defensa de derechos humanos, debemos ir más allá de lo que marca la ley que conocemos; por ello, la profesionalización de quienes integran el servicio público es fundamental para garantizar los derechos de la población, aseguró María del Rosario Mejía Ayala, Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
Durante el arranque del Curso para Proyectistas del Infoem, la Comisionada enfatizó la importancia de que el personal que coadyuva a realizar las resoluciones en materia de acceso a la información y de protección de datos personales, cuente con el conocimiento necesario, no sólo en el marco normativo nacional, sino que pueda también echar mano de los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, para fortalecer dichas resoluciones.
En este sentido, indicó que las y los proyectistas deben actualizar sus conocimientos para incrementar su bagaje jurídico y convencional, lo que resulta de gran utilidad al momento de elaborar cada resolución, siempre con el objetivo de hacer prevalecer principios como el pro persona y la máxima publicidad.
La Comisionada Mejía Ayala resaltó que lo que debe trascender son siempre las personas, ante lo cual se hace necesario que el Infoem busque siempre mejorar, para que lo que se resuelva sirva verdaderamente a cada ciudadana y ciudadano; además de que dichas resoluciones sean también referencia para otros organismos garantes, de cómo pueden resolverse recursos de revisión en beneficio de las personas.
De esta forma, este curso tiene como objetivo específico que las y los servidores públicos conozcan la implementación de las fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos vinculantes para nuestro país; ya que el ejercicio del Control de Convencionalidad representa una obligación a cargo de todas las autoridades de los Estados Parte del Pacto de San José, de crear e interpretar cualquier norma nacional (Constitución, Ley, Decreto, Reglamento, Jurisprudencia, etc.), de conformidad con la Convención Americana y el corpus iuris interamericano; sucediendo los mismo en el marco universal (Organización de las Naciones Unidas).
Al finalizar este curso, a través de la Organización Internacional de Consultoría en Democracia y Humanismo, se otorgarán las certificaciones avaladas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; la Organización de Estados Americanos, mediante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; además del aval en la materia, por la Organización Internacional de Derechos Humanos Canadiense.
