- Es apremiante contar con mecanismos que garanticen el acceso de las mujeres a la vida política en condiciones libres de violencia: Karina Labastida.
- El Congreso local solicita crear la Unidad Técnica para Atender la Violencia Política contra las Mujeres y llevar un registro de personas agresoras sancionadas.
Por unanimidad, el Congreso local solicitó al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) crear la Unidad Técnica para Atender la Violencia Política contra las Mujeres y armonizar o emitir su reglamentación interna para cumplir con los decretos 186 y 187 de la Legislatura publicados el 24 de septiembre de 2020, en materias de paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género.
A propuesta de la diputada Karina Labastida Sotelo, en nombre de la bancada de Morena, el Congreso también solicitó a Francisco Javier López Corral, secretario ejecutivo del IEEM, lleve a cabo el registro de antecedentes de personas agresoras sancionadas, judicial o administrativamente, por haber cometido violencia política contras las mujeres en razón de género, en coordinación con las autoridades competentes.
La legisladora expuso que, debido a la proximidad del proceso electoral, que iniciará en enero de 2023, es apremiante que el IEEM cuente con la normatividad y los mecanismos para garantizar el acceso de las mujeres a la vida política en condiciones libres de violencia y su derecho de ser partícipes de forma activa, con voz y voto, en la vida política de la entidad.
La diputada lamentó que sigue pendiente la creación de la Unidad Técnica para Atender la Violencia; la Guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como el protocolo interno para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y el hostigamiento sexual y laboral, así como la capacitación a integrantes de los partidos políticos en materia de paridad y violencia política en razón de género.
Además, faltan por emitir los lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género de los procesos electorales de diputaciones y ayuntamientos, así como el Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
