La diputada Susana Prieto y el diputado Roberto Briano subrayaron que la asistencia de un intérprete o traductor en asuntos de procuración e impartición de justicia es un derecho de los pueblos originarios sustentado en leyes secundarias y en la Constitución
Palacio Legislativo, 13-05-2022 (Notilegis).- Diputados del Grupo Parlamentario de Morena suscribieron una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial de Chihuahua a aumentar el número de intérpretes y traductores durante juicios y procedimientos de orden jurisdiccional de los que sean parte pueblos o personas indígenas, en el estado de Chihuahua.
La diputada Susana Prieto Terrazas y el diputado Jesús Roberto Briano Borunda, de la fracción parlamentaria de Morena, presentaron ante la Comisión Permanente el punto de acuerdo en favor de este sector en la entidad.
A través de un punto de acuerdo exxpresaron que 3.1 por ciento de la población local habla alguna lengua indígena, y cuando menos 11 mil 818 personas no dominan el español de acuerdo con Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Aseveraron que en el Estado de Chihuahua es limitada la cantidad de personas intérpretes y traductoras que ofrecen asistencia en juicios de personas indígenas.
Refirieron que, según la unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, la defensoría pública del Poder Judicial del Estado de Chihuahua cuenta con 211 defensores y 1 intérprete; mientras que el Centro de Personas Traductoras e Intérpretes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua informó que cuenta con tres intérpretes.
Ante este panorama, comentaron que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) ha señalado la discriminación y los abusos en los procedimientos de impartición de justicia, así como la falta de intérpretes y defensores que hablen la lengua y conozcan la cultura indígena para presentar una adecuada defensa en juicios.
Señalaron que es esencial que un intérprete o traductor asista a las personas hablantes de lenguas indígenas en asuntos de acceso a servicios de salud, agrarios, laborales y de procuración e impartición de justicia, en tanto que representa un derecho sustentado en distintas legislaciones secundarias y, principalmente, en la Constitución.
Puntualizaron que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 10, menciona que las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura
Mientras que en la Carta Magna, en su artículo 2, se reconocen y garantizan diversos derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre estos, el que tienen de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.
En este artículo constitucional, acotaron, “se establece que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, además de que tendrán en todo tiempo el derecho a ser asistidos por personas intérpretes”.
En ese orden de ideas propusieron que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente al Poder Judicial del estado de Chihuahua para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones necesarias en aumentar el número de intérpretes y traductores durante los juicios y procedimientos del orden jurisdiccional en los que sean parte los pueblos o las personas indígenas de la entidad.
La proposición se turnó a la Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
