• En su conferencia magistral señaló que se deben construir instituciones respetuosas de los derechos humanos conscientes de proteger a las mujeres.
Toluca, Estado de México, 25 de mayo de 2022.- Todos estamos involucrados y comprometidos con la cero tolerancia a la violencia obstétrica, por tanto, la sensibilización del personal médico permitirá que las mujeres reciban servicios de salud obstétrica en un ambiente de respeto a la dignidad, de cuidado y afecto como principios rectores de la atención en los servicios públicos de salud, puntualizó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) Myrna Araceli García Morón.
Asimismo, reconoció la proactividad del secretario de Salud estatal, Francisco Javier Fernández Clamont, quien firmó el Pronunciamiento “Cero Violencia Obstétrica” y señaló este hecho como histórico por la importancia de visibilizar la problemática para emprender acciones firmes, además de destacar que la aptitud y actitud del personal médico son elementos fundamentales para trabajar cada día en el tema y pidió cumplir con su misión de vida, que es dar salud con dignidad.
En su conferencia magistral en el marco del Foro sobre Violencia Obstétrica en el Centro Médico “Adolfo López Mateos”, García Morón detalló que desde hace 15 años se tiene una política de Estado en la que existe la obligación de proteger a las mujeres con una vida libre de violencia de género, y de acuerdo con la ley en la materia, la violencia obstétrica la comete el personal médico, paramédico, enfermería y administrativo de las instituciones de salud públicas o privadas cuando denigran a la mujer y afectan sus derechos mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La presidenta de la Codhem explicó que la violencia obstétrica representa el 50% de casos de violencia generalizada en contra de las mujeres, y la mayor parte ocurre en los centros de salud públicos, así como en hospitales, clínicas y también por parte de médicos particulares, al darles un trato deshumanizado y humillante. Precisó que un tercio de las recomendaciones que la Casa de la Dignidad y de las Libertades emite anualmente tienen que ver con el aspecto prestacional de salud, y de esa cantidad, el 25% se relaciona con violencia obstétrica.
Enfatizó que las personas servidoras públicas tienen la obligación de respetar los derechos humanos y abstenerse de acciones que los vulneren, no impedir u obstaculizar circunstancias que hagan posible el uso, goce o ejercicio de bienes y derechos humanos, es decir, deben asegurarse por todos los medios que las personas no sufran afectación a su dignidad.
García Morón expuso que la entidad mexiquense tiene uno de los marcos jurídicos más actualizados en materia de violencia de género, al incluirse la descripción de la violencia obstétrica y también está tipificada como delito en el Código Penal del Estado de México, que sanciona el hecho de no atender o brindar la atención oportuna y eficaz a las mujeres embarazadas, en el parto, puerperio o emergencia obstétrica.
Entre las conductas que pueden llevar a cometer violencia obstétrica mencionó la alteración del proceso natural del parto de bajo riesgo a través del uso de técnicas de aceleración, sin el consentimiento voluntario expreso o informado de la mujer; practicar el parto por vía cesárea sin obtener el consentimiento voluntario; obstaculizar el apego del niño o la niña con su madre a través de la negación de cargarlo o amamantarlo inmediatamente después de nacer; entre otras.
La titular de la Casa de la Dignidad y de las Libertades expresó que los prestadores del servicio de salud están obligados a respetar los derechos humanos y los principios de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y conminó a tener una política de cero tolerancia a la impunidad y construir instituciones respetuosas de los derechos humanos conscientes de la necesidad de proteger a las mujeres.
