• En los paneles 2 y 3 se analizó la importancia de la cooperación entre naciones y el desarrollo sostenible
En la Cámara de Diputados concluyó este jueves la Conferencia Internacional “Hacia la modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea: oportunidades para el fortalecimiento de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y el Desarrollo Sostenible”, organizada por la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el diputado del PT, Alfredo Femat Bañuelos.
En los paneles sobre Desarrollo Sostenible y de Cooperación, especialistas, académicos y sociedad civil señalaron que el Acuerdo Global permite que las naciones integrantes mantengan una relación más estrecha en todos los ámbitos.
Panel 2: “Desarrollo Sostenible”
Fabiola Soto Narváez,coordinadora de Planeación, Cooperación y Sistemas de Información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), expuso que de la relación con países europeos se han adoptado principios con los que la cooperación internacional europea se funda, como el combate al cambio climático, la Agenda 2030, la migración, lo cual permite que la relación entre México y la Unión Europea sea más cercana, fluida, productiva y competitiva.
La fundadora y directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C, Alejandra Anchieta, apuntó que el documento del Acuerdo Global México-Unión Europea hace un llamado para que México respete de manera irrestricta los derechos humanos laborales, así como promover el uso de energías renovables; no obstante, refirió que la Unión Europea debe cerciorarse de no contratar empresas que estén violando estas garantías.
Guadalupe Ramírez Castellanos, representante de la Unión Hidalgo, pidió que se respete su derecho a la consulta y al libre consentimiento y se entregue la suficiente información, porque sólo así se pueden defender sus garantías, tierra y territorio. Aclaró que los indígenas “no se oponen a las energías renovables sino a las formas que se llevan a cabo”.
Jorge Peydro Aznar, ministro consejero y jefe de la Sección Económica y Comercial de la Delegación de la Unión Europea en México, informó acerca del pacto verde europeo que implementa la UE y que establece compromisos para el cambio de modelo económico socioambiental para reducir el 50 por ciento de las emisiones en el año 2030 y alcanzar cero contaminación, del cual México tendrá que adoptar sus propias medidas para un desarrollo sustentable en protección de la biodiversidad, selvas y bosques.
Por su parte, Simone Lucatello, del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, mencionó que México tendrá que “enverdecer” su economía para cumplir con los pactos verdes que lleva a cabo Estados Unidos, la Unión Europea y Asia, a fin de conservar los tratados comerciales que tiene con esos países.
Panel 3: “Cooperación”
Marita Brömmelmeier, directora residente de la Agencia Alemania (GIZ) en México, informó de los dos proyectos que llevan a cabo en el país: uno es el fortalecimiento de instituciones mexicanas para casos de desaparición de personas, en colaboración con la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, Fiscalías y Servicios Periciales; y el otro proyecto, el Fortalecimiento a la Justicia Federal a favor de los Derechos Humanos junto con el Consejo de la Judicatura Federal, mediante la medición periódica de los indicadores en esta materia para que sus procesos judiciales sean más pragmáticos y eficaces.
La directora de la cátedra sobre Relaciones UE-América Latina y el Caribe del Instituto Europeo de Estudios Internacionales, Mónica Velasco Pufleau, comentó que este debe ser un instrumento que fortalezca la cooperación y el diálogo político. Propuso que el capítulo de derechos humanos contemple recibir denuncias sobre las violaciones y que sea en el Senado de la República y la Comisión de Europea quienes verifiquen su veracidad y decidan las sanciones; asimismo, se apoye a México con cooperación financiera
María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del área del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., planteó la necesidad de que este acuerdo integre mecanismos de escucha para la sociedad civil y promueva un esquema de observancia en materia de vulneración de garantías.
Ricardo Silva Díaz, rector de la Escuela Libre de Derecho, se pronunció por fortalecer al Poder Judicial, ya que a pesar de su carga de trabajo constituye un equilibrio ante los cambios políticos que vive México; además, propuso la creación de observatorios ciudadanos que garanticen su verdadera independencia y procuren la innovación tecnológica de los tribunales.
Por su parte, Mario Torres Jarrín, director del Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos de la Universidad Pontificia de Salamanca, sugirió que en este Acuerdo Global “es urgente, oportuno y necesario”, regular el ciberespacio y su cuarta transformación industrial, ya que las empresas tecnológicas con sus avances han modificado la configuración del comercio, la sociedad y la geopolítica.
