- El punto de acuerdo contribuirá a transparentar el uso de recursos públicos: Martín Zepeda.
- El diputado Daniel Sibaja indicó que el exhorto violaría la autonomía municipal y la Ley de Contratación Pública.
La Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso local avaló por mayoría de votos un punto de acuerdo para que autoridades de Nezahualcóyotl, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, compartan la información técnica y financiera, así como el estudio de mercado, para autorizar más de 100 millones de pesos para la contratación del servicio de patrullas y compra de uniformes para la Dirección de Seguridad Ciudadana municipal.
En reunión de trabajo, presidida por la diputada Evelyn Osornio Jiménez (PRI), se aprobó el dictamen del punto de acuerdo por el cual también se solicita que la contraloría de Nezahualcóyotl investigue algún posible conflicto de interés de personas servidoras púbicas derivado del proceso de adquisición y contratación de servicios relacionados con lo aprobado en el acuerdo de cabildo número 57 de dicho ayuntamiento durante la administración 2022-2024, en el cual se autorizó dicha adquisición.
El legislador Martín Zepeda Hernández, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, resaltó que el punto de acuerdo impulsado por él y por la diputada Juana Bonilla Jaime contribuirá a transparentar el uso de recursos públicos y señaló que, aunque ya no se considera que la Secretaría de Finanzas brinde el catálogo de bienes y servicios del arrendamiento de vehículos en el sistema Compramex, como se planteaba inicialmente, se analizará la información con personal de la dependencia para verificar si se realizaron erogaciones superiores a los montos establecidos.
El diputado Daniel Andrés Sibaja González (Morena) se pronunció a favor de la transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los recursos públicos, pero indicó que, de ser aprobado, el exhorto violaría la autonomía municipal y la Ley de Contratación Pública del Estado de México y los Municipios, que la autoridad encargada del proceso es el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y que se dejaría un mal precedente desde el Poder Legislativo porque se podría prestar para aprobar exhortos con fines de control político.
