• Todo lo vertido y discutido será considerado por la comisión redactora: diputada Flores Gómez
• Se presentaron trece propuestas para agilizar los procesos de impartición de justicia y evitar la saturación en tribunales y juzgados
Al concluir en Monterrey, Nuevo León, el segundo foro “Hacia la construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, convocado por el Grupo de Trabajo en materia de Justicia Cotidiana, presidido por la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), se plantearon trece propuestas para hacer expedito el acceso a la justicia.
Al dar a conocer las conclusiones, la diputada Mirza Flores Gómez (MC) aseguró que el Segundo Foro fue muy productivo y externó a los participantes la seguridad de que todo lo vertido y discutido será considerado por la comisión redactora instalada en el Senado de la República.
Afirmó que es muy importante salir de la Cámara de Diputados para escuchar el día a día de cómo expertos y peritos en derecho, que son los notarios, ven una manera de agilizar los procesos de impartición de justicia, y evitar que los tribunales y juzgados estén sobresaturados. Después de la pandemia se notaron más las deficiencias del Poder Judicial tanto de la Federación como de los estados, dijo.
Sobre todo, añadió, la necesidad de que se cumpla con el principio constitucional de una justicia expedita. “Nos comprometemos a que estos códigos de procedimientos civiles y familiares sean mucho más apegados a la realidad”.
Entre las trece conclusiones mencionó la conveniencia de revisar la parte sustantiva civil y familiar, y que debería considerarse y repensar si sería viable generar dos códigos nacionales en esas materias.
Sobre medidas urgentes, la parte actora debería recibir asesoría legal sobre las prestaciones que se consideren pertinentes, las pruebas que se requieran y el seguimiento que debe dar al procedimiento, de ahí que quien reciba la demanda sea asesor legal.
Las propuestas plantean que los notarios públicos podrían atender aquellos asuntos que no presenten controversia, por ejemplo, el apeo y el deslinde, así como los divorcios voluntarios, donde no existen hijos menores ni controversias sobre el patrimonio, y las sucesiones en las que no exista conflicto entre los beneficiarios.
La diputada Flores Gómez explicó que la ampliación de sus atribuciones como fedatarios coadyuvará no sólo a impartir justicia, sino a fortalecer la investidura que les otorga el Estado para dirimir controversias.
Otra de las conclusiones es que sea el Registro Civil y no los notarios quien conozca sobre el procedimiento relacionado con el divorcio.
Asimismo, se planteó que no se publique el edicto en un periódico de circulación nacional, porque representa un tema oneroso para algunos ciudadanos, y se utilice la digitalización de los procesos, mediante la creación de un portal para que sea más ágil.
En el concurso civil, señaló, la propuesta de establecer los supuestos para determinar que una persona se ubica en incumplimiento de pago, establecer medidas cautelares, etapas del procedimiento, medios de impugnación, causas de terminación y todo lo relacionado con la creación de órganos jurisdiccionales especializados, a fin de reducir los tiempos de resolución y ayuda a homologar criterios.
También se subrayó la conveniencia de realizar la inclusión de los corredores públicos como auxiliares de los órganos jurisdiccionales como árbitros.
Revisar la posibilidad de que el juicio especial hipotecario sea el mecanismo único para tramitar todos los juicios en que se involucren cuestiones hipotecarias; en caso de que no haya acuerdo se privilegie el arbitraje y la defensoría legal.
Mesas de trabajo
En la primera Mesa con el tema de Oralidad, Rodolfo Bucio, director del Seminario de Derecho Procesal de la UNAM, reconoció que la oralidad en el sistema judicial no es nueva, data de 1932 y ahora está en materia penal en todo el país. Celebró que este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tendrá un 90 por ciento de oralidad en sus procesos.
Por su parte, la doctora Clara Elizabeth Soto Castor, académica y actual secretaria proyectista de primera instancia en el Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, opinó que el nuevo Código busca un modelo adversarial, democrático y oral, para una mayor eficacia y expeditez en la impartición de justicia.
Sugirió repensar el diseño de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y otro de Procedimientos Familiares.
En la segunda mesa con el tema Justicia civil, Norberto de la Rosa Buenrostro, notario público 61 de Nuevo León, pidió reformar la Ley del Notariado para que estos profesionistas continúen colaborando con la sociedad a través de la simplificación de procesos judiciales.
Recomendó que los avances aplicados en su entidad en materia familiar se incluyan en el proyecto del Código Nacional porque han dado agilidad a los procesos, demostrado su valor y apoyo a la ciudadanía en diversos asuntos judiciales.
María Isabel Almaraz Guzmán, vocal del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, destacó la necesidad de establecer juzgados especializados para atender los casos de concursos civiles, porque son temas complicados.
Asimismo, dar celeridad al proceso, al tener el objetivo de reestructurar las deudas de las empresas que se han declarado en quiebra y salvarlas de la desaparición, con el propósito de sanear sus finanzas y que continúen trabajando para evitar la pérdida de fuentes de trabajo.
En la tercera mesa: Justicia mercantil, Luis Cortés García, integrante del Colegio Nacional de Correduría Pública, celebró la inclusión de la figura de la correduría pública como un fedatario público en la iniciativa para el nuevo Código.
Propuso que, de manera expresa, se mencione al corredor público en los artículos relacionados en donde intervenga como fedatario mediante expedición de pólizas y actas y cuando funcione en auxilio de las labores de los tribunales.
Verónica Meléndez Valadez, representante de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), mencionó que la impartición de justicia tendrá mayor celeridad con el artículo 170 propuesto en el Código, que establece emplazamientos directos mediante terceros, en domicilio del demandado para evitar dilaciones.
Con el artículo 178 del Código en análisis y discusión, dijo, también se beneficia el sistema de justicia cuando se calendarizan los emplazamientos a través de edictos, en plazos de 30 días para comparecer, con términos para la contestación de la demanda.
José de Jesús Durán, también en representación de la Condusef, destacó la incorporación de la oralidad en los juicios que hará más rápida la impartición de justicia en materia mercantil y evitará recursos dilatorios. Propuso ampliar el marco de aplicabilidad de los juicios en línea en materia mercantil, que considera va muy de la mano con los juicios orales.
