• Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana se reunió con integrantes de Tribunales Superiores de Justicia
Diputadas y diputados integrantes del Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, conocieron los puntos de vista de presidentas y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia respecto al proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), coordinadora de dicho Grupo, expuso que con este encuentro se ha remarcado que el Código será una herramienta para hacer efectivo el acceso a la justicia de las y los mexicanos, y considere los más altos estándares en materia de impartición.
Además, dijo, se recomendó la oralidad de los juicios basada en los principios de publicidad e inmediación, la redistribución de las cargas procesales, de las partes litigantes y de las personas juzgadoras, autorizar a los poderes judiciales el desarrollo de plataformas tecnológicas que permitan a los justiciables acceder de mejor forma a la justicia y prevea la garantía de los derechos humanos.
“Estamos llamados a expedir una legislación que sirva a la gente y le ayude a resolver sus problemas cuando se vean en la necesidad de acudir ante un tribunal. Retomaremos cada uno de los planteamientos que hicieron las y los presidentes de los tribunales”, afirmó.
Exposiciones de magistradas y magistrados
Como integrante de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, indicó que la reforma debe cambiar la justicia local con autocrítica y seriedad.
“Debemos tener cuidado al momento de legislar, vigilar que el Código sustituya a los 32 que existen actualmente e impacte directamente en los procesos civiles y familiares, y considere la perspectiva de derechos humanos, equidad de género e infancia”, añadió.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, magistrado Miguel Felipe Meri Ayup, expresó que la justicia local es la más cercana a la gente y a los problemas de las y los mexicanos.
Por ello, planteó crear un Fondo Nacional para el Fortalecimiento a la Impartición de Justicia, que vaya directamente a presupuestos que ayuden a los estados, y pugnó por contar con un Código Nacional que responda a las demandas de nuestro tiempo.
Ramón Gerardo Guzmán Benavente, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, destacó que el aplazamiento del Código Nacional ha causado un detrimento a la administración de la justicia.
“Este encuentro es para urgir al Poder Legislativo federal para que emita el Código; mientras no contemos con estas herramientas, no va a ser posible cumplir con la garantía de justicia prevista en el artículo 19 constitucional, para que la misma sea pronta y expedita”, añadió.
La magistrada Mariela Ponce Villa, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, consideró vital escuchar a las y a los operadores, ya que la justicia familiar es preocupante, no sólo por el incremento de los casos, sino por la falta de capacidad para atenderlos de forma ágil.
“Nuestros procedimientos son tortuosos y burocráticos, principalmente en aquellos temas que involucran a niñas, niños, adolescentes, derechos de mujeres o de personas adultas mayores. Por ello, es necesario de contar con esa legislación”, abundó.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, magistrado Héctor Sánchez Sánchez, expresó que la propuesta de la Conatrib “es perfectible, pero es un gran proyecto”.
Hizo énfasis en que en el derecho familiar es necesario implementar los procesos de oralidad y dotar a los juzgados de recursos humanos, técnicos, de infraestructura y económicos. Planteó establecer que la demanda y contestación en un proceso familiar sea por comparecencia, no por escrito.
El magistrado Jesús Iván Chávez Rangel, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, destacó la importancia de coadyuvar con las y los legisladores en el proceso, porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es un documento eminentemente técnico.
Añadió que su implementación recaerá en los tribunales locales, de ahí la importancia de “acercarnos en un ánimo colaborativo a ser escuchados y participar” para perfeccionarlo y ayudar a mantener una pauta de congruencia.
Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, la magistrada presidenta Mary Cruz Cortés Ornelas hizo votos por que el Código sea una normatividad efectiva para todas y todos los ciudadanos.
En materia de emplazamiento a juicio, propuso que sea publicado en el diario de mayor circulación en el área donde se tiene conocimiento que ha vivido o laborado el demandado, para ampliar la posibilidad de que se le informe y haya certeza de que tenga conocimiento del proceso que se sigue en su contra.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Raymundo Casarrubias Vázquez, se pronunció por que haya un fondo que permita a los tribunales tener el mínimo de recursos indispensable para hacer justicia.
“Es necesario que se fijen en nosotros ahorita que se va a aprobar esta nueva ley para que haya recursos y tengamos autonomía presupuestal, que se asigne un porcentaje para que no tengamos que ir cada año con el gobernador o la legislatura a que nos apoyen”.
