• También, aprobó opiniones a iniciativas en materia de salud mental, suicidios y adicciones
La Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que preside la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), aprobó diversos dictámenes de reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de crianza positiva y procedimientos jurisdiccionales y administrativos sencillos, comprensibles y eficaces para niñas, niños y adolescentes.
Durante una reunión ordinaria, la diputada Herrera Anzaldo explicó que el dictamen se deriva de siete propuestas de diversos grupos parlamentarios para adicionar una fracción VII Bis al artículo 4 y definir el concepto de crianza positiva como el conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes.
Además, que se debe tomar en cuenta su edad, facultades, características, cualidades, intereses, motivaciones, límites y aspiraciones, sin recurrir a castigos físicos ni a tratos crueles y humillantes, salvaguardando el interés superior de la niñez con un enfoque de derechos humanos.
Asimismo, indicó que se agrega una fracción XXVI al artículo 116 para establecer la concurrencia de autoridades federales y locales, a fin de impulsar acciones que fomenten la crianza positiva a quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda, custodia o cualquier persona que incida en la crianza y cuidado de niñas, niños y adolescentes.
La diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) destacó que el objetivo es integrar el concepto de crianza positiva en la ley para proteger el derecho de las y los menores a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral. Además, que el Estado promueva y capacite sobre este método de crianza a quienes tengan contacto con niñas, niños y adolescentes, y se establezca esta práctica como la opción de disciplina más beneficiosa en su desarrollo personal y social.
Del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández resaltó la importancia del dictamen en el avance de la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia y reconoció el trabajo de la Comisión para el seguimiento a reformas en materia de erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
A su vez, la diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT) dijo que es necesario velar por la infancia mexicana, garantizar su bienestar en los hogares y escuelas, y promover su libre y sano desarrollo. Manifestó su voluntad de seguir trabajando en favor de estos sectores de la población y priorizar el trabajo con todos los niveles de gobierno para dar más impulso a la crianza positiva y se tenga más sustento legal, social y familiar.
Enseguida, la diputada Taygete Irisay Rodríguez González (MC) consideró que es un importante avance en materia de derechos de la niñez y es parte fundamental de su crianza. Reconoció que se tomaron en cuenta todas las iniciativas para que niñas, niños y adolescentes crezcan sanos y libres de toda forma de violencia, lo que permitirá construir una nación pacífica.
Garantizar procedimientos jurisdiccionales claros y sencillos
Posteriormente, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar que, en los procedimientos jurisdiccionales relacionados con niñas, niños o adolescentes como probables víctimas del delito, se promuevan procedimientos claros, sencillos y comprensibles para niñas, niños y adolescentes dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional y administrativo.
La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN) dijo que este dictamen tiene como punto central el desarrollo emocional-social de las niñas, niños y adolescentes, respecto de los procedimientos que se viven a través de acciones jurisdiccionales, jurídicas y administrativas.
Opiniones a iniciativas
Las y los integrantes de la Comisión aprobaron la opinión favorable a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos noveno y undécimo del artículo 4° de la Constitución Política en materia del interés superior de la adolescencia.
En este sentido, la diputada Herrera Anzaldo explicó que se busca visibilizar la importancia del interés superior de la adolescencia sin excluir al grupo de edad entre los 12 y los 17 años. Esta instancia estimó conveniente precisar que si bien en la Constitución se hace referencia al interés superior de la niñez esto no resulta excluyente para los adolescentes como grupos prioritarios para el Estado. La reforma planteada solo tendría efectos de armonización legislativa de carácter conceptual.
También se aprobó opinión A iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención de salud mental de niñas, niños y adolescentes.
Al respecto, la diputada Herrera Anzaldo explicó que la reforma tiene por objetivo establecer que la Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades competentes, llevará a cabo la implementación, desarrollo y difusión de programas de atención a la salud mental de niñas, niños y adolescentes, enfatizando en el tratamiento de padecimientos como depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, prevención del suicidio y adicciones, garantizando el interés superior de la niñez.
Precisó que la Comisión coincide en la necesidad de llevar a cabo la atención y prevención de los trastornos mentales, específicamente en niñas y adolescentes, toda vez que es uno de los derechos consagrados tanto en nuestro marco jurídico nacional como en el internacional.
De igual manera, avalaron la opinión A la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y décimo del artículo 4° de la Constitución Política en materia de salud física y mental de niñas, niños y adolescentes.
La diputada Herrera Anzaldo apuntó que la iniciativa plantea garantizar el derecho de toda persona a la protección de la salud física y mental. Subrayó que la Comisión hizo una reflexión respecto a que las normas deben ser generales y abstractas, a fin de no generar limitaciones a la hora de reconocer los derechos y que la materialización de las mismas se realice en leyes secundarias.
