• La diputada Ochoa Mejía (MC) plantea reformar dos leyes en materia de presupuesto y fiscalización
Con la finalidad de que las adecuaciones presupuestarias sean aprobadas por la Cámara de Diputados y cuenten con la justificación técnica que demuestre que dicha modificación ayudará a un mejor cumplimiento de los objetivos, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (MC) presentó una iniciativa.
El documento, que reforma y adiciona las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, señala que la Cámara de Diputados deberá monitorear el cumplimiento del presupuesto aprobado y darle seguimiento al ejercicio de las adecuaciones.
Las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias, así como las internas de las dependencias y entidades, requerirán la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), subraya.
Además, obliga a la SHCP a que, durante la formulación de la Cuenta Pública, incluya de manera pormenorizada los cambios en el presupuesto, con su correspondiente justificación, e identifique la fuente de financiamiento de las adecuaciones.
También, señala que la Secretaría de Hacienda deberá reportar las adecuaciones presupuestarias en los informes trimestrales. La Auditoría Superior de la Federación emitirá opinión en el trimestre posterior a la entrega de dichos informes, a fin de vigilar el uso apropiado de las adecuaciones.
Establece que la Cámara de Diputados podrá modificar las propuestas de adecuaciones presupuestarias, con base en el dictamen que emita la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Toda adecuación presupuestaria, deberá someterse a la aprobación de la mayoría de los miembros presentes en el Pleno de la Cámara de Diputados.
La iniciativa, turnada a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Transparencia y Anticorrupción, menciona que la finalidad es fijar mecanismos de contrapeso y control en materia hacendaria.
Ochoa Mejía relata que para 2022 el presupuesto ejercido es muy diferente a lo que aprobó la Cámara de Diputados, toda vez que no se cuenta con un contrapeso real que dé certeza de que lo que realmente se vota en el Congreso de la Unión sea lo que se gasta en el país.
