- La diputada Karina Labastida expuso la petición del Congreso para que la FGJEM explique por qué canceló la disculpa pública.
- Recibió a familiares de Nadia Muciño, Julia Sosa, Diana Velázquez Florencio y Daniel Sánchez Curiel.
La diputada Karina Labastida Sotelo (Morena) recibió en el Congreso mexiquense a familiares de personas víctimas de feminicidio y desaparición con quienes coincidió en que es injustificable la cancelación de la disculpa pública que les ofrecería el pasado 16 de noviembre el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez.
En este sentido, en presencia de Nadia Muciño Márquez, Julia Sosa Conde, Diana Velázquez Florencio y Daniel Sánchez Curiel, dio a conocer la petición del Congreso para que que el titular de la FGJEM informe las razones por las que primero postergó y posteriormente canceló la disculpa pública.
Ante Norma González Benítez, representante de Amnistía Internacional México, quien asiste y acompaña a este grupo de familias, la presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición también les reiteró su apoyo para impulsar propuestas que eficienten la atención a víctimas de estos delitos.
Además de escuchar los cuestionamientos sobre el actuar de la FGJEM y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ofreció su respaldo para ponerlas en contacto con el Consejo Estatal Ciudadano, del que informó el pasado 29 de noviembre renovó a seis de sus integrantes para unir esfuerzos en sus demandas de justicia.
Durante la reunión, Ana Laura Curiel Armenta, María Antonia Márquez y Ana Sosa Conde, expresaron su desánimo por la cancelación de la disculpa pública, que no se entiende la justificación expresada por la FGJEM y perciben dilaciones en los procesos, así como la preparación de una disculpa a su modo y no de la manera como la solicitan.
Coincidieron con Norma González en que la FGJEM enfrenta un escaso presupuesto, personal poco empático, espacios de trabajo inadecuados y falta de equipamiento y solicitaron al Congreso su intervención para que la fiscalía agilice sus diligencias y otras instancias brinden acceso a programas sociales para las y los hijos menores de edad de las víctimas, así como para el cumplimiento en la reparación del daño.
