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Mañana, 10 de febrero, se iniciará el juicio a Laura Borràs, la Presidenta del Parlament de Catalunya, suspendida de sus funciones el pasado 28 de julio, y presidenta de Junts per Catalunya.
Como recordatorio, es preciso señalar que en los años 2013 – 2018, fue la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, instituto que tiene el objetivo de difundir el patrimonio literario catalán. En mayo del 2018 fue nombrada consejera de cultura del gobierno de la Generalitat, por lo que dejó su anterior responsabilidad. Y en marzo del 2021 fue investida Presidenta del Parlament.
En julio de 2018, la jueza del juzgado número 9 de Barcelona, Silvia López Mejías, inició una investigación sobre presuntos delitos acerca de la adjudicación de varios contratos. Los mossos d’esquadra (la policía autónoma catalana) concluyeron que no había indicios de delito ni de irregularidad alguna. A pesar de ello, la investigación ha seguido abierta, cambiando de tribunal en función de la situación de Borràs como aforada. El 20 de octubre del 2021 se le abrió el procesamiento judicial ante el tribunal superior de justicia de Catalunya, por supuestos delitos de corrupción, en concreto, por malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental, tras fraccionar 18 contratos por valor total de 300.000 euros, para, presuntamente, beneficiar a su amigo informático, Isaías Herrero.
La fiscalía pide para Borràs 6 años de prisión, 21 de inhabilitación para cargo público y 144.000 euros de multa; si bien, finalmente la fiscalía solo le acusa de falsedad documental y prevaricación.
Me parece muy interesante, como siempre, la editorial que hoy ha realizado Vicent Partal, director de Vilaweb, que, entre otras cosas recuerda un cierto paralelismo con el caso imputado a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Las irregularidades del procedimiento seguido contra Lula llevaron a la anulación del proceso, ya que el Supremo Tribunal Federal entendió que a Lula no se le habían respetado sus derechos, sobre todo durante el proceso dirigido por el juez Sergio Moro, que fue nombrado ministro de justicia por Jair Bolsonaro.
Partal se pregunta:
‘¿Lula era culpable de corrupción o no? Técnicamente, solo podemos decir que su inocencia no se demostró en los tribunales. Y, a pesar de eso, a mi parecer, de manera acertada, esto no ha sido nunca un impedimento para que todos, y ERC en primer lugar, entendiese que Lula, hubiere podido hacer lo que fuere, también era sometido a un lawfare de manual. Y que, por lo tanto, era preciso defenderlo contra el atropello organizado por sus adversarios políticos, por el poder judicial y por una parte de la prensa.
El lawfare tiene el propósito de apartar de la vida política personas que molestan a un determinado poder, haciendo uso de técnicas muy bien definidas estos últimos años.
El lawfare, por lo tanto, puede servir para apartar de la vida política personas completamente inocentes, pero también puede servir para apartar de la vida política personas culpables de delitos.
(…) Lula pasó 580 días en prisión, elegidos deliberadamente para impedir su nueva participación en las elecciones de aquel año.
(…) La cronología seguida contra Borràs no es nada inocente. Hace pocas semanas, una filtración periodística que podría tener su origen en la misma fiscalía reveló la existencia de un informe pericial, hecho por un destacado miembro de la extrema derecha española, el asesino de Yolanda González que tenía muchas posibilidades de exculpar a Borràs, por la manera como documentaba la manipulación hecha por la policía de las pruebas. Y justo después, pocas horas antes del juicio, y, por lo tanto, con un margen ínfimo para cambiar la defensa, ahora nos enteramos que la fiscalía ha propuesto un pacto a los abogados del otro implicado en el asunto, que significaría la libertad para Isaías Herrero y la prisión para ella’.
(…) La ANC y el Consell de la República, dan soporte a Borràs (…) pero ERC y la CUP se han desmarcado, igual que Òmnium y la AMI.
(Vilaweb, 8 de febrero de 2023)
Es triste y penoso ver cómo ERC y las demás organizaciones no respeten el derecho de la presunción de inocencia.
Todos son enemigos políticos de Borràs, por su implicación clara y notoria por la confrontación como única vía para conseguir la independencia; y se ‘escudan’ con el argumento de que no se trata de una persecución política, si no que se trata de un posible delito de malversación ajeno al independentismo.
Todo esto me parece muy asqueroso, ya que muestra el nulo nivel ético y moral de esas organizaciones (que vergüenza, que ayer, me volviesen a telefonear de Òmnium, pidiendo que reconsiderase mi baja; y, claro, les comenté que, en modo alguno, dada su posición actual).
Vaya diferencia con la posición adoptada respecto a Lula, como explica Partal, en el párrafo que repito, por ser trascendental:
‘¿Lula era culpable de corrupción o no? Técnicamente, solo podemos decir que su inocencia no se demostró en los tribunales. Y, a pesar de eso, a mi parecer, de manera acertada, esto no ha sido nunca un impedimento para que todos, y ERC en primer lugar, entendiese que Lula, hubiere podido hacer lo que fuere, también era sometido a un lawfare de manual. Y que, por lo tanto, era preciso defenderlo contra el atropello organizado por sus adversarios políticos, por el poder judicial y por una parte de la prensa’.
Que ERC sea inconsistente, y que actúe de forma esquizofrénica, defendiendo a Lula y atacando a Borràs, muestra que se mueve, exclusivamente, por intereses electorales. Eso es lo único que le interesa y guía. Esa es la moral de su gurú Oriol Junqueras.
De la CUP no me extraña nada, pues siempre tiene la ‘capacidad’ de no estar dónde deberían. De los Comunes y del PSC/PSOE, nada que decir, son enemigos declarados de todo lo que representa la independencia.
Y del estado español, nada que destacar, siguen en su línea neofranquista (pongo el prefijo ‘neo’ por ser suave), saltándose incluso su propia constitución que tanto dicen defender, pues, en este caso, no respetan el artículo 24.2 que garantiza el derecho de la presunción de inocencia.
Asimismo, el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos determina que ‘toda persona acusada de un delito será presumida inocente hasta que no se establezca su condena en un juicio público con todas las garantías de defensa’.
Y todos sabemos que el sistema judicial español nunca, y nunca es nunca, garantiza los derechos a las personas calificadas como independentistas catalanes. Y eso lo hemos visto por las filtraciones interesadas respecto a Borràs, así como a las gestiones prevaricadoras, como es el de pactar con el otro acusado, para salvarse,perjudicando, más si cabe, a Borràs.
No debemos olvidar que Laura Borràs es una pieza de caza mayor para los españolísimos jueces, políticos, medios de comunicación, etc.
Yo no tengo conocimientos ni información al respecto, pero sí que veo una clara desproporción entre la posible malversación de 300.000 euros, con la condena que le pide la fiscalía, comparativamente a los casos de malversación de miles de millones, que hemos visto en el PP y PSOE; pero ya sabemos que el rasero contra Catalunya es diferente, claro.
Lo determinante no es el importe, lo que se pretende es ‘descabezar’ al movimiento independentista, como dijo, en su momento, la funesta Soraya Sáez de Santamaría, vicepresidenta de Mariano Rajoy (en su caso, los jueces no ‘supieron’ ver quién era M. Rajoy; pero, contra Borràs, han recuperado la visión y la imaginación).
En el sistema judicial español, la presunción de inocencia debe garantizarse durante toda la fase del proceso, y el juez debe asumir la condición de inocencia, quedando a la parte acusadora la carga de la prueba para la condena.
Respecto a las pruebas, cabe señalar que las investigaciones policiales y los atestados, son medios de denuncia y no de prueba. Y las pruebas deben ser obtenidas dentro del marco de la ley.
Y sabemos que la forma de obtener las ‘pruebas’, así como su custodia, ha presentado serias lagunas. Por eso, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, abogados de Borràs, reclamarán que se desconsideren los correos electrónicos que incriminan a Borràs, asegurando que los mossos d’esquadra los obtuvieron sin autorización judicial.
Después de la sesión de este viernes 10, el juicio se reanudará el día 20 con las declaraciones de los testigos los días 21 a 23, las periciales el día 27, y el 1 de marzo los informes finales.
Pero todo eso no será más que teatro judicial del malo, otro juicio farsa, pues que la fiscalía haya hecho un pacto con Isaías Herrero, que ya tiene una condena de 5 años de prisión por tráfico de drogas, y el juez le suspendió la entrada en prisión a cambio de que hiciera un tratamiento de desintoxicación; y por eso la fiscalía le pide una pena inferior a dos años de prisión, que es el mínimo para no ingresar.
Todo esto me parece muy turbio, ya que todos sabemos que una nueva condena se suma a la anterior, a la hora de entrar en prisión. Por eso me parece muy rocambolesco todo este trato especial. Pero, claro, ya lo he repetido muchas veces, contra Borràs y lo que representa, todo vale.
En definitiva, ya sabemos que esta tragedia acabará con la sentencia ‘culpatoria’ de Laura Borràs, a pesar de que sus abogados defensores (Boye y Elbal) sean excelentes y de contrastada solvencia ante los tribunales de justicia internacionales, pero, claro, aquí jugarán en terreno contrario y con el código penal del enemigo, como se dice.
Y Laura Borràs será una nueva mártir del proceso de independencia, que Pedro Sánchez da por finalizado.
Y veremos cómo ERC, en este caso, sí que considerará legal y legítima la sentencia, pues confirmará sus propios prejuicios, jugados de forma malintencionada para eliminar a la principal pieza de Junts per Catalunya.
Para ERC, será la ‘prueba del nueve’ para autojustificarse, como cualquier criatura traviesa. Pero no es el caso, ellos son adultos maquiavélicos (en el peor sentido del término). Y lo triste, es que tratan a sus afiliados y posibles votantes como tontos útiles, desinformados y contaminados por las directrices de su secta, que es lo que ha acabado siendo ERC.
Vimos que los diputados de ERC no tuvieron los bemoles, ni el interés de investir a Carles Puigdemont y, de ese modo, el vergonzante Roger Torrent, por entonces President del Parlament, prefirió no quemarse ni ponerse en peligro, pues sabía que enfrentarse al estado español no es inocuo, pues nunca, nunca, aceptan el principio de inocencia de los independentistas que se mantienen indomables.
Solo me queda esperar que, al menos, los votantes demuestren ser ciudadanos adultos y, en su momento, voten en consecuencia.
