APASEO EL ALTO, México, 1 abr (Reuters) – Después de que su marido fuera asesinado a tiros mientras hacía campaña en 2018 para la alcaldía de Apaseo el Alto, en el centro de México, María del Carmen Ortiz tomó la batuta y, superando su dolor, ganó las elecciones convertiéndose en un símbolo del hambre de justicia de los electores.
Un año y medio después de asumir el cargo, Ortiz va flanqueada por tres escoltas de policía federal que la resguardan a donde vaya, debido a que su estado, Guanajuato, se ha convertido en uno de los más sangrientos, atrapado en medio de una guerra entre grupos criminales rivales.
Tres funcionarios de la alcaldía han sido asesinados durante su gestión: el director de tránsito, el coordinador de fiscalización y un regidor. Como en el crimen de su marido, ninguno de estos casos ha sido resuelto.
Ahora Ortiz está usando su puesto de alcaldesa para pedir que los fiscales realicen investigaciones exhaustivas sobre esos asesinatos y docenas más en la población.
“Le dan carpetazo”, dijo Ortiz, de 34 años, sentada en su oficina en el palacio municipal de dos pisos, al lado de fotos de su marido asesinado, José Remedios Aguirre, quien tenía 35 al morir, y sus tres hijos.
“Que hagan su trabajo, pero que se haga, que se haga justicia, siempre es lo que he pedido. De mi esposo, de mis compañeros, de todos”, añadió.
Las calles de Apaseo el Alto, con una población de unos 70,000 habitantes, son tan estrechas como bulliciosas, llenas de negocios familiares y tiendas de compra y venta de dólares a las que acuden los residentes con familiares que traen dinero de Estados Unidos.
Según datos del gobierno mexicano, el número de asesinatos saltó en esa población a 87 el año pasado, frente a los 10 de 2015.
Los registros locales, resguardados en una comisaría de policía de las afueras de la localidad, pintan un panorama todavía más espeluznante: 120 asesinatos en el último año y ninguno resuelto.
La crisis de seguridad heredada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha empeorado en muchas zonas del país, después de que el mandatario relajó la guerra contra los cárteles con la promesa de atacar de raíz las causas de la violencia: la corrupción, la pobreza y la falta de oportunidades para la gente joven.
Bajo su mandato, México registró un récord de 34,582 homicidios el año pasado. Sin embargo, los expertos dicen que el sistema de justicia del país carece de recursos para resolverlos, alimentando un círculo vicioso de impunidad y crimen.
Ortiz respalda la política de López Obrador. Ella decidió postularse para el cargo después de que él la respaldara en su mitin de campaña en Apaseo el Alto, levantando su mano al aire. Los espectadores aplaudieron y rompieron en reclamos de “¡justicia! ¡justicia!”.
Aún así, Guanajuato inició una cifra récord de 2,775 investigaciones de homicidios el año pasado, convirtiéndolo en el estado más sangriento del país. Hace una década, ese estado -hogar de casi 6 millones de personas- tuvo solo 437 asesinatos.
Consultores en seguridad dicen que el alza de crímenes está ligada a la guerra entre el cártel de Santa Rosa de Lima y su rival mayor, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) del vecino estado de Jalisco.
En Guanajuato, apenas el 10.5% de los homicidios bajo investigación tienen como resultado condenas de prisión, según un estudio elaborado en 2018 por la Universidad de las Américas, de Puebla. Para todo México, la cifra es un poco mejor: 17%.
Muchos culpan de la impunidad arraigada a un sistema de justicia rebasado en el que la policía, los fiscales y los jueces carecen de la capacitación para procesar delitos con éxito y donde la corrupción y los intereses políticos hacen que las investigaciones fracasen.
Los expertos dicen, además, que los grupos criminales ponen la mira en los funcionarios locales para disuadirlos de las investigaciones sobre sus actividades. Creen que la banda de Santa Rosa esté probablemente detrás de varios asesinatos políticos en la región, incluso en Apaseo el Alto, que queda a solamente a 40 kilómetros del lugar de nacimiento del cártel.
Sin embargo, el secretario de seguridad pública del municipio, Abraham Domínguez, dijo que no había identificado ningún grupo del crimen organizado en el municipio. Dijo que la violencia podría estar propagándose a las pandillas en los estados vecinos.
“Quizás vengan, pasen, pero no tenemos ningún grupo aquí,” dijo.
GUERRA DE PANDILLAS
A raíz de la fragmentación de muchos grupos criminales, el CJNG ha hecho un esfuerzo para reclamar franjas de territorio en todo México, incrementando los asesinatos en todo el país a medida que otros grupos se unen contra él.
“Están librando una guerra”, dijo Falko Ernst, analista de la firma International Crisis Group. “Hay recursos llegando a ambos lados que mantendrán el derramamiento de sangre en el futuro”.
Según Sophia Huett, comisionada de seguridad de Guanajuato, el 85% de los homicidios cometidos en el estado están vinculados al crimen organizado.
Los enfrentamientos entre grupos criminales han empeorado en el último año desde que la administración de López Obrador tomó medidas para evitar el robo de combustible de los ductos de la estatal Pemex, dijo Huett. “Con menor producto, la lucha se hace más encarnizada, o más violenta”.
Con un valor estimado de hasta 3,000 millones de dólares al año a nivel nacional antes de la intervención del gobierno, los ingresos procedentes del robo de combustible propiciaron el ascenso de Santa Rosa y son codiciados por el CJNG, cuyo auge se basó en el narcotráfico.
Con un tercio de los ductos de Pemex atravesando Guanajuato, el estado se ha convertido en un campo de batalla para el control del comercio ilícito.
El CJNG puede permitirse enviar rápidamente nuevos reclutas dada su presencia no solo en Jalisco, sino también en otros estados cercanos.
“Trabaja de alguna forma como franquicia”, dijo Huett. “Tienes dos de Jalisco aquí un día y al día siguiente se envían otro dos”, añadió.
En su condición de recién llegado a Guanajuato, el CJNG ha luchado para competir con las raíces locales de Santa Rosa y la ayuda que recibe de los delincuentes y funcionarios locales.
En lugar de eso, debe confiar en su poder de fuego.
“Va a disputar pulgada por pulgada por el territorio nacional, no con base social, sino con violencia y con recursos económicos”, dijo el consultor de seguridad Juan Miguel Alcántara, quien fue subprocurador en el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
Para Alcántara, la falta de resolución del gobierno de López Obrador ha alentado a los cárteles en Guanajuato a actuar con mayor descaro debido a una sensación de impunidad.
Al menos dos veces el mes pasado, hombres armados en una parte de Guanajuato dominada por el grupo de Santa Rosa bloquearon carreteras con autos en llamas y dispararon a la policía, lo que generó dudas sobre si el violento líder de la pandilla, José “El Marro” Yépez, estaba tomando represalias contra las autoridades que lo acechaban a él y a su familia.
Los incidentes paralizaron partes de Guanajuato durante horas, recordando la muestra de poder del cártel de Sinaloa cuando envió hombres armados para asolar la ciudad norteña de Culiacán el año pasado, obligando a las fuerzas de seguridad a liberar al hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien había sido capturado horas antes.
López Obrador dijo después del incidente en Culiacán que lo liberó porque era más importante evitar la muerte masiva de ciudadanos.
“Ellos ya vieron que en Sinaloa le funcionó (…) así que tratan de hacer lo mismo acá,” dijo Alcántara. “Saben que va a pasar lo mismo, que van a doblar a las autoridades”, destacó. (Reporte de Daina Solomon. Traducido por Raúl Cortés Fernández, editado por Adriana Barrera)
