• Inaceptable, que funcionarios de la entonces CORETT, crearán contratos y convenios de empresas a modo, para articular de manera cautelosa diversos fraudes, disfrazados de legalidad, señalan Celestina Castillo y Verónica Collado
Palacio Legislativo 20-07-2023 (Notilegis).- Las diputadas de Morena Celestina Castillo Secundino y Verónica Collado respaldaron a habitantes del ejido de San Mateo Oxtotitlán, en Toluca, Estado de México, quienes acusan abusos y actos de corrupción por parte de las autoridades y empresas privadas, para obtener la certeza jurídica sobre su patrimonio.
En conferencia de prensa, Celestina Castillo solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Fiscalía General de la República atraigan el caso para que analicen y conforme a derecho emitan su sentencia.
Llamó a todas las instituciones y funcionarios ejerzan su cargo con dignidad y respeto para evitar abusos y fraudes, no faltarle al respeto a su cargo y al pueblo que le dio su respaldo.
Verónica Collado Crisolia sostuvo que la corrupción es un mal que destruye a la sociedad, sus efectos lastiman notablemente a la democracia, violentan los derechos humanos y atentan contra el patrimonio, la libertad e incluso la vida de los ciudadanos, por lo que externó su respaldo a los habitantes de este ejido. “Desde la Cuarta Transformación decimos cero tolerancia a la corrupción y a los corruptos”.
Reprobó que representantes de la entonces Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT) crearan una serie de actos y artimañas para hacer que el ejido se comprometiera, ocasionando un desfalco por más de 40 millones de pesos y dónde servidores públicos obtuvieron jugosas ganancias millonarias a costa del pueblo.
“Es inaceptable que servidores públicos busquen hacerse de riquezas aprovechándose de las necesidades del ciudadano, en ese caso es evidente la pericia de los viejos gobiernos de hacer sus estafas maestras, a costa de los más pobres, lucrando con la necesidad de la gente, aprovechándose de los habitantes del pueblo de San Mateo Oxtotitlán para obtener la certeza jurídica sobre el patrimonio de su vivienda”, aseveró.
Además, la diputada Collado Crisolia subrayó que esos de funcionarios de CORETT no solamente estafaron a la comunidad, sino que, en conjunto con algunos prestanombres, crearon contratos y convenios de empresas a modo, para articular de manera cautelosa diversos fraudes, disfrazados de legalidad, que tenían como objetivo obligar a la asamblea de San Mateo Oxtotitlán a pagar cantidades millonarias por incumplimiento de contratos.
“Este tipo de actos no debe ni puede quedar impune, considero importante solicitar la intervención de la Fiscalía General de la República para que investigue el asunto, a los servidores públicos involucrados y en caso de contar con elementos de la comisión de un hecho delictivo, se ejerza la acción penal en contra quién o quienes resulten responsables”.
Asimismo, es importante que la SCJN atraiga el expediente 465/2023 para analizar el tema de fondo y determinar lo que jurídicamente corresponde”, asentó.
El abogado Juan Gabriel Jaime denunció que existe una cadena de actos de corrupción desde el 2014 en contra del ejido San Mateo Oxtotitlán por parte de funcionarios públicos de la extinta Comisión Nacional para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT), la cual invitó a regularizar 120 hectáreas del ejido.
“A espaldas de la asamblea general o de todos los integrantes del núcleo agrario, engañaron a las autoridades ejidales, a los representantes legales para que firmaran convenios con empresas privadas, dos de ellas, al paso del tiempo nos dimos cuenta que eran fantasmas y después se detectó esta serie de convenios que se firmaron con estas empresas privadas y se dieron por terminados los convenios que en ese momento se daban a conocer”.
Además, una de esas empresas ya había demandado al ejido e incluso tenía una sentencia por parte de un juez del fuero común, en Toluca; las otras empresas fantasma también iniciaron un juicio que terminó en condena por las autoridades.
En ese sentido, demandó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para dar solución a este caso
