• La diputada del PAN refiere que están relacionadas con la compra realizada con recursos federales por el gobierno de Quintana Roo a la empresa “ROMEDIC, S.A. de C.V.», cuyo dueño es Jorge Almícar Olán Aparicio, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente de México
Palacio Legislativo, 11-12-2023 (Notilegis).- La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) informó que presentó este lunes denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que investiguen y aclaren presuntas irregularidades cometidas en la asignación de recursos relacionados con la adquisición de medicamentos y materiales de curación.
En un comunicado refirió que las denuncias están relacionadas con la compra de material de curación y medicamentos con recursos federales realizada por el gobierno del estado de Quintana Roo a la empresa “ROMEDIC, S.A. de C.V.”, cuyo dueño es Jorge Almícar Olán Aparicio, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente de México, hechos referidos en el reportaje denominado “El Clan” del periodista Mario Gutiérrez Vega, difundido por Latinus.
Pérez-Jaén Zermeño refirió que de acuerdo con el citado reportaje, el Gobierno de Quintana Roo y la empresa “ROMEDIC, S.A. de C.V.” celebraron un contrato para la adquisición de material de curación y medicamentos para las unidades médicas de primero y segundo nivel, por un monto total de poco más de 304 millones de pesos.
«Dicho contrato tuvo una vigencia del 27 de diciembre del 2022 al 30 de diciembre del 2022, sólo cuatro días para la distribución de material de curación para 11 unidades médicas de primero y segundo nivel», añadió.
Señaló que el contrato se cuestiona por la estrecha relación de Jorge Amílcar Olán Aparicio con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente de la República, y explicó que ROMEDIC, S.A. de C.V. es una empresa de reciente creación constituida el 23 de enero de 2020 y, desde este año, ya le han sido otorgados contratos multimillonarios.
«Desde el 21 de diciembre del 2022 se encontraba boletinada por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) al no reunir los requisitos de seguridad para el manejo de medicamentos.
“El contrato, objeto de la denuncia, tuvo un período de ejecución de tan solo cuatro días, del 27 de diciembre al 30 de diciembre del 2022, en los que había que distribuir los materiales y medicamentos controlados y no controlados para 11 unidades médicas de primero y segundo nivel; cuenta con un domicilio en el estado de Tabasco, cuyas instalaciones corresponden a una negociación ajena al giro de la empresa (tienda de azulejos), ambas pertenecientes a Jorge Amílcar Olán Aparicio», detalló.
Pérez-Jaén Zermeño resaltó que un tema importante es que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) transfirió recursos al estado por la cantidad de 350 millones de pesos, mismos que sirvieron para realizar la contratación.
Agregó que en el reportaje se reproducen grabaciones en las que se advierte que Jorge Amílcar Olán Aparicio realiza contrataciones con el gobierno estableciendo sus condiciones, presumiendo vínculos con el secretario de Finanzas del gobierno del estado de Quintana Roo, de nombre Eugenio Segura Vázquez, -apodado “Gino”- y supone que esperaban cerrar contratos por 500 millones en ese año (2022) e incluso más posibilidades de contratos.
«La nota afirma que “ROMEDIC, S.A. de C.V.” en 2021 obtuvo contratos por 73 millones de pesos, y que al finalizar el año 2022 obtuvo un contrato de $304,578,952 millones de pesos», agregó.
Pérez-Jaén confirmó en sus indagaciones los datos aportados en la investigación periodística en cuanto a la contratación de “ROMEDIC, S.A. de C.V.”, con el Gobierno de Quintana Roo, y abundó en la misma, logrando detectar compras por la misma empresa con el Gobierno de Tabasco obteniendo contratos con recursos tanto federales como estatales cuando era gobernador Adán Augusto López, por un total de 311,250,302.33 millones de pesos.
Inquirió que “ROMEDIC, S.A. de C.V.”, tiene un claro esquema de contrataciones fuera del marco normativo; «resultan el punto de partida para la distribución de recursos ocultos a beneficiarios finales, que no se ven a simple vista por un elaborado diseño de operación concertada de diferentes actores en los procedimientos para obtener recursos ilegítimos, o lavado de dinero, que es hasta donde tienen que llegar las investigaciones».
Finalmente, la legisladora panista aseguró que tales operaciones tienen que ser investigadas exhaustivamente, ante la posibilidad de la existencia de delitos por hechos irregulares, hasta esclarecer el involucramiento de todos los que participaron en estos procedimientos de compra, sean servidores públicos estatales o federales e inclusive la participación de uno o dos o de todos los hijos del Presidente, pues por su mecánica, deben haber participado personas de las más altas esferas del gobierno.
«O como una vez diría el Presidente de la República: todos los grandes negocios que se hacen al amparo del gobierno, no se podrían realizar sin el visto bueno del Presidente», citó.
Concluyó que, por lo que respecta a la FGR, ya está hecha la denuncia para que «esta institución no tenga pretexto e inicie la investigación en el rastreo del dinero saldrán los beneficiarios finales y todo apunta a que dentro de ellos estará el hijo del presidente.
«Basta de evasivas, del ‘no somos iguales’. Demuéstrelo, señor Presidente, demuestre que no son iguales, deje que investiguen a su hijo, a sus parientes, a sus amigos y a todos los nuevos ricos que se han beneficiado de las contrataciones de su gobierno», remató.
