Para entender el presente y futuro inmediato del país, es necesario mantener vivos los recuentos que informarán nuestra memoria, que darán consistencia a los escenarios y que justificarán las propuestas. Es ese el sentido de la presente nota.
Respecto a la inseguridad…
- Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2023, cifras oficiales dan cuenta de, al menos, 168 mil asesinatos, para un promedio de 92 asesinatos diarios. A pesar de subregistros usualmente mayores al 90%, principalmente por falta de denuncia y probables manipulaciones, se han reportado un millón 232 mil casos de violencia familiar, más de 48 mil extorsiones, 5,101 secuestros y 3,957 casos de trata de personas.
- En nuestro estudio “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos” se da cuenta que, de enero de 2020 a noviembre de 2023, se han registrado, al menos, 22,920 atrocidades, entre las que destacan, al menos: 5,566 casos de tortura, 2,951 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 2,475 fosas clandestinas y 2,121 masacres.
- En nuestro estudio sobre policías asesinados se da cuenta del asesinato de más de un policía en promedio cada día. En el actual sexenio han asesinado al menos a 2,214.
- De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, recientemente alterado por el gobierno federal para ocultar la realidad, se han acumulado 122,471 registros de personas desaparecidas.
Respecto al Sistema Nacional de Seguridad Pública y la militarización del país…
- El Sistema Nacional de Seguridad Pública está colapsado y no se utiliza ninguno de sus mecanismos para promover el desarrollo policial, ministerial y del sistema penitenciario.
- A pesar de la ineficacia de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, la militarización del país avanza. Causa en Común coordina el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización, el cual da cuenta de los incrementos presupuestales a las Fuerzas Armadas, además de otras partidas presupuestales de instituciones ahora bajo control militar, fideicomisos, subsidios, obras y negocios varios. La derrama y el derroche económico hacia las Fuerzas Armadas ha ido en detrimento de las policías del país (como lo acreditan la eliminación del subsidio federal de apoyo a municipios y el estancamiento del fondo de apoyo a los estados) y en detrimento del resto de la administración pública federal.
- Más allá del aspecto económico, el Observatorio también ha dado cuenta, entre otros aspectos, de las diferentes funciones civiles que les han sido asignadas a las Fuerzas Armadas, como son, además de la seguridad pública, la contención migratoria, el manejo de puertos y aeropuertos, la administración de una línea aérea, la obra y administración de ferrocarriles, el control de las aduanas, o la construcción y manejo de sucursales bancarias, entre otras.
Respecto a la injusticia…
- No hay ningún esfuerzo para desarrollar la capacidad de investigación de las fiscalías y la Fiscalía General de la República, que debería ser ejemplo, está subordinada sin disimulo al Ejecutivo, y con un desempeño lamentable en términos de eficiencia y eficacia.
- La población carcelaria continúa aumentando con base en la arbitrariedad de la prisión automática para diversos delitos, al tiempo que disminuye la capacidad carcelaria, con el cierre de penales federales y el abandono del sistema penitenciario en su conjunto.
Respecto al asalto contra la democracia…
- Central para la destrucción del aparato de justicia, pero también medular en el objetivo de acabar con la democracia mexicana, el Ejecutivo y sus aliados han arreciado los ataques contra el Poder Judicial, incluyendo recortes presupuestales, amenazas reiteradas a ministros y a jueces, y el nombramiento de una ministra sin preparación técnica y con una definición de sabotaje contra la Suprema Corte. Ya se anunció un golpe legislativo para eliminar la independencia judicial mediante mecanismos de selección de índole pseudo electoral, controlados por los grupos políticos asociados a MORENA.
- Arreció la andanada contra los Órganos Constitucionales Autónomos. Destacan la captura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los ataques al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las maniobras para debilitar al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, la reducción generalizada de presupuestos y el anuncio de una contrarreforma para desaparecer, además del INAI, también a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Reguladora de Energía.
Ante este panorama, proponemos:
- Diseñar e implantar, con carácter de emergencia, una estrategia económica y social, integral y de largo plazo, para rescatar a los municipios más afectados por la violencia. Debe complementarse con campañas masivas de educación y sensibilización en favor de la legalidad, la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género.
- Promover un pacto político nacional enfocado a rescatar al Sistema Nacional de Seguridad Pública para rescatar a su vez a las policías, las fiscalías y los penales, a partir de rutas técnicas para su desarrollo y homologación en los tres ámbitos de gobierno.
- Promover una reforma que relegue la prisión automática a una medida excepcional.
- Promover la despenalización inmediata de la mariguana y avanzar en la despenalización de otras drogas.
- Emprender acciones contundentes en las fronteras para reducir el tráfico de armas hacia nuestro país.
- Emprender acciones operativas contundentes contra las principales organizaciones criminales.
- Crear un cuerpo policial civil a nivel federal como lo mandata la Constitución, con altas capacidades de investigación.
- Definir un plan para la concentración de las Fuerzas Armadas en sus funciones constitucionales.
- Convocar a un pacto emergente de fuerzas políticas y ciudadanas para la defensa de nuestra democracia, enfocado en lo inmediato a detener el ataque legislativo a los organismos autónomos, a la defensa prioritaria del Instituto y Tribunal Electorales, y a cerrar filas en torno a la autonomía del Poder Judicial.
