La población privada de libertad y todas las autoridades dentro de los centros, federales o estatales, a lo largo del país, se encuentran en un estado de vulnerabilidad acrecentado ante la amenaza de Covid-19. Desde que comenzó el brote hasta la fecha, sin embargo, las autoridades tanto jurisdiccionales como gubernamentales han mantenido al margen de prioridad a dicha población de la cual son responsables.
Como organismo de la sociedad civil, ASILEGAL insta a las autoridades competentes a no caer en los errores que ya han sido señalados con respecto al trato que la situación demanda con las personas privadas de libertad. Lamentablemente, ya se presentó el primer caso de un motín derivado de la cancelación de visitas y limitación de derechos en Guanajuato, donde se calculan, por lo menos, 6 lesionados. Y, de acuerdo al reportaje televisado de Telediario Canal 6, a su vez, una riña se desarrolló fuera y dentro del CRS de Cuautitlán, como consecuencia del traslado de 33 hombres posiblemente infectados y 77 mujeres sin infección con poco o nulo aviso de antemano. Se avecina una crisis penitenciaria de un potencial catastrófico, tanto desde el punto de vista de contagios como de motines, el cual, además, parece alentar a las autoridades a actuar en retroceso en materia de prevención y derechos humanos.
La reducción de espacios de visita no es más que una medida temporal que, de fondo, no terminará por contener ni evitar que los contagios dentro de los CRS del país sucedan. Los primeros casos, en Cuautitlán, donde al menos 4 personas privadas de libertad y un custodio fueron infectados; así como en Mérida, donde se reportó que una persona privada de libertad contrajo el virus, son la muestra de esta realidad.
Conforme el aislamiento y los contagios avanzan a lo largo del país es necesario que las y los jueces de ejecución penal, tienen la labor titánica de cumplir con su deber como garantes de derechos a la población privada de libertad que, además, nadie más tiene. Dentro de sus facultades recae la despresurización de los centros penitenciarios antes de que la crisis se convierta en una tragedia de dimensiones que será difícil o imposible recuperarse en un futuro cercano.
La amenaza extraordinaria de la pandemia global del Covid-19, de seguir bajo la idea de que con restricción de visitas y derechos será resuelta para el sistema penitenciario está íntimamente equivocada. Cuautitlán y Mérida son los primeros, pero sin la acción de las y los jueces de ejecución penal, será imposible contener los motines, contagios y muertes que se avecinan.
ATENTAMENTE
ASISTENCIA LEGAL POR LOS DERECHOS HUMANOS AC ASILEGAL
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