- En caso de una indemnización resarcitoria del ámbito municipal el TRIJAEM deberá dar vista a la presidencia municipal o a la Tesorería.
- Se busca que los recursos afectados se reintegren de inmediato a las arcas públicas municipales: Jaime Cervantes.
Agilizar los procedimientos para que los recursos públicos afectados por daños al erario público de los ayuntamientos sean recuperados e integrados de forma inmediata a hacienda pública municipal, son propósitos de la iniciativa de reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, impulsada por el diputado Jaime Cervantes Sánchez (PRI).
Para ello, en sesión deliberante, el legislador Jaime Cervantes propuso que en el caso de que se imponga una indemnización resarcitoria o sanción económica al responsable de daños al erario, cuando se trate del gobierno estatal, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) dará vista a la Secretaría de Finanzas, y cuando se trate del servicio público municipal, dará vista al superior jerárquico, entendido como el presidente municipal y/o la tesorería.
De acuerdo con la iniciativa, una vez que haya causado ejecutoria la sentencia que determina la plena responsabilidad de una persona servidora pública por faltas administrativas graves, el Tribunal, de oficio y sin demora, girará oficio por el que notificará la sentencia respectiva, así como sus puntos resolutivos para su cumplimiento.
Cuando el servidor público haya sido suspendido, destituido o inhabilitado, se dará vista a su superior jerárquico y a la Secretaría de la Contraloría y cuando se haya impuesto una indemnización resarcitoria o sanción económica al responsable, se dará vista a la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal.
Explicó que por superior jerárquico en el ámbito municipal, se entiende, al presidente municipal, quien toma conocimiento y ejecuta la sanción impuesta por faltas administrativas graves a servidores públicos, por parte del TRIJAEM. No obstante, abunda, esto debe quedar claro y explícito en la norma, dado que el sistema jurídico mexicano y particularmente el marco legal de la entidad, debe ser armónico administrativamente. La propuesta será analizada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
