- Se trata de precisar la injerencia del Estado en la protección de los derechos de todas y cada una de las personas.
- Proponen integrar un Comité Municipal para la Regularización de Bienes Inmuebles.
El Congreso mexiquense analizará la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México a fin de precisar que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá de garantizar, entre otros temas, la injerencia del Estado en la protección de los derechos de cada persona en caso de desastres o catástrofes naturales.
Remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la iniciativa reconoce que aun cuando no puede impedirse que un fenómeno natural ocurra, sí pueden eliminarse o mitigarse al máximo los daños previsibles que puede generar en las personas.
Por ello, también establece la atribución de la citada dependencia de llevar a cabo acciones preventivas, de atención y de cuidado inmediato, además de los procesos de recuperación en desastres o catástrofes naturales.
Ayuntamientos deberán registrar la totalidad de bienes inmuebles de su patrimonio
Regular los bienes inmuebles municipales mediante un registro interno para el control, posesión, uso y aprovechamiento de los bienes de dominio y uso público, es el propósito de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México a fin de que cada municipio tenga un mayor control de sus bienes, regularizando su propiedad.
Para ello, propone que los ayuntamientos integren dentro de los primeros 90 días de gestión un Comité Municipal para la Regularización de Bienes Inmuebles, el cual deberá integrar, revisar y actualizar el libro especial de bienes muebles e inmuebles; informar al cabildo el Estado jurídico que guarden; realizar las obligaciones necesarias para la regularización de los bienes inmuebles que no se encuentren en propiedad y realizar la recuperación de los bienes inmuebles, entre otras acciones. La reforma pretende asegurar la protección de los bienes de dominio público y desalentar conductas lesivas al patrimonio municipal, consistentes en la explotación y disfrute de los bienes.
La iniciativa fue remitida a dictamen de las comisiones de Legislación y Administración Municipal y Patrimonio Estatal y Municipal.
