- Se remitió al Senado para sus efectos constitucionales
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, para establecer las bases sobre las cuales la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, coordinarán sus acciones en la materia.
El documento, que abroga la Ley General de Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, fue avalado en lo general por 242 votos a favor, 204 en contra y cero abstenciones, y en lo particular recibió 245 votos a favor, 205 en contra y cero abstenciones.
Indica que corresponderá al Estado, por conducto de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, la organización e instrumentación de la política pública de la protección civil y gestión del riesgo de desastres.
Los desastres derivados de las amenazas antrópicas, añade, no se cubrirán con recursos presupuestarios para la gestión de riesgos; su atención se sujetará a las disposiciones jurídicas federales y locales aplicables en materia de responsabilidad civil.
Puntualiza que los medios de comunicación masiva, electrónicos y escritos, públicos y privados, al formar parte del Sistema Nacional de Protección Civil, colaborarán con las autoridades con apego a los convenios que se concreten sobre el particular, orientando y difundiendo oportuna y verazmente información en materia de protección civil.
Determina que el Sistema Nacional de Protección Civil será un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades paraestatales entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, las entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales, a fin de efectuar acciones coordinadas en materia de protección civil.
El Comité Nacional de Emergencias será la instancia de coordinación de las acciones en situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de amenazas que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno. Las entidades federativas deberán contar con centros de estudio y capacitación en materia de protección civil y gestión del riesgo de desastres.
Además, las entidades federativas deberán prever recursos en sus presupuestos de egresos para atender a la población en situación de emergencia y, en su caso, la infraestructura pública estatal que hubiera quedado afectada por la ocurrencia de una o más amenazas naturales.
Considera obligación y responsabilidad de los gobiernos de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales, conforme a su disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgo de desastre para la cobertura de daños causados por un desastre originado por amenazas naturales.
Avalado en lo general y en lo particular, el dictamen se canalizó al Senado para sus efectos constitucionales.
Generar un mecanismo eficaz
En la fundamentación, el diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza (Morena) expresó que el 3 de octubre de 2023 el titular del Ejecutivo remitió la iniciativa para expedir esta ley, la cual responde a las necesidades de implementar políticas que coordinen los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil y gestión del riesgo, generando mecanismos eficaces y acordes a los principios de honestidad, honradez y austeridad.
Indicó que aporta al fortalecimiento de la política de protección civil por medio de un marco normativo sólido que reconozca la necesidad de transitar de una atención reactiva a una atención y enfoque predominantemente preventivo en materia de protección civil, enmarcándola en la gestión del riesgo de desastre. Pone por delante la salvaguarda de la vida humana y construye su marco de actuación a través de la gestión de riesgo de desastre.
Además, dijo, la ley vigente provocó la formación de grandes vicios, como la dependencia entre las entidades federativas de los recursos provenientes del Ejecutivo Federal, y con el dictamen se busca erradicar por completo, ya que se establece que serán ellas quienes prevean los recursos para atender una situación de emergencia.
La reingeniería, destacó, permitiría una mejor comunicación y trabajo coordinado entre las entidades y la Federación, por medio de un mecanismo de transferencia de recursos. “La nueva ley está pensada en que los recursos sean ejecutados de manera coherente, evitando el desvío de los mismos. La Ley es clara, transparente y eficiente en el uso de los recursos; responde a las necesidades inmediatas de la prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción en caso de emergencias o desastres”.
Justificar cuánto recurso llegó de las entidades
En los posicionamientos, la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández (Morena) destacó que los gobiernos estatales deben ser los primeros en dar atención sobre protección civil y gestión del riesgo de desastres y crear políticas que establezcan mecanismos en temas de transparencia, eficacia, eficiencia y honradez.
Afirmó que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no se ha debilitado, sino que tiene más recursos y todo un sistema; por ello, queremos que la Ley proteja ese dinero al ser aprobada y se diga cómo se gasta, se justifique cuánto se ha gastado y cuánto llegó de las entidades federativas, “porque antes no tenían que justificarlo”.
Es una traición a la confianza y seguridad del pueblo
Del PAN, la diputada Ana María Balderas Trejo anunció que votarán en contra porque es una traición a la confianza y seguridad del pueblo, y no se puede permitir que una ley tan deficiente y negligente sea aprobada sin debate serio y responsable en el Congreso. “La propuesta viola el debido proceso legislativo y socava la legitimidad de cualquier ley que se apruebe de esta manera”.
Acción Nacional, precisó, reconoce la urgente necesidad de emitir una ley general; sin embargo, jamás estará de acuerdo en aprobar una norma que no fue estudiada, analizada y discutida debidamente. “Debemos trabajar juntos para garantizar que la población esté protegida y preparada para hacer frente a los desastres naturales”.
Se hace caso omiso a las voces de la sociedad
El diputado Rogelio Peña Salinas (PRI) señaló que el Gobierno Federal tiene la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas afectadas por desastres naturales, reciban asistencia y facilitar su recuperación, pero el nuevo ordenamiento señala que estados y municipios deben responsabilizarse de los daños ocasionados.
Aseguró que se presenta un dictamen que hace caso omiso a las voces de la sociedad; por ello, su grupo parlamentario no va a tolerar actos autoritarios y no pasará por alto la voluntad del pueblo mexicano. Estamos en contra porque no representa un futuro para la sociedad y se les está dejando en el abandono total ante la catástrofe.
Construir una cultura de la protección civil
Desde plataforma digital, la diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) resaltó que es claro que México es muy vulnerable a los desastres naturales y en ocasiones la protección civil solo importa cuando sucede algún desastre, pero superada la coyuntura se relega. Si bien se ha avanzado se debe hacer más.
Precisó que se tiene la responsabilidad de construir una cultura de la protección civil y fortalecer las capacidades para atender cualquier situación de desastres en el aspecto reactivo, así como crear una cultura de prevención como la que tiene Japón. “La protección civil no es un asunto menor ni de atención de emergencias sino de vidas humanas; por ello, el tema no puede ser rehén de posturas políticas”.
Atenta contra el principio de subsidiaridad
El diputado Álvaro Jiménez Canale (MC) adelantó que su grupo parlamentario no acompañará la propuesta porque atenta con el principio de subsidiaridad, solidaridad y ata a los municipios a rogarle a instancias estatales o federales apoyo económico. No se debe aceptar la idea de caridad gubernamental porque es irresponsable y no es correcto.
Mencionó que esposar las manos de los municipios a la fortuna de simpatías partidistas atenta contra la vida y patrimonio de los mexicanos. Dejar a ayuntamientos y gobiernos municipales a merced de instituciones de financiamiento privado y aseguradoras, dijo, es un paso peligroso para que organizaciones del crimen organizado se queden con lo que le pertenece al orden público.
El dictamen no fue analizado y trabajado en la Comisión
La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) consideró que el dictamen no fue analizado, estudiado y trabajado desde la Comisión de Protección Civil, y se pretende presentar algo que “no tiene ni pies ni cabeza”, pues les regresa a estados y municipios la responsabilidad absoluta de cuidar a las y los ciudadanos sin el acompañamiento de la Federación.
Añadió que la propuesta no establece un porcentaje de gasto programable para atender la prevención y atención de desastres naturales por parte de la Federación. “Hace falta fortalecer al país en materia de prevención, riesgos y protección civil, pero el de la imposición no es el camino correcto”.
Posturas a favor y en contra
La diputada Karla Verónica González Cruz (PAN) señaló que con esta legislación se va a desconcentrar el financiamiento hacia los estados y municipios obligándolos a prever recursos que no tienen y se va a centralizar la ayuda humanitaria a través de programas de gobierno con criterios pocos transparentes y con evidentes intereses políticos y no con una visión de gestión integral de riesgos.
Por Morena, la diputada Mónica Herrera Villavicencio dijo que el dictamen contribuye a incorporar la gestión del riesgo desde la planeación del desarrollo estatal mediante acciones enfocadas en la reducción de amenazas presentes para evitar riesgos futuros y propone la creación del Comité Nacional de Prevención como instancia de coordinación con carácter vinculatorio.
A su vez, Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, diputado del PRI, consideró que la ley no debe ser expedida porque además de deficiente y carente de consenso, viola el proceso legislativo y las buenas prácticas parlamentarias. México debe tener una ley de protección civil que permita construir un marco jurídico que haga frente a la situación de vulnerabilidad en la que vive.
La diputada Dionicia Vázquez García (PT) llamó a implementar este nuevo marco legal y garantizar un manejo del gasto público más transparente y eficiente. Es un avance para consolidar el sistema nacional de protección civil que el país necesita. “Afrontamos ese reto con dedicación, visión de Estado y para cumplir con las expectativas de la ciudadanía”.
Edna Gisel Díaz Acevedo, diputada del PRD, hizo notar que el dictamen dejó de lado la oportunidad de construir políticas públicas que pudieran priorizar la identificación y análisis de los riesgos; se centra en la atención de desastres, pero no en la prevención y desaparece definitivamente al Fonden. “De aprobarse, el país estaría condenado a padecer y sufrir cada desastre natural”.
La diputada de Morena, Martha Alicia Arreola Martínez destacó que la Ley fortalece la transparencia en la gestión de los recursos públicos, expide nuevas directrices para que las entidades federativas, los municipios y todas las demarcaciones territoriales tengan acceso a recursos presupuestarios en caso de que ocurra un desastre natural y el diseño de un nuevo esquema de financiamiento.
El diputado Óscar Gustavo Cárdenas Monroy (PRI) indicó que el dictamen limita la participación de los sectores social y privado a colaborar con la captación de donaciones en especie y su correcta distribución al establecer centros de acopio solamente autorizados. Si bien se establecen fondos de ayuda federal e instrumentos presupuestarios de gestión de riesgos, no se regulan con precisión y transparencia en la asignación y distribución.
Por Morena, la diputada Adriana Bustamante Castellanos anunció su voto a favor, ya que con el dictamen se elimina el uso indebido de los recursos, da atención pronta, oportuna y transparente y establece mecanismos de control eficaces para la fiscalización de los recursos y de los donativos, en donde las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno determinarán los criterios sobre el uso y destino de los mismos.
De MC, la diputada Olga Zulema Adams Pereyra precisó que van en contra porque la propuesta deja al Poder Ejecutivo como la única autoridad responsable en materia presupuestaria y de gestión de riesgos desplazando a los poderes locales, lo que limita la participación activa en la prevención de desastres.
El diputado Luis Edgardo Palacios Díaz (PVEM) indicó que con la expedición de este ordenamiento se podrá, entre otras cosas, circunscribir la protección civil a la política general de seguridad bajo un enfoque de gestión integral de riesgos y se garantizará el destino de los recursos para la atención de emergencias y desastres de manera oportuna y directa a quienes lo necesiten.
Por el PAN, la diputada Yesenia Galarza Castro expuso que esta ley no garantiza una efectiva coordinación en los tres órdenes de gobierno en la atención de los desastres naturales ni el gobierno asume su responsabilidad en atender sus efectos, dejando a las entidades la obligación de contar con los recursos necesario para hacerle frente.
El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) apuntó que el objetivo de la protección civil es salvaguardar a las personas ante la eventualidad de un desastre ocasionado por agentes naturales o humanos; por ello, hoy se brindan elementos para garantizar un correcto uso de los recursos destinados en los desastres naturales y establece bases de coordinación.
Desechan moción suspensiva
En votación económica, se desechó una moción suspensiva del diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara (PAN) para interrumpir la discusión del dictamen, al argumentar que presenta vicios evidentes al procedimiento legislativo, pues no se circuló formalmente, fue elaborado por integrantes y no por la Comisión, y se dieron de alta diputadas y diputados para aprobarlo y considerarlo como urgente.
La presidencia de la Mesa Directiva informó que el diputado Braulio López Ochoa Mijares (MC) solicitó que su moción suspensiva se remitiera al Diario de los Debates.
Discusión en lo particular
En la discusión en lo particular, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, MC, PRD y sin grupo parlamentario, hicieron propuestas de modificación, las cuales quedaron en términos del dictamen, al proemio del dictamen y al título de la Ley.
También a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 80 y 82, así como los artículos transitorios Cuarto, Octavo y Noveno, y la leyenda “Dado en el Palacio de San Lázaro, a 29 de febrero de 2024”.
