Jordi Oriola Folch
Cataluña, en 2017 celebró un referéndum de autodeterminación, pese a las agresiones de la policía española, y después de ganarlo, se declaró la independencia de Cataluña. A raíz de esto, el gobierno español que no había querido negociar nada previamente al referéndum, reprimió con dureza y encarceló a todos los políticos que pudo, con sentencias de 9 a 13 años de cárcel. El presidente Carles Puigdemont se exilió en Bélgica y no ha sido extraditado, en distintas ocasiones, ni por Bélgica, ni por Alemania, ni por Italia, porque no veían ningún delito que lo justificara.
Luego el PP perdió el gobierno español y lo tuvo el PSOE, pero siguió reprimiendo el movimiento pro-independencia de Cataluña. Hasta ahora hemos tenido en el gobierno de Cataluña un partido independentista, ERC que, traumatizado por la represión, no se ha atrevido a avanzar en el camino hacia la independencia. Mientras, Puigdemont ha sido elegido eurodiputado y ha denunciado España a los tribunales de la UE. Las sentencias están a punto de salir.
A partir de las nuevas elecciones españolas del 23 de julio de 2023, el PSOE ha necesitado los 7 votos de Junts (el partido de Puigdemont) para poder gobernar el estado y entonces ha tenido que cambiar la relación con Puigdemont y, de criticarlo e insultarlo, ha pasado a tener que negociar con él. Se ha aprobado una ley de amnistía y, en Ginebra, están negociando España y Cataluña, con la demanda de la parte catalana de encontrar la forma para que se pueda ejercer el derecho a la autodeterminación de Cataluña.
Hace una semana, se han convocado elecciones catalanas anticipadas para el 12 de mayo. Se presentarán 3 o 4 partidos independentistas, pero el 21 de marzo en el ayuntamiento de Elna (en la Cataluña Norte, actualmente dentro de Francia), Puigdemont ha dado una conferencia ante 1.400 personas para hacer un anuncio que revolucionará Cataluña: Puigdemont se presenta a las elecciones. Participará en la campaña por internet desde Bruselas porque, si pisara suelo español, sería detenido de inmediato, pero se ha comprometido que, si gana y puede ser investido presidente, volverá a Cataluña después de 7 años de exilio. Previsiblemente estará cubierto por la ley de amnistía, aunque los tribunales españoles seguramente encontrarán la forma de detenerle igualmente y esto generará un choque frontal entre la Judicatura y el pueblo de Cataluña.
El anuncio ha entusiasmado en Cataluña pues, en la posibilidad de su triunfo, no sólo se reconoce una actitud muy valiente por su parte, sino que también sería una restitución del presidente depuesto ilícitamente en 2017 por parte del gobierno español, lo que tendría un efecto de reparación colectiva para la sociedad catalana que está harta de la represión y el autoritarismo.
Este previsible conflicto ha encendido todas las alarmas en España que están en estado de choque y la prensa de Madrid no habla de otra cosa. Ven con miedo que la voluntad de Cataluña de decidir su futuro político vuelva a la primera línea de la actualidad y tengan que acabar aceptando su derecho a poder ejercer la autodeterminación.
