- Diputadas, diputados, funcionarios y especialistas destacan la importancia de reconocer los derechos de este sector
La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, presidida por la diputada Irma Juan Carlos (Morena), llevó a cabo el Foro de Diálogo Estatal “Autonomía y libertad indígena” en la ciudad de Oaxaca, con el objetivo de analizar las iniciativas constitucionales enviadas por el Ejecutivo Federal.
Reconocer derechos a pueblos indígenas y afromexicanos
La diputada Irma Juan Carlos expresó que con la aprobación de la reforma al artículo 2º constitucional los pueblos estarían reconocidos desde la Carta Magna, así como sus derechos fundamentales, los cuales “se nos han negado históricamente”.
Indicó que es un gran día para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, pues estos espacios no existían, pero en este momento histórico y de transformación “participamos de manera activa y directa para incidir en las políticas públicas y en la legislación”.
Este foro de diálogo nacional, mencionó, es un espacio acordado desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, pues es la cámara de origen de 20 iniciativas de reformas legales y constitucionales planteadas por el titular del Ejecutivo Federal, de las cuales 18 serán dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Oaxaca, afirmó, es un estado pluricultural, plurilingüe y pluriétnico; por ello, es necesario escuchar a cada uno de los ponentes para defender esta propuesta de reforma construida desde las comunidades, y en más de 100 foros de consulta que se realizaron a nivel nacional.
La reforma recoge las necesidades y demandas históricas de los pueblos indígenas, un pendiente que el Estado mexicano ha tenido desde los acuerdos de San Andrés Larráinzar, como es reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y, con ello, el derecho a la consulta libre, previa e informada y culturalmente adecuada, añadió.
Puntualizó que hoy se tiene este foro estatal y mañana será el foro regional que tiene que ver con la participación de todos los pueblos que conforman la tercera circunscripción plurinominal, en este caso los estados del sur-sureste del país.
El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) afirmó que la aprobación de esta reforma supone el fortalecimiento de la capacidad de goce y ejercicio de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre su territorio y recursos naturales, e implicaría un paso para que se respeten profundamente sus derechos y de las generaciones venideras.
Destacó la trascendencia de la reforma, por el reconocimiento constitucional de la personalidad de los pueblos y comunidades indígenas, y reflexionó sobre sus posibles consecuencias en materia de goce y disfrute de los recursos naturales y la titularidad de tierras, entre otras.
A nombre del Congreso de Oaxaca, el diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio López Sánchez (Morena), dio la bienvenida a las y los participantes, y precisó que este foro tiene por objeto promover el debate, análisis y socialización de las reformas constitucionales en materia indígena, porque el intercambio de ideas genera herramientas para construir argumentos.
Recordó que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos son parte fundamental de la nación mexicana, por lo que su reconocimiento como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio es respetar su identidad.
Participantes
Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, señaló que la reforma constitucional planteada por el Ejecutivo es de gran importancia, ya que propone el reconocimiento de los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público, lo cual tiene un impacto real en su calidad de vida.
Apuntó que estas modificaciones permitirán saldar la deuda histórica en los planes de justicia, al colocar como eje central la autonomía y la libertad, entendida en un plano individual, es decir a la dignidad de la persona; ambos elementos son piedras angulares en las que se construye un sistema jurídico estatal.
Larisa Ortiz Quintero, magistrada del Tribunal Superior Agrario, destacó que se trata de un momento histórico e importante porque se viene de una lucha de por lo menos 50 años en la que se ha insistido en la necesidad de reformar la realidad que viven los pueblos y comunidades indígenas.
Precisó que con esta reforma se reconoce al sujeto, lo que le permitirá ejercer plenamente sus derechos fundamentales, entre ellos la libre determinación a través de la autonomía, su personalidad jurídica con patrimonio propio y las prácticas de organización y trabajo gratuito en las comunidades.
Amparo Arias Rivas, magistrada de la Segunda Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, señaló que con la reforma al artículo 2º constitucional el Estado cumpliría con su obligación de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho y dar una reparación de deuda histórica.
Sin embargo, dijo que se debe adecuar la normatividad administrativa, a fin de colocar los presupuestos en los pueblos y comunidades para que sean considerados como entidades públicas y receptoras de los actos administrativos.
Luis Enrique Cordero Aguilar, magistrado de la Sala de Justicia Indígena y de la Quinta Sala Penal y del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, precisó que uno de los temas que se debe empujar en esta reforma es el del sistema de administración de justicia e incluir las justicias de los pueblos indígenas.
Señaló la importancia de incluir expresamente la jurisdicción indígena en la Constitución, para tener un desarrollo legislativo más robusto y que estas comunidades puedan defender sus derechos ante los tribunales en diferentes materias.
Berta Ruth Arreola Ruíz, secretaria de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades indígenas y Afromexicanas de Oaxaca, mencionó que la propuesta más importante es que a nivel constitucional se reconozca la personalidad jurídica de las comunidades y pueblos afrodescendientes.
Externó su deseo por que en estos foros se tomen las decisiones más acertadas para que la propuesta de reforma tenga éxito. “Tenemos que obrar con inteligencia y objetividad para que al finalizar estos foros se tome la ruta más asertiva para lograr el propósito”.
Xóchitl López Santiago, consejera nacional de Pueblos Indígenas, puntualizó que la reforma al artículo 2º constitucional plantea el reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Pidió respetar sus formas de gobierno, organización comunitaria y jurisdicción indígena, y que se reconozcan los derechos de las comunidades indígenas residentes y migrantes.
Propuso implementar una educación comunitaria, acceso efectivo a los servicios de salud, reconocer la medicina tradicional, preservar y desarrollar el patrimonio cultural, así como promover el uso y desarrollo de las lenguas.
María de los Ángeles Santiago Sánchez, representante de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), indicó que esta reforma permite reconocer a los indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, lo cual los confiere de plena personalidad y capacidad jurídica para ejercer una libre determinación y autonomía para dejar de ser consideradas entidades de interés público y, con ello, garantizar su derecho a la asignación y ejercicio directo del presupuesto.
El diputado local Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena), representante del Congreso de Chiapas, destacó la importancia de conservar las culturas indígenas y planteó construir centros educativos donde se imparta informática, medicina, economía, ingeniería, gramática y lingüística.
Pidió una política intercultural de largo plazo, que el Estado establezca compromisos claros y que cada año se dedique una semana nacional del pluralismo para que los pueblos y comunidades expongan sus propuestas y demandas.
