• Vivienda, pensiones, Poder Judicial, organismos públicos autónomos, entre los temas analizados
• Participan diputadas, diputados, sector gremial, especialistas y académicos
En el Foro Regional, como parte de los Diálogos Nacionales que organiza la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados para el debate de las iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el Ejecutivo Federal y otras de los grupos parlamentarios, diputadas, diputados, sector gremial, especialistas y académicos participaron en el “Diálogo por el Bienestar y Justicia”, realizado en el Congreso del Estado de México, ubicado en Toluca.
El diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) dijo que este foro pretende abordar temas como el bienestar humano, avanzar en la reducción de las desigualdades, asegurar una vida digna para las siguientes generaciones, promover sociedades justas y pacíficas, así como fortalecer el Estado de derecho. “Se deben abanderar las necesidades del pueblo de México y convertirlas en acciones de gobierno a favor de los que menos tienen”.
También de Morena, el diputado Javier Huerta Jurado celebró el encuentro para exteriorizar puntos de vista sobre las iniciativas en materia de justicia, mejorar el salario mínimo de las y los trabajadores y restituir el sistema de pensiones, con la finalidad de proteger los derechos de las y los mexicanos.
Carlos Madrazo Limón, diputado del PAN, expuso que la oposición no se opone a todo lo que establecen las iniciativas, ya que se reconoce que se necesita apoyar a la gente de forma adecuada y no tirando el dinero ni dádivas. “Hay mucho trabajo y esperemos llegar a acuerdos que beneficien al país; en el aspecto social que tanta falta hace a las y los mexicanos”.
Por el PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores destacó que las iniciativas van a cambiar el rostro de la nación y de la República, pues abordan cambios en los organismos autónomos, busca plasmar en la Constitución Política que los aumentos al salario no deberán estar nunca por debajo de la tasa de inflación, apoyar los programas sociales, así materializar el derecho a una vivienda digna y decorosa.
Del mismo grupo parlamentario, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso manifestó que se debe hacer todo lo necesario para beneficiar al país y cuidar los derechos de las y los mexicanos. “Hagamos juntos lo que nos toca y exíjanos, porque solo así se va a consolidar la democracia que se requiere. No se puede dar el bienestar sin justicia”.
La diputada de Morena, Olimpia Tamara Girón Hernández, pugnó por continuar con las reformas normativas que den bienestar a las y los mexicanos e hizo mención que la reforma al Poder Judicial requiere de un análisis específico, a fin de normar sobre impartición y procuración de justicia.
Por el Congreso del Estado de México, la diputada local Martha Elena Gallardo Vázquez (sin partido) argumentó que en las calles es donde se ven los efectos de los programas sociales, las becas y los apoyos que se otorgan, pues estos impactan a todos los sectores de la sociedad y comprometen a seguir trabajando en la construcción de ese México que se necesita.
Que derechos sociales trasciendan del papel a la realidad
Vladimir Hernández Villegas, exdiputado local del Congreso del Estado de México, consideró imperativo que los derechos sociales en México trasciendan del papel y se conviertan en una realidad palpable para la ciudadanía. Añadió que las políticas y programas deben estar bien diseñadas e implementadas, cuyo eje principal sea la progresividad, para garantizar los derechos fundamentales a la dignidad humana.
Mencionó que el paquete de reformas presentadas por el Ejecutivo Federal en materia de programas sociales destaca por reafirmar el derecho a la pensión de las personas adultas mayores y las que tienen alguna discapacidad. Es crucial, dijo, tener presente las limitaciones presupuestales que enfrentan las instituciones del Estado mexicano, ya que “si bien es cierto que los recursos son finitos, también la erradicación de la pobreza y la garantía de los derechos sociales son responsabilidades ineludibles del Estado mexicano”.
Preocupa iniciativa en materia de vivienda
El secretario general de la CROC, Isaías González Cuevas, externó su preocupación con la iniciativa en materia de vivienda, dado que el número de personas trabajadoras del país asciende a 62 millones, pero solamente 22.3 millones cotizan ante el Infonavit. Sobre la vivienda en renta, dijo que sería dinero particular, a diferencia de otras naciones que es público, e incluso se tuvo el programa de Arrendavit y fracasó porque se quiere tener casa propia.
Alertó que se pretenda que el Infonavit sea una institución gubernamental cuando el tripartismo ha demostrado éxito, pero hace falta autonomía de gestión. Pidió bajar de 1080 a 500 puntos el requisito para solicitar un crédito de vivienda. Lamentó que no se haya tomado en cuenta a la clase obrera y a los trabajadores.
Poder Judicial requiere de una reforma profunda
Adriana Aguilar Arias, investigadora del programa “Transparencia en la justicia” de México Evalúa, reconoció que el Poder Judicial requiere de una reforma profunda. La iniciativa presidencial plantea que las personas juzgadoras sean elegidas por voto popular y la sustitución de los consejos de las judicaturas estatales por dos entes, uno enfocado a labores administrativas y otro llamado tribunal de disciplina judicial, cuyos integrantes serían también por voto popular.
Dichas propuestas dirigidas a la justicia local, afirmó, son problemáticas, debido a que la designación de los funcionarios a través del voto popular politizaría los nombramientos y pone en mayor riesgo la independencia judicial. En cuanto al Tribunal de Disciplina, se podrían en riesgo la independencia del órgano y se arriesgarían las garantías procesales de las personas juzgadoras. Llamó a fortalecer a los poderes judiciales locales con un presupuesto suficiente, mayor independencia del órgano de control interno, y políticas anticorrupción.
Analizar por separado a los organismos públicos autónomos
El especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, Rodrigo Cervera Aguilar, argumentó que los organismos públicos autónomos son un mecanismo e instrumento para asegurar la eficiencia en el desempeño de una función especializada y no son para contraponerse al Poder Ejecutivo, pero deben ser evaluados periódicamente y conocerse el resultado de su gestión.
Alertó que éstos puedan estar expuestos a una serie de intereses y presiones particulares o públicas. Con estos organismos se busca garantizar la neutralidad ideológica, la imparcialidad y despolitización; de ahí que se necesitan mecanismos donde se privilegien perfiles independientes de los intereses partidista. “Hay que ver caso por caso de cada organismo”.
En materia de vivienda, se exhibe confusión e inconsistencias
Carlos Javier Gutiérrez Ruiz, director Sectorial Empresarial del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), indicó que las iniciativas en materia de vivienda y pensiones suprimen el derecho de los trabajadores sobre los ahorros de su propiedad, ya que evitan formar un patrimonio familiar y los orientan al gasto para renta de una casa en perjuicio de su pensión; no consideran el riesgo financiero para el fondo ni toman en cuenta la deteriorada capacidad operativa del instituto.
Añadió que se equivocan al proponer convertir al Infonavit como el responsable de un sistema de vivienda que hoy corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Se va a afectar a más de 70 millones de derechohabientes del Infonavit; de ahí que la iniciativa exhibe confusión, inconsistencias y carencia de un sustento financiero y operativo.
En total desacuerdo con la iniciativa en materia de pensiones
Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, dijo estar en total desacuerdo con la iniciativa en materia de pensiones. “De ninguna manera creemos que sea ayudarlos el utilizar los recursos de las y los trabajadores para resolver los problemas”.
Aplaudió el proceso de modernización y democratización del mundo de trabajo que se está dando, ya que es importante para las y los trabajadores, porque “en la medida que se fortalece el sindicalismo también la presencia de los trabajadores”; sin embargo, lamentó de dónde se quieren obtener recursos para crear el Fondo de pensiones para Bienestar.
Garantizar derecho y protección a la salud de las personas
El comisionado nacional de Salud Mental y Adicciones, Juan Manuel Quijada Gaytán, explicó que la iniciativa que plantea adicionar los artículos 4 y 5 de la Constitución Política en materia de protección a la salud por el uso de sustancias tóxicas, busca garantizar el derecho y protección a la salud de las personas, al prohibir la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señalen la ley.
Además, la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente como el uso ilícito del fentanilo, así como la industria, comercio, interior o exterior, trabajo, o cualquier otra actividad para la producción. “Permitir la libre circulación de estos productos implicaría un severo impacto en la salud de la población”.
