· Lo básico en las escuelas (agua entubada, luz, lavamanos y baños) sigue sin estar garantizado, menos aún el acceso a la tecnología, la conectividad y una infraestructura adecuada que permita a las y los estudiantes con discapacidad ejercer su derecho a aprender en la escuela.
Ciudad de México, 26 de abril 2024.- Garantizar lo básico en las escuelas de preescolar, primaria, secundaria y media superior para que las y los estudiantes cuenten con las condiciones mínimas indispensables para ejercer su derecho a aprender significaría una inversión de 51,932 millones de pesos, que equivale al 15.6% del costo total de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), el 1% del presupuesto estimado al cierre de 2024 para el Tren Maya y el 5% del presupuesto del INSABI de 2023.
De acuerdo con una estimación de Mexicanos Primero sobre la inversión en infraestructura para cubrir las necesidades indispensables de las escuelas públicas de preescolar a media superior, con esta inversión se podría llevar infraestructura a las 50,996 escuelas que no tienen baños independientes, 25,890 que carecen de electricidad, 54,662 sin agua potable y 42,474 sin lavamanos.
Además, dar mantenimiento durante un año al total de las 205,766 escuelas públicas en el país costaría 46,552 millones de pesos. Para construir rampas y barandales adaptados para estudiantes con discapacidad se necesitarían 157,617 millones de pesos adicionales.
Además, para que cada escuela cuente con al menos un salón de cómputo y mobiliario, se necesitan 165,700 millones de pesos, y se requeriría una inversión anual de 1,325 millones de pesos para servicio de internet y equipamiento satelital para las zonas rurales. Todo esto que significa lo mínimo en las escuelas suma 273,080 millones de pesos que equivalen al 0.8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Antes de cualquier otra promesa de campaña, como las que han hecho las candidatas y el candidato a la presidencia -como escuelas con jornada ampliada, nuevas preparatorias y universidades-, es indispensable resolver un rezago que afecta, todos los días, el bienestar de niñas y niños y el desarrollo de sus aprendizajes.
El presupuesto autorizado en 2024 para el programa de infraestructura del gobierno federal “La Escuela es Nuestra” fue de 27 mil 052 millones de pesos; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación ha realizado observaciones a este programa por haber hecho gastos sin control y no mostrar evidencia sobre las mejoras en las escuelas beneficiadas. “La Escuela es Nuestra” no cuenta con un diagnóstico de las condiciones de la infraestructura escolar, ya que desde la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa se dejaron de atender esas funciones.
En la escuela, la disponibilidad de servicios no solo es una necesidad básica, sino que implica contar con las condiciones para generar un ambiente seguro, higiénico y propicio para el aprendizaje. El Estado debe garantizar el derecho de las niñas, niños y jóvenes de estar, aprender y participar en las escuelas y esta obligación debe traducirse en la asignación de recursos suficientes y adecuados.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras los países miembros invierten en promedio 5.1% de su PIB en educación, México sólo destina el 4.5%, lo que nos coloca como uno de los países miembros que menos recursos invierte en el sector. Destaca también que México gasta 3,239 dólares anualmente por estudiante de tiempo completo comparado con los 12,647 dólares promedio de los países miembros de la OCDE.
La escuela va más allá de ser simplemente un espacio físico donde se transmiten conocimientos; es un entorno dinámico que fomenta el crecimiento cognitivo, emocional y social de los estudiantes, en el que la calidad de la infraestructura educativa tiene un impacto indiscutible sobre los aprendizajes de los estudiantes.
El análisis de la inversión para las escuelas públicas no solo es una cuestión de presupuesto, sino también de prioridades políticas y sociales. Necesitamos políticas educativas que garanticen el derecho a una educación de calidad para todas y todos, con una perspectiva de inclusión, de equidad y de igualdad de género para que niñas, niños y adolescentes ejerzan plenamente su derecho a aprender, sobre todo quienes se encuentran en situación de mayor rezago social.
