- La Coalición Sigamos Haciendo Historia denunció una serie delitos que se cometen en la Secretaría de Asistencia Social del Gobierno de Jalisco, donde se paga entre tres y cinco mil pesos a personas para condicionar su voto; Leonel Cota, delegado del CEN de Morena en Jalisco, exigió al gobernador sacar las manos del proceso y que sea congruente porque él denunció en 2018 las prácticas que ahora comete
Candelaria Ochoa, regidora de Guadalajara con licencia, interpuso una denuncia por delitos electorales ante las fiscalías Federal en el Estado de Jalisco y Especializada en Materia de Delitos Electorales tras la entrega masiva de apoyos en la Secretaría de Asistencia Social del Gobierno de Jalisco, con lo que condicionan el voto de la ciudadanía a unos días de la elección del 2 de junio.
La denuncia, explicó Ochoa Ávalos, en contra Fabiola Loya, secretaria del Sistema de Asistencia Social; Alejandro Hermosillo; Sandra Goretti Mora; Miriam Areli López; Daniel Alejandro Ortiz; y Daniel Robles de León, todo ellos servidores públicos en el área de asistencia social e involucrados en dichos actos delictivos.
Leonel Cota Montaño, delegado del CEN de Morena en Jalisco, censuró estos actos y exigió al gobernador Enrique Alfaro Ramírez que saque las manos del proceso electoral y que recuerde que durante su campaña de 2018 al Gobierno de Jalisco denunció los actos ilegales que él mismo replica hoy: “que sea congruente”, señaló.
Por su parte, Salvador Caro, coordinador metropolitano de la campaña de Claudia Delgadillo, hizo la denuncia pública tras acudir a la Secretaría de Asistencia Social del Gobierno de Jalisco y comprobar que en la dependencia se pagan diferentes cantidades a diversos ciudadanos con el fin de comprar su voto en las elecciones de este 2 de junio.
“Estoy profundamente indignado. Vengo de la Secretaría de Asistencia Social, particularmente de la Sub-Secretaría de Programas Sociales y vi la compra de voto por parte del gobierno y de Movimiento Ciudadano. Operando, llevando gente a recibir cinco mil o tres mil pesos”, explicó Caro Cabrera, quien mostró una serie de testimonios de personas que fueron grabadas en video, y quienes aceptaron el pago por parte de las autoridades.
Este ilícito, realizado ante los ojos de todo mundo en una dependencia gubernamental, es una muestra más de que el Gobierno de Jalisco tiene metidas las manos en el proceso electoral, con el fin de favorecer a los candidatos del partido naranja. Asimismo, es una muestra inequívoca de que quieren ganar a través de delitos y comprar la voluntad popular.
Las denuncias fueron presentadas en tiempo y forma, por lo que se espera que no haya dilación para atender este ilícito que contraviene la equidad en el proceso electoral y que amerita prisión oficiosa de acuerdo a los artículos 7, 9 y 11 de la Ley Electoral y el 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
