amadeopalliser@gmail.com
Ayer, 20 de agosto, se hizo público que el comisario de la policía nacional, jubilado el año pasado con todos los honores, Juan Fortuny de Pedro, de 66 años, había asesinado a su expareja y a su exesposa (con la que estaba en trámites de divorcio), en Rubí y Castellbisbal (ambas, localidades próximas a Barcelona), y que después se había suicidado; los cadáveres fueron encontrados por las respectivas hijas de las fallecidas, con el consiguiente trauma de por vida. A Pilar, madre de dos hijas de un anterior matrimonio, la descubrió una de esas hijas; a su esposa, una hija del propio matrimonio. La respuesta del gobierno central, además de decir que están consternados, se ha limitado a comentar que está analizando los trámites para retirarle las condecoraciones, y punto final. A continuación, traslado algunas elucubraciones y preguntas que me hago al respecto.
La expareja, Pilar, trabajadora del ayuntamiento de Rubí, había decidido romper su relación con Fortuny, por lo que le envió un mensaje diciéndole que pasase a recoger sus cosas y dejase las llaves, pues ella no estaría. Pero el ex-policía se presentó antes de la hora anunciada, para encontrarla; se desconoce si hubieron discusiones, pero los hechos fueron que el asesino la mató con una pistola privada legal (no la oficial, que entregó junto con la placa al jubilarse); y acto seguido, condujo su coche durante 10 minutos, para ir a casa de su exesposa, María Àngels, con la que había convivido 44 años, la mató y después se suicidó. Es decir, se desplazó, fríamente, para matarla.
Psicológicamente una persona puede tener un carácter patológico disociativo de personalidad múltiple, que le permita esconder, públicamente, su lado oscuro.
Pero, que una persona así, haya podido llegar a ser el número dos de la policía nacional en Catalunya, haya podido ir ascendiendo desde la escala básica, para llegar a liderar la unidad de intervención policial, y la unidad central de redes de inmigración y fronteras, hasta llegar a ser comisario principal, y jefe regional de operaciones desde 2019 hasta enero del 2023, que se jubiló, deja mucho que desear, en cuanto hace referencia a los debidos controles y análisis psicológicos precisos.
Que durante 44 años de servicio, no se hayan observado irregularidades, expresiones y actitudes machistas, y de falta de empatía, es difícil de entender. Y, de haberse observado, no es perdonable que siguiera ascendiendo, cuando debería haber sido sancionado y expulsado.
Con toda probabilidad, las dos mujeres asesinadas, y sus hijas, sí que debieron haber visto escenas repudiables, pero, claro, denunciar a un policía, máxime siendo de un alto cargo, frena e inhibe a cualquiera, pues es ir a perder, dada la desconfianza que genera la INjusticia que tenemos.
Igualmente, las policías compañeras del asesino hubieran encontrado el mismo rechazo y repudio, si lo hubieran denunciado a sus superiores, por lo que, en muchos casos, se ven sometidas a acoso y mobbing; y, por lo tanto, son víctimas a las que no se les puede exigir nada, solo faltaría victimizar más a las víctimas.
El abuso del poder y de la confianza juegan con todas las bazas en su poder, para violar las relaciones sociales y, con el tiempo, todo tipo de normas, al objeto de conseguir todos sus intereses.
Por todo ello, los cuerpos policiales deberían tener instalado un protocolo de control psicológico y psiquiátrico, suficientemente incorporado, para ir efectuando, periódicamente, controles a todos sus miembros, y, de forma especial, en los momentos previos a un ascenso, para detectar irregularidades.
Eso sería necesario, ya que esas personas armadas, deberían ser ejemplares y merecedoras de nuestra confianza. Deberían ser respetuosas con todas las normativas, sin la más mínima excepción; pues el poder es una ventaja que se tiene por encima de otras personas, a las que deben proteger. Y ese respeto requiere empatía, y, la primera muestra, es el dominio y utilización de la lengua de las personas que debe vigilar y proteger.
Los abusos de poder y de autoridad se basan en la jerarquía, y reflejan un conflicto de intereses (privado y público)
No es suficiente que el abuso de autoridad ya esté regulado por los artículos 45 a 48 del código penal militar (ley orgánica 14/2015)
Y es vergonzoso que, como toda respuesta, el gobierno de Pedro Sánchez, se limite a estudiar retirarle las condecoraciones, post mortem, vaya chiste más macabro. Y eso, en lugar de replantearse un mayor y efectivo control de todos los cuerpos armados.
Estamos cansados y hartos de ver a verdaderos déspotas en cargos de relevancia, los hemos visto en la empresa privada y también en la pública.
Y claro, en el reino español, el déspota número uno es el rey, que no está sujeto ni limitado por las leyes, pues se considera y le consideran por encima de ellas, como sabemos.
El carácter castellano, reflejado en la novela ‘Del rey abajo, ninguno’ (1651) de Francisco de Rojas Zorrilla (1607 – 1648), explica la confrontación del derecho divino de los reyes con sus siervos.
Esta novela está situada en el reinado de Alfonso XI de Castilla, que prepara el ataque a Algeciras, ayudado por el Conde de Orgaz y Don Mendo, el cual suplica de nuevo al rey que le haga caballero de la Banda.
En sus frecuentes visitas a sus nobles, el rey visita, disfrazado, a García del Castañar, acompañado de Don Mendo, ya con la Banda y Grande de España. Previamente, García había recibido una carta del conde de Orgaz, engañándole, pues le dice que el rey, disfrazado, es el de la banda roja.
Mendo corteja a Blanca, la esposa de García del Castañar; pero, rechazado, el noble trama vengarse con el marido.
García cree que Don Mendo es el propio rey, por lo que no se atreve a demandarle, pues reconoce que su honor es inferior al del rey mismo.
Cuando descubre el engaño, y se entera que no era el rey, mata a Don Mendo, ya que no hará ninguna excepción después del rey.
Como vemos, la picaresca, los engaños, el abuso de poder, etc., son consustanciales al carácter castellano. Como lo es el exceso de celo y veneración respecto a su rey.
Y así nos va, pues ese efecto de abuso de poder va en cascada, como vemos, hasta llegar al asesino Fortuny. Y eso es posible por el abuso de muchos escalones intermedios, que ‘saben’, que ‘conocen’, los mecanismos precisos para medrar, para ascender; y, para ello, reproducen y multiplican, fractalmente, los peores defectos, como vemos con el nepotismo de Salvador Illa (155) y, también, en las empresas públicas y privadas.
Por eso queremos una república catalana, laica y en la que no haya nadie por encima de la ley: de la ley abajo, todos; y mucho menos los jueces, que es otro de los colectivos españoles endogámicos, cerrados y exclusivistas, que reproducen todos los defectos mencionados y otros más, como sabemos.
