• Con las modificaciones a la Carta Magna se faculta a esta institución para investigar delitos, en el ámbito de su competencia
La Comisión Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución Política, para establecer que la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), formará parte de la Fuerza Armada permanente (Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada) y tendrá la facultad de investigación de delitos, en el ámbito de su competencia.
Las modificaciones a la Carta Magna se avalaron en lo general con 22 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, y en lo particular, con 22 votos en pro, 17 en contra y cero abstenciones. El dictamen se remitió a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales.
En proyecto de decreto, avalado en reunión semipresencial de la Comisión presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo (Morena), reforma los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política, y deriva de una iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo el pasado 5 de febrero y considera diversas iniciativas de diputadas y diputados.
Determina que la Federación “contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar y marino con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.
Indica que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir con los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Añade que las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil, y que corresponde a la secretaría del ramo de Seguridad Pública formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los programas, políticas y acciones respectivos.
Precisa que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
Por otra parte, se estipula que el Congreso tendrá la facultad para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.
Mientras que el Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se encargará de ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional que proponga el presidente de la República.
En cuanto a las facultades del Ejecutivo, estipula que éste podrá “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley”.
Señala que para ser presidente de la República o diputado se requiere no estar en servicio activo en el Ejército, Fuerza Aérea, Armada o Guardia Nacional. Para el caso de presidente, seis meses antes del día de la elección, y para el de diputado, 90 días.
Establece que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Además, en tiempo de paz ninguno de los elementos de las Fuerzas Armadas permanentes puede alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna.
Garantiza, además, que ningún extranjero podrá servir en la Fuerza Armada permanente, en tiempos de paz.
Hace notar que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que “tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”.
Indica que la ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, cuyos integrantes se regirán por su propia ley.
En los artículos transitorios se menciona que el personal militar y naval que integra la Guardia Nacional será reclasificado de la Fuerza Armada a la que pertenezca a dicha Guardia Nacional; la nueva patente o nombramiento se expedirá con la antigüedad que posea el interesado en su grado, conforme a la escala jerárquica del Ejército y Fuerza Aérea, adicionando su nueva especialidad. Deben respetarse en todo momento los derechos que posea el interesado en la Fuerza Armada de su origen.
La persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, que debe ostentar el grado de General de División de la Guardia Nacional en activo, será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Sedena.
En tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con la mencionada jerarquía, dicha designación recaerá en un General de División del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública.
El Ejecutivo Federal dispondrá lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quede adscrito a la secretaría del ramo Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos. El personal que pertenezca a los organismos especializados podrá continuar prestando sus servicios en la Guardia Nacional de manera temporal, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las secretarías de Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana.
Se transferirán a la Sedena los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará, bajo la adscripción de la secretaría del ramo de Seguridad Pública.
Conforme se queden vacantes las plazas de los integrantes de la extinta Policía Federal, la secretaría del ramo de Seguridad Pública, debe transferir los recursos presupuestales a la Sedena.
Por su parte, el personal naval que actualmente forma parte de la Guardia Nacional permanecerá integrado a ésta, conforme a la reclasificación señalada en el Transitorio Tercero del presente Decreto.
Intervenciones en pro y contra
Al iniciar la discusión, el diputado Hamlet García Almaguer, de Morena, manifestó su voto a favor del dictamen porque las reformas que plantea sobre la incorporación de la Guardia Nacional a las tareas de investigación influirán en la incidencia criminal para reducirla. Consideró que la seguridad pública es un reto que debe enfrentar el Estado en su conjunto, para lo cual es necesaria la coordinación entre ministerios públicos, policías y Guardia Nacional.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) señaló que México vive desde hace tres sexenios, incluyendo el que está por terminar, un problema grande de seguridad el cual se debe atender entre todos. “Es una lástima que no tuvimos un espacio en esta Legislatura para hablar profundamente de seguridad y cómo la Cámara de las y los Diputados puede contribuir en un proceso de paz”.
A su vez, el diputado Ismael Brito Mazariegos (Morena) planteó la importancia de lograr un acuerdo nacional en materia de seguridad pública que refleje cohesión para sacar adelante el tema. Expresó que las Fuerzas Armadas gozan de gran confianza entre la ciudadanía, por lo que se les debe dotar de facultades legales y constitucionales y que la Guardia Nacional sea policial, pero con participación efectiva de las Fuerzas Armadas “para respirar la tranquilidad que anhelamos”.
El diputado Jorge Triana Tena (PAN) dijo que están en contra de este nuevo intento por perfeccionar la militarización de las labores en materia de seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas. “No nos oponemos a que las Fuerzas Armadas participen en estas tareas, siempre y cuando cumplan con características como que las labores de estas fuerzas sean excepcionales, subordinadas, complementarias, reguladas y fiscalizadas; sin embargo, lo que se está proponiendo no cumple con ninguna de estas características”.
Del grupo parlamentario del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña se pronunció a favor del proyecto y dijo que es necesario tener un diálogo para fortalecer, retomar experiencias y enfrentar, como un solo cuerpo, como Estado, las dificultades en materia de seguridad pública y calificó de inaceptable que no se haya podido lograr la pacificación del país. Añadió que las reformas en este tema deben salir adelante para cumplir el compromiso con el pueblo de México. “Es un reto enorme y tenemos que alcanzarlo”, enfatizó.
De MC, el diputado Braulio López Ochoa Mijares indicó que lo que se quiere hacer es prácticamente militarizar y quitan el tema de que las Fuerzas Armadas no puedan participar en tareas de seguridad pública en tiempos de paz e inclusive mandatan a que se haga una ley al respecto. “Se opusieron a la militarización de Calderón, prometieron regresar a los militares a los cuarteles, pacificar este país, y nada de esto lo están cumpliendo”.
En la segunda ronda de participaciones, la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa (Morena) comentó que la seguridad requiere de una reforma integral respecto a la impartición de justicia y su procuración, donde los militares juegan un papel estratégico, de ahí la importancia de profesionalizar a la Guardia Nacional y ubicar la función que tiene los militares, a fin de desterrar la impunidad, por lo que pidió elevar la mira y dar un voto de confianza para que se puedan fortalecer sus instituciones.
La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) manifestó su voto en contra de proyecto porque pone al país al servicio del Ejército de manera permanente, le encomienda la perpetuidad de la seguridad pública y deja en manos de las Fuerzas Armadas la seguridad del país. El problema de que se apruebe, dijo, es que se aumentará el empoderamiento político y económico del Ejército, pues todos los recursos financieros y humanos con que cuenta la Guardia Nacional estarían bajo el control del Ejército, lo que representa, sólo en 2024, 70 mil millones de pesos.
El diputado Salvador Caro Cabrera (Morena) dijo que la presidenta electa adelantó que uno de los principales ejes en materia de seguridad sería fortalecer y consolidar la Guardia Nacional como parte de la Sedena y que su administración buscaría continuar con la reforma constitucional que hoy se discute, la cual permitiría que la Guardia se integrara para garantizar la seguridad pública y evitar la corrupción.
Leonel Godoy Rangel, diputado de Morena, dijo que con esta reforma se plantea un nuevo modelo de combate a la delincuencia en general y al crimen organizado en particular. Aclaró que las modificaciones establecen que las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil, además que la secretaría del ramo formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los respectivos programas, políticas y acciones.
De MC, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo dijo estar en contra porque no hay una evaluación de la actuación de la Guardia Nacional con el mando militar “que era el compromiso de 2019 cuando votamos para que existiera”. Además, no se ha apoyado con presupuesto a las policías locales. Mencionó que la tarea de seguridad es cada vez más complicada y requiere coordinación y capacitación con el Ejército, pero insistió en que una autoridad civil debe encabezar su administración.
Discusión en lo particular
En la discusión en lo particular, se aceptó la reserva presentada por el diputado Salvador Caro Cabrera (Morena), para reformar el párrafo décimo primero del artículo 21 para agregar el término “de los tres órdenes de gobierno”
De esta forma, con la propuesta de modificación se estipula que el Ministerio Público y las instituciones policiales “de los tres órdenes de gobierno”, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, se modificó el párrafo tercero del artículo 32 de la Constitución Política, para cambiar “Fuerzas Armadas Permanentes” por “Fuerza Armada Permanente”.
A favor de esta reserva se pronunció la diputada Flor Ivone Morales Miranda y el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, ambos de Morena, así como el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del PRI. En contra, el diputado Braulio López Ochoa Mijares (MC) y Jorge Triana Tena y Miguel Humberto Rodarte De Lara, ambos del PAN.
Previamente, las y los integrantes de la Comisión presentaron 21 reservas: ocho de MC, siete del PRI y seis del PAN, las cuales fueron presentas por las y los diputados Mario Alberto Rodríguez Carrillo y Braulio López Ochoa Mijares, de MC; Alma Carolina Viggiano Austria, Eduardo Zarzosa Sánchez, Laura Lorena Haro Ramírez, Marco Antonio Mendoza Bustamante y Cynthia Iliana López Castro, del PRI; por el PAN, Miguel Humberto Rodarte De Lara, René Figueroa Reyes y Héctor Saúl Téllez Hernández, mismas que fueron rechazadas.
