Dieciséis estados gobernados por republicanos presentaron una demanda el viernes para tratar de suspender un programa federal que podría dar una vía a la naturalización a casi medio millón de inmigrantes que están casados con ciudadanos estadounidenses pero no tienen un estatus migratorio legal.
La coalición presentó la demanda para detener el programa lanzado por el presidente Joe Biden en junio, con el argumento de que el gobierno pasó por alto al Congreso para crear un mecanismo de naturalización con “fines políticos flagrantes”.
“Esta acción incentiva la inmigración ilegal y dañará irreparablemente a los estados demandantes”, alega la querella presentada en la corte federal en Tyler, Texas.
Bajo el nuevo programa, que comenzó a recibir solicitudes el lunes, muchos cónyuges sin estatus legal pueden solicitar algo conocido como “permiso de permanencia temporal en el país”, el cual también les permite solicitar una tarjeta de residencia legal para inmigrantes y, a la postre, solicitar su naturalización.
Pero el programa ha resultado particularmente polémico en un año electoral en el que la inmigración ha sido uno de los temas principales, y muchos republicanos lo han criticado al afirmar que se trata básicamente de una forma de amnistía para personas que han violado la ley.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo el viernes en un comunicado que el plan “viola la Constitución y empeora activamente el desastre de inmigración ilegal que afecta a Texas y a nuestro país”.
En la demanda presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional, contra el secretario de la dependencia, Alejandro Mayorkas, y contra otros funcionarios del gobierno de Biden, se acusa a la agencia de tratar de conceder permisos “en masa” a cónyuges, lo cual es un abuso de autoridad, según los estados. Los estados también presentaron una moción para que el programa sea suspendido mientras se resuelve la demanda.
En una publicación en la red social X, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, indicó que su estado está impugnando la política vigente porque cree que el gobierno de Biden la “está utilizando ilegalmente de manera sistemática para promover su agenda de fronteras abiertas”.
La organización conservadora sin fines de lucro America First Legal, dirigida por Stephen Miller, exasesor del presidente Donald Trump, actúa como asesor legal en la demanda.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Mayra Alejandra, señaló que la agencia defenderá el programa Manteniendo a las Familias Juntas en los tribunales y que sigue procesando las solicitudes que ya se han presentado, así como aceptando nuevas solicitudes.
El programa “Manteniendo a las Familias Juntas se basa en una autoridad jurídica bien establecida, y su propósito —permitir a las familias de ciudadanos estadounidenses vivir sin miedo a ser separados— es coherente con los valores fundamentales estadounidenses”, dijo Alejandra.
El portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández, respondió a los republicanos que “jugaban a la política” y caracterizó la demanda como otra forma de separación familiar.
“Esta demanda busca obligar a los ciudadanos estadounidenses y sus familias, personas que han vivido en Estados Unidos durante más de 10 años, a seguir viviendo en las sombras”, dijo Fernández en un comunicado.
La organización bipartidista de inmigración y justicia penal FWD.us subrayó que el programa cumple con la ley y destacó el momento en que se entabló la demanda: cuando la vicepresidenta Kamala Harris aceptó la nominación demócrata a la presidencia.
“La única motivación detrás de esta demanda es la crueldad de separar familias y la política burda de esperar que un juez pueda cumplir las órdenes del movimiento antiinmigrante”, aseveró la organización en un comunicado.
Karen Tumlin, fundadora y directora del Justice Action Center, calificó la impugnación legal como “no sorprendente pero extremadamente decepcionante y cruel”.
“Sin embargo, es importante enfatizar que nada cambia por ahora y el proceso aún está abierto y aceptando solicitudes”, dijo.
Para poder adherirse al programa, los migrantes deben haber vivido continuamente en Estados Unidos durante al menos 10 años, no constituir una amenaza de seguridad ni tener antecedentes penales que los descalifiquen, además de haber contraído matrimonio con un ciudadano estadounidense a más tardar el 17 de junio, el día previo al anuncio del programa.
Los solicitantes deben pagar una cuota de 580 dólares para presentar su petición y llenar una larga solicitud, donde incluyan una explicación de por qué merecen un permiso humanitario, además de entregar una larga lista de documentos de apoyo que demuestren el tiempo que han permanecido en el país.
En caso de que reciban aprobación, los solicitantes tienen tres años para tramitar su residencia permanente. Durante ese periodo, pueden obtener un permiso para trabajar. El gobierno calcula que unas 500.000 personas podrían ser elegibles, además de cerca de 50.000 de sus hijos.
Antes de este programa, las personas que estaban sin autorización en Estados Unidos tenían muchas dificultades para obtener una tarjeta de residencia permanente después de contraer matrimonio con un ciudadano estadounidense. Se les puede pedir que vuelvan a su país de origen, a veces por años, y siempre enfrentan el riesgo de que no se les permita regresar a Estados Unidos.
La demanda sostiene que los estados serán los que asumirán la carga de migrantes adicionales que permanecerán en el país.
Texas, señala la querella, gasta decenas de millones de dólares cada año en un programa que proporciona seguro de salud para niños, incluidos los que se encuentran en el país de manera ilegal. Añade que el estado también gasta millones de dólares cada año “para una mayor vigilancia debido a que sus ciudadanos se ven afectados por un aumento de la delincuencia, el desempleo, el daño ambiental y el desorden social debido a la inmigración ilegal”.
Debido a que los beneficiarios del programa tendrán derecho a un permiso de trabajo, esos trabajadores adicionales “disminuirán los salarios de los residentes de Texas, afectando directamente al estado y a sus ciudadanos”, señala la demanda.
Evelyn Wiese, abogada de inmigración para el grupo Americans for Immigrant Justice, dijo que la demanda era un “ataque” a las familias con estatus mixto que han pasado años contribuyendo a sus comunidades en Estados Unidos.
“Tratar de separar a estas familias e impedirles que accedan a una vía para obtener un estatus legal en Estados Unidos es cruel y refleja el extremismo antiinmigrante”, señaló.
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La periodista de The Associated Press Rebecca Santana en Washington contribuyó a este despacho.
