Cada día en México se hacen 900 solicitudes del ámbito federal al INAI y se presentan 52 quejas porque el gobierno se niega a entregar información, 10 veces más que hace dos décadas. Este texto explora con datos el frágil equilibrio entre transparencia y poder que se dará con la desaparición del INAI.
- Mientras en el sexenio de Vicente Fox la ciudadanía promovió un promedio de 157 solicitudes diarias de acceso a la información y protección de datos, en el de López Obrador subió hasta 900 solicitudes diarias.
- En la administración de López Obrador, los recursos de revisión promovidos ante el INAI debido a la negativa de las instituciones federales para entregar información alcanzaron su máximo histórico con 113,610 casos, un incremento del 116.1% respecto al sexenio anterior.
- La Plataforma Nacional de Transparencia del INAI ha centralizado y optimizado la gestión de solicitudes a la federación, estados y municipios, consolidando más de un millón de trámites anuales y permitiendo un crecimiento promedio de 147% en la demanda ciudadana.
- Casos como Ayotzinapa y los contratos de vacunas COVID-19 ejemplifican cómo el INAI ha desclasificado información clave que, de otra manera, habría permanecido oculta bajo el criterio discrecional de las autoridades aún cuando se trata de responsabilizar al INAI de la falta de información.
- Sindicatos, partidos políticos e instituciones como las Universidades Benito Juárez destacan por ser los entes con menores respuestas a las solicitudes de los ciudadanos, por lo que son un foco rojo de opacidad.
Dos décadas de transparencia:de la autonomía a la discrecionalidad
En los últimos cuatro sexenios, el acceso a la información pública y la protección de datos personales del orden federal han mostrado un crecimiento sostenido en México. Desde la administración de Vicente Fox, en la que se gestionaron 172,169 solicitudes, hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con un total de 1,972,174 solicitudes, el incremento representa un crecimiento superior al mil por ciento en un periodo de dos décadas.
Este aumento en la demanda de información del ámbito federal no solo muestra el grado de involucramiento de la ciudadanía en el escrutinio de los asuntos públicos, sino también la capacidad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para responder a la demanda creciente de transparencia.
Los datos indican que, con cada sexenio, el acceso a la información pública se ha visto fortalecido por la evolución tecnológica impulsada por el INAI. Un hito clave en este proceso fue la transición de sistemas dispersos, como Infomex y las plataformas locales, hacia una sola herramienta integrada: la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Este avance ha permitido consolidar la gestión de más de un millón de solicitudes desde su implementación, con un crecimiento promedio anual del 147%. Este volumen se traduce en un aumento significativo del promedio diario de solicitudes, que pasó de 157.2 durante el gobierno de Vicente Fox a 900.5 en el de López Obrador. La PNT no solo centralizó el acceso a la información, sino que también optimizó los procesos, facilitando a la ciudadanía el ejercicio de su derecho a la información de manera más eficiente y accesible.
En este contexto, la reciente iniciativa de trasladar las funciones del INAI a la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno plantea una interrogante crítica: ¿quién garantizará el mismo nivel de acceso y confiabilidad en la información que hoy es posible gracias a este organismo autónomo? Esta decisión no solo implica un cambio administrativo, sino también la pérdida de una institución del Estado que ha mediado entre los ciudadanos y el poder político, asegurando que la información pública y la protección de datos personales no dependan de la voluntad discrecional de las autoridades. Un claro ejemplo es el caso Ayotzinapa, donde diversas solicitudes de información relacionadas con la investigación fueron inicialmente negadas o declaradas inexistentes por la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, gracias a los recursos de revisión interpuestos ante el INAI, se lograron desclasificar documentos clave que arrojaron luz sobre las irregularidades en la investigación.
Otro ejemplo es el de los contratos relacionados con la compra de vacunas contra el COVID-19. Durante la pandemia, la Secretaría de Salud se negó a entregar los contratos completos, alegando cláusulas de confidencialidad. Fue a través de la intervención del INAI que se logró la entrega de versiones públicas de estos contratos, permitiendo a la ciudadanía conocer cómo se estaban utilizando los recursos públicos en un contexto crítico. Ambos casos demuestran que, sin la mediación del INAI, estas solicitudes habrían quedado sin respuesta o sujetas al criterio discrecional de las autoridades gubernamentales.
Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/sin-vigilancia-y-sin-respuestas-que-pasara-con-las-900-solicitudes-diarias-que-recibe-el-inai/
