- Las observaciones continúan con la etapa de seguimiento, en la que las entidades fiscalizadas tienen el derecho de aclarar y subsanarlas.
- Se instruyó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para informar trimestralmente los avances en la etapa de aclaración de las observaciones promovidas.
Por unanimidad, la Legislatura mexiquense aprobó los dictámenes con los que se dan por fiscalizadas, revisadas y analizadas las cuentas públicas estatal y municipales, del ejercicio fiscal 2023.
El documento del ámbito estatal (gobierno, organismos auxiliares y autónomos), presentado por la diputada Arleth Stephanie Grimaldo Osorio (morena), presidenta de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), detalla que se analizó la información y los actos de fiscalización, que sumaron 54 auditorías, de las cuales 22 fueron de Cumplimiento Financiero, nueve de Inversión Física, ocho de Legalidad y 15 de Desempeño, más las revisiones a los organismos auxiliares.
En cuanto al dictamen de los municipios y sus organismos descentralizados, precisa que el OSFEM recibió la información de 125 municipios, 125 sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 49 organismos descentralizados operadores de agua, 97 institutos municipales de cultura física y deporte, el Instituto Municipal de la Juventud de Ayapango, el Instituto Municipal de la Mujer de Toluca, y el Organismo Público Descentralizado de Carácter Municipal para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli (Mavici).
Una vez recibidas, revisadas y fiscalizadas las cuentas públicas municipales, se analizó la información correspondiente, así como los actos de fiscalización que comprendieron 99 auditorías practicadas a las entidades fiscalizables, de las cuales 23 correspondieron a Cumplimiento Financiero, 25 a Inversión Física, 27 a Legalidad y 24 a Desempeño, detalló el legislador Héctor Raúl García González, secretario de la comisión dictaminadora.
Ambos documentos aclaran que, una vez concluida la fase de auditoría, las observaciones continúan con la etapa de seguimiento en la que las entidades fiscalizadas tienen el derecho de aclarar, a efecto de subsanarlas; y las que subsistan serán turnadas a la Unidad de Investigación del OSFEM, a efecto de que califique la falta administrativa y determine a las presuntas personas responsables.
Por lo tanto, se instruyó al OSFEM a informar trimestralmente, ante la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, los avances en la etapa de aclaración de las observaciones promovidas.
La revisión, fiscalización y calificación de las cuentas públicas estatal y municipales no implica la liberación de responsabilidades que pudieran determinarse por las autoridades de control o fiscalización federales o estatales, o bien, de aquellas que pudieran resultar de diversas auditorías o revisiones al mismo período o períodos diferentes.
Sobre los resultados de la fiscalización, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) dijo que es preocupante que todos los órganos autónomos y el Poder Judicial tengan observaciones, y que el municipio de Ecatepec registrara mil 800 millones de pesos (mdp) observados en la revisión de la cuenta pública del año 2022 y 247 mdp en la del 2023.
Por lo anterior, se pronunció por revisar la regulación del servicio público, así como el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad y de las auditorías «para que no haya impunidad».
La legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) consideró que prevalece la “simulación” en el ejercicio de los recursos. La parlamentaria resaltó el caso de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) que, en las auditorías de inversión física, fue el ente con el peor desempeño, aunado a un presunto caso de conflicto de interés, por la contratación de una empresa, cuyo socio mayoritario era Armando Alonso Beltrán, vocal de ese organismo, quien dejó su cargo el pasado 20 de noviembre.
Sobre lo municipal, anunció que su bancada presentará una iniciativa para que el Congreso mexiquense nombre a las personas tesoreras y contraloras en los ayuntamientos, porque las y los alcaldes buscan que trabajen “a modo”, lo cual afecta la función pública.
