El día de hoy, 11 de mayo 2020, nos encontramos ante un incremento exponencial de contagios en los centros penitenciarios a lo largo de todo el país. Como lo hemos anunciado en anteriores y reiteradas ocasiones, la necesidad de acelerar procesos preliberacionales a través de la Ley Nacional de Ejecución Penal es absoluta y urgente.
Los datos que hemos podido recopilar para nuestro Mapa Penitenciario Covid-19, constatado a través de reportes oficiales y de medios tanto estatales como nacionales, a este segundo corte indican lo siguiente: 126 contagios, 12 defunciones y 6 incidentes de violencia teniendo como causa directa temas relacionados con contagios, visitas y acceso a la salud. A su vez, se han llevado 2 mil 431 liberaciones en el contexto de la pandemia. A continuación el detalle de estas cifras:
Como se puede observar en el siguiente gráfico, a partir de la última semana de abril fue cuando despuntó la curva de casos aculumados. En dicha semana es donde se registró el mayor número de contagios, alcanzando la cifra de 63 personas confirmadas con COVID-19: 61 personas privadas de libertad y 2 del personal penitenciario. Además, esta semana inició con el reporte de 16 personas contagiadas, de las cuales 9 corresponden a personal penitenciario.
No podemos dejar de enfatizar la idea de que si bien podría parecer un número importante 2 mil 431 liberaciones, aún quedan más de 200 mil personas privadas de libertad y, a su vez, custodios, doctoras y demás personal no privado de libertad que están en riesgo. Los números, inevitablemente, seguirán subiendo y con ello la urgencia de entender que este contexto no sólo es una crisis humanitaria acentuada por el derecho al acceso a la salud, sino que tal y como sucedió en Wuhan, China, las prisiones son focos de infección en los que potencialmente se generará mayor propagación e infección en las entidades donde se encuentran.
Por otra parte, tal y como sucede en el mundo exterior, es altamente probable que exista un subregistro de contagios, dado que en muchos casos hemos tenido noticias de familiares o personas privadas de libertad con síntomas, pero no son atendidos de ninguna manera y por tanto no se reportan. Es importante mencionar que al estar bajo un encierro prolongado y extraordinario, los centros penitenciarios del país tienen la capacidad de tener una menor transparencia con respecto al conteo de defunciones, contagios e incidentes de violencia. Esto, a fin de cuentas, se refleja en que en ciertos estados puede haber una correlación exacta entre número de defunciones con el de contagios, haciendo muy complicado saber a ciencia cierta si, en efecto, se están reportando todos los contagios o solo los casos graves o letales.
Actualmente existen 309 centros penitenciarios, de los cuales por medio de los reportes a la CNDH u otras instituciones se debería tener un registro centralizado del crecimiento de la ola de contagios en el país. Sin embargo, esto no se ha logrado por la falta de transparencia antes mencionada, así como la dificultad práctica de centralizar la información a través de reportes de medios que atienden a diversas coyunturas fuera del tema penitenciario. Hemos notado, además, que se está generando información con respecto de los mismos centros continuamente, pero hay un silencio grave de cientos de otros más, por lo que es lógico pensar que los reportes o atenciones que están dando ante la crisis de salubridad son escasas o nulas.
La curva de casos acumulados aún se encuentra lejos de ser aplanada y de manera ineludible seguirá incrementándose. Por ello es necesario que, a la par, mejoren las condiciones de internamiento de las personas privadas de libertad, disminuyan los niveles de sobrepoblación y hacinamiento; y se garantice el acceso al derecho a la salud.
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MAPA PENITENCIARIO COVID-19
