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El sistema judicial español y el síndrome de la cabaña

Una vez superado el pico de mayor incidencia de la pandemia, los diferentes estados van aplicando programas de desescalamiento, reduciendo el confinamiento de forma paulatina.

Y si bien en el período de pleno confinamiento, en los medios de comunicación proliferaron artículos y tertulias para facilitar la distracción, el entretenimiento. Ahora, en la actual fase de paulatino desescalamiento, abundan los psicólogos, pero también los pseudo especialistas, así como los presuntos comunicadores con sus respectivas guías de autoayuda (más o menos infantiles); y el tema estrella de todos ellos, como digo, es el “síndrome de la cabaña”, para referirse a las personas que temen volver a salir a la calle.

Tradicionalmente se han estudiado los trastornos de la ansiedad y fóbicos relacionados, siendo el más conocido, a los efectos que me ocupan en este escrito, la agorafobia; pero ahora, como el marketing lo dirige todo, parece más llamativo el denominado síndrome de la cabaña, si bien el origen de esa denominación patológica se remonta a principios del siglo pasado, en el continente americano, con sus grandes extensiones, donde los cazadores y buscadores de oro u otros minerales, se aislaban durante meses, o años, en zonas desérticas, y después de ese período, temían volver a las ciudades, ya que las multitudes, sus ruidos y humos, etc., los sentían de forma muy agresiva, en contraste con la tranquilidad y seguridad que tenían en sus cabañas en parajes solitarios.

Originalmente denominado “cabin fever”, “la fiebre de la cabina se refiere a la irritabilidad claustrofóbica o inquietud angustiante vivida cuando una persona, o grupo, se encuentra enganchado a un lugar aislado o en apartamentos confinados, durante un período de tiempo prolongado (…) viviendo una desconfianza con el que esté en el exterior o tenga la voluntad de salir” (Wikipedia).

Diferentes autores culturales contemplaron estos síntomas en sus obras: Fiódor Dostoievski, en “Crimen y Castigo” (1866); Charles Chaplin, en su película “La fiebre del oro” (1925); etc.

Ese síndrome de la cabaña es propio de personas que ya se han instalado en su rutina de confinamiento, al espacio controlado de su propia caverna y que tienen un gran temor al contacto con el exterior (compran por internet, hacen deporte en casa, etc.), mientras no haya una vacuna disponible.

Ahora bien, a pesar de que este tema es sumamente interesante, mi interés, en este momento, es utilizarlo con fórceps, para trasladarlo al ámbito político español, en concreto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por cuanto está mostrando ciertos rasgos propios de la socio-patología que he venido citando.

Constitucionalmente, el presidente de ese tribunal lo es, asimismo, del Tribunal Supremo (TS). Pero ese órgano de gobierno de los jueces está en funciones desde el año 2018, por la falta de mayorías entre los principales partidos; igualmente pasa en el tribunal constitucional.   

Pero el PP no está dispuesto a abrir una negociación con el PSOE para proponer a los 20 vocales que componen el órgano, y que requieren una mayoría cualificada de tres quintos. en el congreso y senado; y por eso, la situación está bloqueada.

“Desde el PP consideran que, dada la situación de dependencia de Pedro Sánchez respecto a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para formar un gobierno con Podemos, abrir el melón de la negociación tanto del TC como del CGPJ supondría ceder la mayoría de los órganos a representantes más progresistas y sensibles a las reclamaciones del independentismo, así como perder la mayoría conservadora” (El Independiente) 

Actualmente, en el TC hay siete votos conservadores y cinco de progresistas, por lo que el PP bloquea la renovación, que debería reflejar la mayoría parlamentaria; igual que el CGPJ caducado en diciembre 2018; y que el PP bloquee la renovación de estos órganos, para seguir manteniendo la mayoría que las urnas no les ha dado en el parlamento, es, claramente, un fraude de ley.

Y ya en 2018 “los jueces conservadores avisaron a Carlos Lesmes (presidente del cGPJ y del TS) de que ‘había perdido la legitimidad: la conservadora Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha enviado hoy una carta a Carlos Lesmes (…) recordándoles que hoy expira el plazo de su mandato al frente del gobierno de los jueces. Sin embargo, debido al bloqueo que los partidos mantienen entre ellos (…) Lesmes sigue sin legitimidad; y si bien no hay ninguna norma acerca de cómo debe actuar un presidente del CGPJ cuyo mandato ha expirado, la Francisco de Vitoria, ha recordado a Lesmes que sí que hay limitaciones legales tanto para el Gobierno, como para el Congreso cuando sus mandatos terminan. La asociación judicial cree que “atendiendo a la lógica democrática y a la equiparación de los tres poderes del Estado, entendemos que el CGPJ en funciones, ha perdido la legitimidad deseable en un estado democrático para realizar actos discrecionales, y añaden que, “entendemos que el CGPJ a partir de hoy, debe circunscribir su actividad a despachar los asuntos de puro trámite y reglados o aquellos que, por razones de urgencia o necesidad, no admitan demora (…) adoptar decisiones estratégicas discrecionales no urgentes por quien cuenta con una cuestionable legitimidad, supondría un descrédito de la institución” (elPlural)   

Ahora bien, “Un CGPJ en funciones nombra a 46 cargos, la mayoría afines a Lesmes y el PP, y condiciona la justicia para los próximos 2 años: Los nuevos presidentes de tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales permanecerán en las plazas cinco años. Y los nuevos magistrados del Supremo, hasta su jubilación (y dado que la mayoría de los recién nombrados rondan la cincuentena, se ha asegurado su presencia en los próximos 15 o 20 años). Esta cúpula judicial la tendría que haber nombrado el próximo Consejo (…) Sólo cuatro de los veinte vocales del Consejo interino se han opuesto a esta fiebre” Público, 4.12.19)

A pesar de esa transitoriedad tan prolongada, ahora el CGPJ ha vuelto a poner en marcha la renovación de las presidencias de tres salas del supremo, de nueve audiencias provinciales y de veinticinco cargos judiciales (…) (si bien), Lesmes, en el pasado mes de enero había decidido paralizar temporalmente el nombramiento de cargos judiciales en la confianza de una pronta renovación de la institución, una vez constituidas las cámaras después de las últimas elecciones generales y formado el gobierno” (El Confidencial)

“El diputado de Izquierda Unida y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha señalado este miércoles que los miembros del CGPJ deberían presentar su dimisión porque esto ayudaría a que los partidos políticos se viesen obligados a llegar a un acuerdo para su renovación (…) No tiene sentido que el CGPJ siga con nombramientos (…) El mandato del órgano del gobierno de los jueces, de cinco años, caducó en diciembre de 2018. Entonces, PP, PSOE y Podemos llegaron a pactar para su presidencia al magistrado del TS Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del ‘popular Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la sala segunda del tribunal, por detrás’ “(Europa press).

El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que 12 son magistrados y jueces, y los otros 8 son juristas de reconocida trayectoria propuestos por los partidos; y entre ellos eligen al presidente, un magistrado que, a la vez, presidirá el TS. La mitad de los 20 vocales se votan en el Congreso, y la otra mitad en el Senado, a razón de 6 jueces y 4 juristas, en cada cámara. Y que toda esa red de puestos de la máxima responsabilidad, en un país cuyo estado profundo, como hemos podido ver, está controlado por una cúpula judicial con una ideología predominantemente preconstitucional, nos muestra, como comenté en mi escrito de ayer, que el imperio de la ley, con la actual interpretación restrictiva, por encima de la libertad y la democracia, no deja de ser un fraude de ley.

Que esa cúpula, realmente tenga el síndrome de la cabaña, tenga miedo a los aires externos, a la democracia, a las mayorías parlamentarias de cada momento, que quieran perpetuar sus privilegios e ideales por los siglos de los siglos, continuando todo atado y bien atado, no sólo es, efectivamente un fraude de ley, sino que es una muestra más del “TODO por la patria”. Por lo que estoy a favor de una renovación total que impida que un partido, en este caso el PP, pueda boicotear y bloquear no sólo las debidas sustituciones, sino también su reglamentación, únicamente deja una salida, ”el todo por la TAPIA”, democráticamente. Pero eso requeriría una valentía de Pedro Sánchez, de la que carece, y un mayor peso de Pablo Iglesias, que nunca tendrá.

Por todo ello, sólo nos queda una salida, seguir con nuestro proyecto independentista, implementar el resultado del referéndum ganado el 1 de octubre del 2018; y, de ese modo, configurar nuestro propio estado, de acuerdo con las mayorías necesarias. Esa será la única forma de conseguir que nuestros presos y exiliados políticos y sociales puedan volver a sus casas y a retomar sus proyectos políticos.

Y, consecuentemente, olvidarnos de esa cúpula judicial que es juez y parte, que se la confiten, que les aproveche, si les gusta.

Amadeo Palliser Cifuentes