Ciudad de México, febrero de 2025 – El 20 de febrero de 2022, la organización «Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe» lanzó en la plataforma Change.org la petición #JusticiaParaÁngel, exigiendo transparencia y justicia en la investigación de la muerte de Ángel Manuel Moreno, un niño de 14 años con discapacidad que falleció bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León. La petición, dirigida al gobernador Samuel García, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, denuncia presuntas irregularidades en el caso y solicita una investigación exhaustiva e imparcial.
Desde su lanzamiento, la petición ha reunido más de 32,000 firmas de ciudadanos preocupados por la situación de la infancia en el estado. A pesar del tiempo transcurrido, el caso de Ángel sigue sin resolverse, lo que ha generado indignación y preocupación en la opinión pública.
Se señala que Ángel fue hallado sin vida en circunstancias sospechosas dentro del albergue del DIF Fabriles. Reportes de medios y testimonios de personas cercanas al caso indican que el menor pudo haber sido víctima de negligencia o maltrato, lo que ha llevado a la exigencia de una revisión profunda de los protocolos de atención en los centros de asistencia del DIF. Además, familiares y activistas han denunciado la falta de claridad en los informes oficiales sobre las causas de su muerte y la posible omisión de responsabilidades por parte de las autoridades.
A lo largo de estos dos años, las respuestas de las autoridades han sido escasas e insuficientes. Si bien la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León anunció en su momento que investigaría el caso, hasta ahora no se han presentado avances claros ni sanciones a los posibles responsables. La falta de transparencia y la omisión de información por parte del DIF han generado frustración entre quienes exigen justicia para Ángel.
Este caso se suma a otros incidentes similares en los que niños en situación de vulnerabilidad han perdido la vida bajo la tutela de instituciones del estado, sin que haya consecuencias claras para los responsables. La impunidad y la falta de supervisión efectiva han sido una constante en estos casos, lo que refuerza la necesidad urgente de reformas en la protección de menores institucionalizados.
«No podemos permitir que la muerte de un niño quede en el olvido. Es fundamental que se aclaren los hechos y se castigue a los responsables, si los hay, pero también que se implementen medidas para evitar que algo así vuelva a suceder», se lee en la petición.
Febrero marca otro año sin justicia para Ángel, lo que hace que este llamado sea aún más urgente y relevante dentro de la agenda pública. Exhortamos a las autoridades estatales a responder de manera inmediata a la petición y a proporcionar avances claros en la investigación. Invitamos a la sociedad a sumarse firmando la petición en Change.org y difundiendo el caso en redes sociales con el hashtag #JusticiaParaÁngel.
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