*Solicitan la intervención del gobernador Alfredo Del Mazo y el Fiscal Alejandro Jaime Sánchez Gómez.
-Parte legal de legítimo propietario, muestra pruebas de los abusos de poder, por parte de servidores públicos adscritos a la fiscalía del Estado de México.
-Grupo S.E.R.O. vinculados a la dirección pública municipal de Huixquilucan, son parte de las personas identificadas y que amedrentan a quien osa acercarse a dicho predio.
Huixquilucan, Estado de México.- Los representantes legales de Ángel Peña Colín, denunciaron mediante un comunicado a medios de comunicación, los daños y negligencias en un proceso “irregular” sobre dos predios ubicados en Santiago Yancuitlalpan, Huixquilucan, Estado de México mismos que en su totalidad suman una cifra cercana a los 400 mil metros cuadrados, y que señalan como responsable al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Medio Ambiente con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Gerardo Ángeles Enríquez.
Las diversas diligencias hechas por Ángel Peña y sus abogados se tornan ridiculizadas y sin calidad jurídica luego de las anomalías por parte de la fiscalía del Tlalnepantla. Es de resaltar que el afectado y su parte legal, afirman contar con todas las actas y documentación que respaldan la propiedad, así como los amparos indirectos sobre esta materia.
Es clara la falta de objetividad en el proceso que se vienen arrastrando desde el año 2018, ya que han hecho caso omiso a todas las peticiones del afectado así como violentado las medidas cautelares que la misma autoridad ha dictado en distintos momentos procesales; “la fiscalía no quiere abstenerse de conocer del asunto, aun cuando en la carpeta se ha acreditado que es un asunto puramente de carácter civil y la autoridad ministerial debe abstenerse del asunto porque no es de su competencia, sin embargo ha realizado distintas medidas dilatorias para no excusarse de conocer del asunto y que este, sea resuelto en los tribunales civiles”. Por lo que era necesario hacer pública esta información.
No obstante la propia fiscalía ha dictado la medida cautelar de “ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES”, misma que ha perdió validez jurídica, ya que el afectado dice contar con la protección y justicia federal, toda vez que le han sido otorgados dos amparos indirectos sobre esta materia, la cual le concede suspensión provisional por los actos de molestia; sin embargo se ha demostrado con documentales (videos y fotografías) la nula o selectiva aplicación de esta resolución judicial, ya que existe actividad constante, publica y particular en el inmueble que es menester de este litigio.
“Hemos detectado con el apoyo de drones y cámaras fotográficas, el movimiento que existe al interior del inmueble, -incluso-, hay maquinaria pesada trabajando, es un descaro la manera en que están violentando la ley, y la fiscalía no toma cartas en el asunto aun cuando se le ha informado a través de escritos e imágenes, mismas que no han querido recibir bajo el argumento de la “pandemia”.
También hacemos público que tenemos material gráfico, donde se comprueba como hay personal que se mantienen al interior del inmueble en su calidad de “supuesto resguardo”, mismo que niegan a acreditar con cualquier persona, agreden a todo aquel que si quiere acercar al terreno en cuestión, y es claro que los responsables de los actos de violencia y abuso son los mismos elementos del grupo S.E.R.O. Adscritos a la dirección de seguridad pública municipal de dicho ayuntamiento.
Los abogados del afectado en cuestión, solicitan la intervención del ejecutivo estatal, Alfredo Del Mazo Maza, así como del Fiscal mexiquense, Alejandro Jaime Sánchez Gómez, para que intervengan en dicho atropello a los derechos civiles, y evitar una confrontación, que no rebase el apego a la ley.
