El Grupo Parlamentario del PRI, en la Cámara de Diputados, solicitó al titular del Ejecutivo Federal se apegue a lo que mandata la Constitución y rinda un informe al Congreso de la Unión, donde presente a detalle y aporte fundamento legal, a las funciones asignadas a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, a partir del acuerdo del pasado 11 de mayo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual asigna a los militares tareas extraordinarias y permanentes en un servicio que debe brindar el Estado, para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes.
La diputada federal, Ana Lilia Herrera Anzaldo, en nombre del grupo parlamentario priista, dijo: sabemos que el país se encuentra en medio de medidas extraordinarias por la emergencia sanitaria, pero es esencial respetar la Constitución y que las autoridades sigan los procedimientos establecidos en la ley.
“Es crucial generar certidumbre legal y operativa entre las fuerzas militares, la ciudadanía y las autoridades federales, estales y municipales, y es urgente que el Ejecutivo Federal informe en qué consisten esas tareas de seguridad pública asignadas a las fuerzas castrenses”, expuso.
La Ley de la Guardia Nacional, en su artículo quinto transitorio, estipula que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria; sin embargo, “el acuerdo presidencial de mayo, da a entender que la participación de los militares será permanente durante esos cinco años, lo que contraviene el decreto Constitucional”.
Por ello, el GPPRI, pidió a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se solicite respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal explique a detalle los procedimientos administrativos, jurídicos y operativos implementados por las secretarias de Protección y Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, a fin de garantizar que la participación de las Fuerzas Armadas permanentemente en apoyo a la Guardia Nacional es acreditable y verificable como “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, en los términos que la Constitución dispone.
Asimismo, que aporte elementos jurídicos que justifiquen otorgar a las Fuerzas Armadas “funciones que se le asignen conforme a las atribuciones” establecidas en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, sin que exista previsión legal alguna respecto a la forma en que puedan ser transferidas o ejercidas conjuntamente con ningún otro cuerpo policial o militar.
Los legisladores del PRI, manifestaron que la falta de claridad en este asunto, representa un tema de interés nacional. Evocaron el pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el pasado 12 de mayo, mismo que declaró insuficienteel acuerdo presidencial, “en virtud de que no otorgaba certeza jurídica a la población”.
