- Es una profunda actualización y modernización del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, aseguró
El diputado Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presentó los fundamentos del dictamen que expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y reforma las leyes Federal de Austeridad Republicana, de la Economía Social y Solidaria y la General de Sociedades Cooperativas.
Recordó que la propuesta se sustenta en el artículo 134 de la Constitución Política, que establece que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y representa un avance sustancial hacia la eficiencia administrativa y la correcta aplicación del gasto público.
Se plantea, dijo, una profunda actualización y modernización del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, alineándolo con estándares internacionales, recomendaciones de organismos públicos y las mejores prácticas globales en materia de adquisiciones gubernamentales.
La nueva ley adopta ampliamente las buenas prácticas que enuncia y recomiendan organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, e implica la adopción de metodologías avanzadas y mecanismos claros para la selección de proveedores y la gestión de contratos.
Además, externó, esa alineación internacional fortalecerá la confianza internacional y nacional en los procesos de adquisición pública, abriendo oportunidades adicionales para la participación de proveedores calificados, fomentando un clima de competitividad saludable y transparente.
Mejía Berdeja hizo referencia a la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, que también está prevista en la Ley de Obra Pública, y esa plataforma posibilita la interoperatividad efectiva entre distintos sistemas electrónicos, generando mayor certeza jurídica y una considerable reducción en tiempos administrativos.
Incorpora la Tienda Digital del Gobierno Federal, que es un novedoso instrumento que permitirá procesos expeditos y ágiles para la adquisición de bienes y servicios recurrentes. Esa medida, fortalece la eficiencia en las adquisiciones de bienes menores, mitigando la carga burocrática que a menudo las acompaña.
Fortalece las denominadas compras consolidadas, pues la formalización de esta práctica asegura que el Estado mexicano obtenga las mejores condiciones económicas posibles en las adquisiciones, salvaguardando los recursos públicos mediante procedimientos claramente establecidos y regulados.
Para asegurar la transparencia, eficiencia y racionalidad de las compras consolidadas, añadió, se propone la creación del Comité de Contrataciones Estratégicas y el Comité de Compras Consolidadas, organismos colegiados que serán presididos y supervisados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
También, la Secretaría será la encargada de asegurar el estricto cumplimiento de las disposiciones normativas, velando por la integridad y la transparencia en los procesos de contratación pública. Contará a su vez con la colaboración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Secretaría de Economía en dichos comités.
De igual modo, relató el diputado Ricardo Mejía, destaca la oferta subsecuente de descuento, el diálogo competitivo y la adjudicación directa con estrategia de negociación. La oferta subsecuente permitirá obtener mejores condiciones económicas sin comprometer la calidad técnica de las propuestas, y el diálogo competitivo generará espacios regulados para negociaciones efectivas que garanticen resultados óptimos en beneficio del Estado.
Mientras que, en casos de urgencia y necesidad imperiosa, la figura excepcional de la adjudicación directa con estrategia de negociación, permitirá actuar de forma inmediata, minimizando riesgos legales y operativos ante circunstancias imprevistas.
Argumentó que hay compromiso con el desarrollo económico inclusivo al establecer condiciones específicas que facilitan la participación activa de las sociedades cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas, así como grupos vulnerables, fortaleciendo un entorno económico más justo, equitativo y diverso.
“Se trata –apuntó– de un marco normativo moderno, sólido, incluyente y transparente que brindará certeza jurídica y mejores resultados a la población pública. Convoco a que, con responsabilidad y espíritu colaborativo, aprobemos este dictamen en beneficio de la transparencia, la eficiencia administrativa y, sobre todo, del bienestar del pueblo de México”.
Desechan moción suspensiva
En votación económica, el Pleno desechó moción suspensiva presentada por la diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN), quien señaló que de acuerdo con el artículo 122, número 1 del Reglamento de la Cámara, es necesario suspender la discusión del dictamen, pues “otra vez el terrible desaseo legislativo dentro de la Comisión es innegable, además de despreciar lo que algunos legisladores presentamos como propuestas serias para fortalecer la discusión de las iniciativas”.
