Diputadas y diputados de los seis grupos parlamentarios fijaron posturas a favor y en contra del dictamen que expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y abroga la Ley en la materia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000 y sus modificaciones posteriores.
Al iniciar las intervenciones, la diputada Verónica Pérez Herrera (PAN) expresó que la ley huele a control, discrecionalidad y contratos en lo oscuro. “Hoy se discute una ley que definirá cómo comprará el gobierno, pero debemos preguntarnos si realmente se le está devolviendo la confianza al pueblo, pues de qué servirá tener una plataforma brillante si en ella se esconderá la opacidad. El verdadero problema no es tecnológico sino ético”.
Freyda Marybel Villegas Canché, diputada de Morena, aseguró que hoy se está dando un paso firme a la modernización y la transparencia en la contratación pública. Se reafirma el compromiso con la eficiencia, la austeridad y el combate frontal de la corrupción, refuerza los elementos de prevención, control y sanción a los funcionarios, proveedores y establece procesos más ágiles para impugnaciones y resolución de controversias.
Del PRI, el diputado Israel Betanzos Cortes resaltó que es una propuesta que no solo centraliza el poder sino tiene la intención de beneficiar a unos cuantos. Se dice que es un avance en materia de transparencia y eficiencia en el gasto público, pero es la creación de un nuevo sistema de discrecionalidad y de control absoluto sobre las compras gubernamentales.
Para la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre (MC) la corrupción es un problema severo; por ello, se debe modificar la realidad y el desafío de la nueva ley está en su implementación. “Es una realidad que la corrupción y la impunidad existen y han aumentado, por lo que esperamos que la ley sea la oportunidad para acabar con ello, así como las herramientas y mecanismos que se incorporan”.
Del PAN, el diputado Fidel Daniel Chimal García indicó que el dictamen presenta irregularidades y no contempla un incremento presupuestal para el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), lo que limitará su capacidad para cumplir con sus funciones. Anunció que su grupo parlamentario votará en contra porque no favorece el desarrollo del cooperativismo ni de la economía social en México.
En su intervención, el diputado Aniceto Polanco Morales (Morena) mencionó que la creación de una nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas responde a los principios de equidad, eficiencia, honestidad y transparencia. Además, esta herramienta permitirá a las y los participantes acceder a la información, requisitos y oportunidades de contratación, permitiendo nuevas oportunidades para las Pymes.
La diputada Nancy Aracely Olguín Díaz (PAN) aseguró que la creación de una nueva Plataforma Digital es un “candado” a la transparencia. La reforma otorga un poder excesivo al Ejecutivo y actualmente el 70 por ciento de los contratos son por adjudicaciones directas. “Esta iniciativa no combate la corrupción, solo la institucionaliza”.
Por el PT, la diputada Nora Yessica Merino Escamilla dijo que esta nueva Ley representa la modernización integral en materia de adquisiciones, la democratización real de las compras gubernamentales y la implementación de mecanismos de control que impiden las licitaciones “amañadas” y las adjudicaciones directas sin sentido.
Luis Gerardo Sánchez Sánchez, diputado del PRI, sostuvo que un factor que caracteriza a la nueva Ley de Adquisiciones es la discrecionalidad, norma que apuesta por la compra consolidada y restringe la participación de las empresas en igualdad de condiciones. El Gobierno Federal busca institucionalizar y legalizar la corrupción “dando un golpe mortal a la transparencia”.
A su vez, la diputada Hilda Magdalena Licerio Valdes (PVEM) apuntó que el dictamen es un claro avance en la transparencia y la rendición de cuentas en aras de combatir la corrupción y fomentar una nueva relación entre el gobierno y la ciudadanía que se base en el uso de herramientas tecnológicas, de modernización y de gestión pública. Se incorporan nuevos esquemas de contratación pública que contribuyen a una mayor transparencia en los procedimientos.
El diputado David Azuara Zúñiga (PAN) indicó que estos cambios no son una mejora para el país; es un pase libre a la corrupción. “Quieren que las compras del gobierno se hagan a modo, sin licitación, sin competencia y sin rendición de cuentas”. En los últimos años más del 80 por ciento de las compras gubernamentales se han hecho sin licitación y con esta reforma se quiere legalizar esta “práctica sucia”.
En tanto, la diputada Alma Manuela Higuera Esquer (Morena) externó su respaldo porque se busca brindar mayor transparencia y con la expedición de la ley y las reformas se deben crear mecanismos para evitar la corrupción en los procedimientos de compras públicas; se trazan objetivos sociales generando equilibrio entre la responsabilidad social y el ejercicio eficiente.
