En este momento de desescalamiento, y por las progresivas “conquistas” que nos permiten las diferentes fases de confinamiento, se observa una alegría desbordante, ya que, por ejemplo, podernos reunir con amigos y familiares de una misma área geográfica sanitaria, ir a una terraza a tomar lo que sea, poder ir a las librerías, etc., pero guardando siempre todas las medidas de seguridad, como digo, ha comportado una generalizada sensación de liberación, y esto es positivo, obviamente.
Pero, particularmente, yo lo sigo viendo de forma bastante estresante, ya que las medidas de seguridad me parecen demasiado cuadriculadas y, en muchos casos, ridículas. No entiendo, por ejemplo, que para hacer deporte en la franja horaria fijada, debas estar federado. Y, claro, la chirigota es que para bañarse en la playa sea suficiente tener el carnet de cualquier federación, no forzosamente la de natación; estar federado en ajedrez, en petanca o ping-pong, etc., por ejemplo, ya sirve para hacer cualquier tipo de deporte, desde nadar en la playa hasta subir a una montaña.
Asimismo, delimitar el espacio geográfico, cuando se dan situaciones extremas, como la calle Riera Blanca, de Barcelona, que una acera corresponde a Barcelona, y la acera de delante pertenece a Hospitalet de Llobregat; y están asignadas a diferentes áreas geográficas sanitarias. Y, de acuerdo con la normativa, teóricamente, no se podría pasar de una acera a la otra, estando ambas zonas en la misma fase de desconfinamiento.
Obviamente, entiendo que la complejidad que comporta “controlar” los movimientos de la población de las grandes ciudades, no es fácil, y presupongo, siempre, la buena voluntad de los especialistas.
Está claro que en el momento de efectuar una reglamentación, es imposible contemplar todas las casuísticas particulares, pues al efectuar delimitaciones horarias, geográficas, etc., siempre se observarán situaciones grotescas.
Por ese motivo, creo que los gobiernos deberían perder ese impulso reglamentista, justificado por la desconfianza que tienen del comportamiento de la ciudadanía. Deberían tener una mentalidad totalmente diferente, más respetuosa con la población a la que representan.
Es evidente que siempre habrá ciudadanos que se saltarán todo tipo de normas, pero una minoría no debe afectar a la totalidad. Y no se debe reglamentar como si se tratase del código penal, que sí que está pensado en negativo, para los ladrones, los asesinos, etc., y en cada caso, con las correspondientes sanciones y penas.
La diferencia entre los códigos civil y penal, radica, básicamente, que el primero trata conflictos entre particulares, el segundo trata de los daños a la sociedad en su conjunto o contra el estado.
“El Derecho Civil permite desarrollar las leyes que regulan el funcionamiento de la sociedad. El principal fin del Derecho Civil es el de preservar los intereses del sujeto a nivel patrimonial y moral”. Mientras que “el Derecho penal es la rama del derecho que se encarga de establecer y regular el castigo de los crímenes o delitos a través de ciertas penas establecidas según la gravedad del delito” (www.are2abogados.com)
Y obviamente, las sanciones son diferentes, más graves en el penal, y por eso el código penal requiere unos requisitos formales más exigentes: exige que el delito sea probado más allá de toda duda razonable, la preponderancia de la prueba, etc.; y exige todo tipo de protección de los acusados.
A mi modo de ver, en la gran reglamentación que está haciendo el gobierno español, predomina más bien la mentalidad penal, y eso es consecuente con la visión unionista del ordeno y mando; y los “súbditos” debemos obedecer. Y aún deberíamos estar contentos, ya que no nos han aplicado el código militar, pero ha faltado un pelo.
Y si esa visión la juntamos con el espíritu corporativo funcionarial del estado profundo, generador de una de las mayores burocracias de la UE, como se ha reconocido en múltiples informes internacionales, y se comenta en los siguientes comentarios, a modo de ejemplo:
“España, entre los países con más burocracia del mundo. La CEOE critica el alto número de obstáculos y cargas administrativas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) es ese gran desconocido (…) En 2018 el BOE recogió 588 nuevas normas de distinto rango, un 13,7% más que el año anterior. El marco normativo en España se caracteriza por ‘una elevada densidad y complejidad’ que da lugar a ‘distorsiones en el mercado’ y genera ‘un alto nivel de obstáculos burocráticos y cargas administrativas (…) En dicho informe, la CEOE critica que la regulación que deben cumplir las empresas y autónomos en nuestro país es ‘injustificada, desproporcionada o discriminatoria’ “(El Mundo 21/6/2019).
“La burocracia estatal es el mayor problema de la economía española, según Daniel Lacalle” (www.fidefundacion.es)
“¿Ahogados en burocracia en el siglo XXI?: resta competitividad y agilidad a las empresas ¿es razonable en el siglo XXI? Habrán oído ustedes la frase atribuida a Thomas Jefferson (padre fundador y principal autor de la Declaración de la Independencia de los EEUU): ‘sólo hay dos cosas inexorables en esta vida, la muerte y Hacienda’ “(Cincodias.elpais.com)
Si bien “la burocracia (el poder de la oficina) tuvo su origen en Francia, rápidamente fue adoptada por todos los estados, ya que el aparato burocrático comporta una disciplina, regulada y vigilada por los funcionarios, secretarios, inspectores e intendentes que no son nombrados en sus puestos para beneficiar el interés público, en realidad parecería que el interés público ha sido instaurado para que las oficinas puedan existir” (Baron de Grimm and Diderot, Correspondance littéraire, philosophique et critique, 1753-69; Wikipedia)
Y aquí, en España, la burocracia encontró un perfecto caldo de cultivo en los hidalgos “que es un concepto español, propiamente castellano, que se refiere a los nobles que estaban exentos del pago de tributos. Desde el siglo VII se encuentran, en lo que más tarde sería Castilla, los términos de fijodalgo y fidalgo, que en la Edad Media se encuentran como hijodalgo y hidalgo. Su característica fundamental era el carácter de nobleza sin bienes, pero exentos de las cargas y tributos que pagaban los plebeyos” (Wikipedia).
Con estos precedentes, no es de extrañar que en España los presidentes del PP, como José Mª Aznar y Mariano Rajoy, sean claros exponentes de esa casta, ya que el primero era un funcionario inspector de hacienda y el segundo, un funcionario registrador de la propiedad.
Como ya he dicho, nunca se puede generalizar, pero sí obtener un denominador común, que, sin llegar a los extremos de los lazarillos ni quijotes, sí nos permite deducir que abunda el espíritu del “vuelva usted mañana” (como narró Mariano José de Larra (1809-1837).
Con todos estos mimbres, no es de extrañar que el estado español siga aplicando ese espíritu reglamentista burocrático, con mentalidad punitiva.
Y ese espíritu, cuando lo aplican personas digamos mediocres, siendo benigno, se refleja en un sinfín de rectificaciones debidas más al desconocimiento que a la problemática dinámica, como utilizan de escusa; y la incompetencia lleva a publicar las normas los domingos a última hora, para su aplicación los lunes. Y, rizando el rizo, si encima confunden el uso del vocabulario común, ya que quieren engañarnos con términos como cogobernanza, responsabilidad compartida, diálogo, etc., cuando en realidad imponen el ejercicio del mando único. Y toda esa mescolanza nos lleva a la desinformación, como ratifica el siguiente comentario:
“España es el país con las ruedas de prensa más largas, pesadas y poco informativas. España ha optado por el BOE y el ordenancismo como instrumento de gestión de la crisis, intentando microgestionar lo que puede hacer y lo que no puede hacer la población en cada momento del día con un trasfondo paternalista y de desconfianza en los ciudadanos. Sin tener en cuenta, por lo tanto, que el comportamiento individual responsable es la clave para superar la pandemia. Las fases del desconfinamiento, empezando por la genial idea que la primera era la 0, y la terminología usada parecen sacadas de una comedia de los hermanos Marx (…) Es cierto que hay mucha incertidumbre, pero hay dirigentes que sí que comunican con claridad. Ángela Merkel en Alemania es un buen ejemplo: es concisa, precisa y plantea escenarios contingentes. En una crisis hace falta hablar poco y claro”. Xavier Vives, profesor de IESE (Ara, 24/5).
Y esa burocracia, cuando se tiñe con tintes políticos (como pasa casi siempre), se refleja en situaciones tan anómalas e inhumanas, como la que está pasando Jordi Sánchez, ex presidente de la ANC y diputado, encarcelado (como los principales representantes políticos y sociales) y otros exiliados, por un juicio amoral, y al que han prohibido salir a trabajar como voluntario en la Crida, fuera de la prisión, como establece el artículo 100.2.
Y eso por culpa de una incorrecta operatividad entre el departamento de Justicia y la Junta de tratamiento penitenciario de Lledoners, por un exceso de celo y temor funcionarial, ya que, como ha comentado el citado Jordi Sánchez, “la naturaleza sociopolítica de la Crida no puede ser la causa de la negativa de la junta de tratamiento (…) si fuesen estas las motivaciones, se estaría imponiendo una inhabilitación extrajudicial y una condena complementaria”, por lo que considera que todo ello es una mala praxi del departamento de Justicia” (Ara, 25/5).
O, por citar otro ejemplo, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que durante todas estas semanas nos ha ido repitiendo que el estado de alarma era el único instrumento válido para tomar las medidas adoptadas, y, por ello, repitiendo que “el estado de alarma, es el plan ‘A’, y que no hay plan ‘B’; que el plan ‘B’ es el plan ‘A’ “ (superando, de ese modo a los hermanos Marx).
Pues bien, ahora que ve que la sexta prórroga quincenal le será muy difícil que obtenga la aprobación del Congreso (ya que después de que se hiciera público su trilerismo la semana pasada; será muy difícil que obtenga los apoyos para una nueva prórroga, ahora está modulando su posición.
Y pensando en un posible rebrote de la pandemia en otoño, ahora sí que están estudiando un plan ‘B’ para modificar ciertas leyes, como la ley general de sanidad para limitar competencias y la ley de medidas especiales en salud pública, que permite regular derechos, y que permite medidas excepcionales de control y también la centralización de la información. Otras leyes que se podrían aplicar son la de seguridad nacional, que permite al ministerio de interior asumir la tutela de las policías autonómicas. Y la ley de protección civil, que permite la movilización del ejército.
“Según muchos expertos, todas estas leyes hubieran permitido los mismos fines, sin la aplicación invasiva del estado de alarma. Pero, otra de las patas de la solución que plantea el gobierno de Sánchez, es reformar la ley general de sanidad, del año 1986. Para Andrés Boix Palop, profesor de derecho administrativo de la Universidad de Valencia, lo único que se busca con esta ley es aumentar la recentralización de competencias y por esto la Moncloa está mirando al PP para aprobar la tramitación exprés de las modificaciones precisas” (Ara, 25/5).
Con esta situación política y las perspectivas, que no pueden ser más negras, ya que es la punta del iceberg de la crisis política, junto a las crisis sanitaria, económica y social, tenemos un panorama desolador, que sólo me deja espacio al pesimismo.
Y las graduales mejoras que nos permiten las fases de desconfinamiento, con sus restricciones y medidas de seguridad (las lógicas y comprensibles más las burocráticas), realmente no me sirven de paliativos y no puedo ser optimista, máxime cuando no se ve la luz al final del túnel, lo que vemos son unos pocos fluorescentes que los hidalgos / burócratas nos quieren hacer confundir con el sol.
Amadeo Palliser Cifuentes
