La Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada Anais Miriam Burgos Hernández (Morena), tuvo una reunión de trabajo con representantes del Instituto Nacional Electoral (INE), para conocer los hallazgos del “Programa piloto de servicio de primeros auxilios psicológicos, orientación, asesoría, atención y acompañamiento jurídico a mujeres en situación de Violencia Política en Razón de Género con enfoque interseccional e intercultural durante el proceso electoral federal 2023-2024”.
Al dar la bienvenida, la diputada de Morena, Mariana Benítez Tiburcio, secretaria de la Comisión, expresó que el esfuerzo que realizó el INE fue inédito, ya que no se trata solo de un registro o padrón que ha permitido el reconocimiento de agresores de mujeres para que se les impida ser candidatos a un cargo de elección.
Subrayó que se trató realmente de un programa de atención, de ayuda, inclusive psicológica, jurídica, asesoría a mujeres que son víctimas de violencia política. “A lo largo de los procesos electorales, entre más mujeres han venido participando aumentan los casos de violencia política”.
La diputada de MC, Anayeli Muñoz Moreno, destacó la relevancia de un análisis y que usando la perspectiva de género se detecte dónde está la problemática. Subrayó que solo se ha visto la punta del iceberg en materia de la violencia política de género, siendo los municipios, alcaldías y regidurías donde más se ven estos casos, está más arraigado el problema y más solas se sienten. “No me imaginé que realmente fuera tan grande la problemática”.
La diputada Alma Manuela Higuera Esquer (Morena) comentó que como legisladoras tienen un compromiso moral con las mujeres que han luchado históricamente, para que puedan asumir estos cargos políticos, “más allá del partido político por el cual llegaste”.
Elizabeth Benítez, subdirectora de Vinculación y Difusión del INE, explicó que a través de programa se brindaron 888 servicios de un total de 58 solicitudes, de los cuales 34 fueron casos de violencia política. Agregó que en el ámbito local y federal la violencia psicológica es la que mayor porcentaje tuvo, seguida por la simbólica, con mayor presencia en lo local, mientras que a nivel federal la violencia económica representó el 50 por ciento.
Comentó que los motivos de renuncia a cargos de elección, principalmente a nivel local, tienen sesgos de género que van desde motivos de salud y seguridad hasta discriminación o porque fueron obligadas. Dijo que en el documento se hacen notar los obstáculos que las mujeres viven al interior de los partidos y que debería repensar la justicia interpartidaria, pero se requiere de acompañamiento porque no pueden ser juez y parte.
Puntualizó en que se debe incluir en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales asesoría y acompañamiento, tanto jurídico como psicosocial y el fortalecimiento de la autonomía, además de garantizar que los servicios de atención sean integrales, especializados y diferenciales, con enfoque interseccional.
En su participación, la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), destacó el papel del INE en la prevención y sanción de la violencia política de género, el cual busca una política institucional en donde brinden atención, asesoría y acompañamiento psicológico permanente para que las mujeres asistan a una autoridad neutra y, a partir de ese proceso, si deciden acudir a los procedimientos sancionadores cuenten con el respaldo necesario.
Flor Dessiré León Hernández, titular de la Unidad Técnica de Igualdad y No Discriminación del INE, dijo que se debe avanzar para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política. “Queremos desde la unidad compartir estos hallazgos en donde se puso por delante la vida de las mujeres, atender a una mujer política y reconocer cómo se cruzaban las diferentes interseccionalidades para dar una respuesta íntegra”.
Señaló que, si no se reúnen los avances normativos internacionales, nacionales, estatales y locales con la urgente necesidad de que eso se traduzca en una política pública con recurso asignado, evaluación y seguimiento, solo se quedará en muy buenas intenciones. “Hoy estamos aquí reunidas con el interés del INE de ir afianzando en que garanticemos a las mujeres su derecho a la partición política libre de violencia y ese es el gran llamado que tenemos”.
Carla Humphrey, consejera electoral del INE, comentó que existe un gran reto en las presidencias municipales debido a que es el ámbito en el que más se violenta a las mujeres; por ello, es necesario establecer acuerdos para que los partidos políticos impulsen paritariamente el que se postule a mujeres donde nunca ha habido presidentas municipales.
Programa piloto
El programa tiene como objetivo el diseño y coordinación de una política institucional de atención especializada con enfoque interseccional e intercultural a candidatas en situación de violencia política durante el proceso electoral federal 2023-2024. Quedó alineado al Protocolo de Atención a Víctimas del Instituto y para el seguimiento contó con área jurídica y psicológica.
Señala que la violencia psicológica registró un mayor porcentaje en el ámbito local y federal, mientras que la violencia simbólica en el ámbito local registró un mayor porcentaje (69 por ciento) en comparación con el federal (de 50 por ciento), y la violencia económica registró un mayor porcentaje (50 por ciento) en el federal en comparación del local (35 por ciento).
Respecto a las renuncias de candidatas en el ámbito local, se tiene que en el ámbito local se identificaron 7,420 renuncias, de las cuales 4,265 fueron de mujeres (57 por ciento) y 3,155 de hombres (43 por ciento).
Las renuncias en el ámbito federal ascendieron a 346, de las cuales 196 fueron de mujeres (57 por ciento) y 150 de hombres (43 por ciento).
Indica que en el problema del financiamiento político para las mujeres está la falta de apoyo de los dirigentes del partido político y su personal para capacitarles, enseñarles y proporcionarles información, así como sus cuentas de usuarias y contraseñas en el Sistema Nacional de Registros (SNR) y, en consecuencia, del Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
También, proporcionarles el control de las cuentas bancarias de los recursos en efectivo para que ellas puedan consultar por sí mismas dichos sistemas y cuentas.
Menciona que los partidos políticos no les informan de los gastos que hacen y registran en el SNR y el SIF a su nombre y las candidatas no tienen control y conocimiento sobre la integración del informe de campaña que los partidos políticos presentan al INE a través de la Unidad Técnica de Fiscalización.
