El gobierno de Pedro Sánchez, aplicando su trilerismo hasta al lenguaje, nos está dejando toda una serie de perlas que, con toda seguridad, pasarán a la historia de la demagogia política; ya que en un breve espacio de tiempo se ha revelado como un discípulo aventajado de Groucho Marx, pues su actividad de gobierno ha demostrado haber asumido totalmente sus siguientes principios fundacionales:
· La humanidad (en nuestro caso, el gobierno, acotación mía), partiendo de la nada y a base de esfuerzo, ha llegado a alcanzar las cotas más altas de la miseria.
· La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados.
· Es mejor callar y parecer estúpido que hablar y despejar las dudas definitivamente.
· Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros.
Como hemos visto, su forma de hablar cantinflanesco, es lo único que imita de Mario Moreno; pues su sabiduría no, en absoluto, ya que la sabiduría pícara de Cantinflas radicaba, fundamentalmente, en su falta de ambición, que es lo que le sobra a Pedro Sánchez.
El lenguaje de Sánchez, utilizando términos de forma ajena al concepto que significan, como, por ejemplo, al decir: diálogo, cogobernanza, corresponsabilidad, no recentralizar, etc., denota la ruptura del lenguaje – objeto (Bertrand Rusell (1872-1970); y entra en una esfera que requeriría un estudio lingüístico de metalenguaje.
Una buena prueba de eso lo tenemos, estos días, con el ministro de interior, Fernando Grande-Marlaska, con su empanada verbal, al referirse a la crisis con la guardia civil, utilizando los términos: cesar / destituir, como si fueran sinónimos de reestructurar / reorganizar.
Todo eso dará un gran trabajo a los historiadores que, dentro de unas décadas, se interesen por el período presente, ya que tendrán que hacer un verdadero esfuerzo de comprensión.
Efectuada esta introducción, seguidamente me refiero al tema central de estos días, es decir, al cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y la crisis que ha comportado en el cuerpo armado de la guardia civil.
Para facilitar la comprensión, disecciono el tema, separando los diferentes actores implicados:
En primer lugar, es de agradecer que este nuevo tema nos haya permitido olvidar, transitoriamente, el monotema de la pandemia y, esto, cuanto menos, ya es terapéutico.
En segundo lugar, la gran damnificada, una vez más, ha sido la transparencia, ya que las explicaciones que el ministro ha dado, han sido confusas; y ni el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ni la directora de la guardia civil, María Gámez Gámez (que tiene rango de subsecretario y le corresponde, bajo la dependencia del secretario de estado de seguridad, el mando directo del cuerpo de la guardia civil), han dado ningún tipo de explicación, para ellos, como si oyeran llover.
En tercer lugar, la denuncia inicial partió de un particular, el abogado Víctor Valladares, por la gestión contra el coronavirus, que está haciendo el gobierno; y por no prohibir las concentraciones como las del 8M.
“El abogado que ha denunciado al gobierno: condenado y sancionado por estafar a clientes. El letrado niega los hechos y alega que ha ganado ‘todos los juicios’ que ha tenido.
(…) Este abogado ha sido condenado y sancionado por quedarse con el dinero de algunos de sus clientes sin llevar a cabo el trabajo para el que le habían contratado o no dar cuenta de él. Según documentación y testimonios a los que ha tenido acceso esta emisora, el Colegio de Abogados de Madrid le sancionó en dos ocasiones y un juzgado le condenó a devolver el dinero a una clienta en 2018, estando a la espera de otro juicio en Madrid este mes de junio. Otro juzgado, en sentencia no firme, le ha condenado hace dos meses por un delito leve de estafa por engañar a otro cliente.
Su denuncia presentada en Madrid ha propiciado la apertura de una causa contra José Manuel Franco (…), el letrado, además, ha presentado también una denuncia contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo y anuncia la creación de una asociación con más de 7000 personas contactando ya con él, para sumarse. Si bien negó ir a pedir ningún dinero a la gente que se sume a sus acciones contra el Gobierno, y reconoció la existencia de estos procedimientos judiciales, aunque negando los hechos, alegando que había ganado todos los juicios a los que se había enfrentado y denunciando una campaña contra él, en las redes sociales.
Uno de estos casos fue sentenciado en junio de 2018 por el juzgado 87 de Madrid: fue condenado a indemnizar a una mujer (Cristina Muñoz) con 1300 € por no haber interpuesto acciones legales en una demanda de derecho al honor por el que le había pagado. Valladares fue declarado en rebeldía y que también le costó una sanción de quince días por parte del Colegio de Abogados de Madrid.
(…) Un caso similar (…) le llevará al banquillo del juzgado de lo penal 24 de Madrid el próximo mes de junio. Está acusado de estafa, falsedad en documento público y deslealtad por supuestamente, quedarse con 3300 € por una clausula suelo que tampoco puso en marcha.
(…) Según las bases de tatos del Consejo General del Poder Judicial, ese letrado ha ejercido durante años y su nombre aparece en diversas sentencias como letrado, pero que en este momento no figura ni en las bases del Consejo General de la Abogacía Española ni en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
(…) Asociaciones del ámbito de la protección animal, como Justicia Animal o Animal Rescue aseguran haber pasado por lo mismo, pero especificando que no llegaron a denunciarle.
(…) Otro de los testimonios recabados por la SER es el de Ana Rosa Castro, que encomendó a Valladares el intento de encontrar y retornar a su hija desde Argelia, donde permanece con su padre. El ICAM terminó imponiéndole una sanción de quince días en enero del 2018, por infringir las normas deontológicas ‘ya que no consta que el letrado haya informado sobre el estado en que se encuentra el asunto encomendado’ “(Cadena SER).
La información sigue detallando hasta una docena de casos similares, retratando, de ese modo, el perfil personal y profesional de ese letrado. Y creo que ese perfil debería ponderarlo el juez, en el momento de abrir la causa o no.
Que, en este caso, tan ideológico, la juez haya aceptado la denuncia, ya dice mucho.
En cuarto lugar, la juez Carmen Rodríguez Medel, titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid decidió imputar al delegado del gobierno en Madrid, José Manuel franco Prado, al que ha citado a declarar el próximo 5 de junio, por permitir concentraciones multitudinarias como las feministas del 8 de marzo, los días previos a la declaración del estado de alarma. La instrucción mantiene abiertas las diligencias por un delito de prevaricación, pero archiva el de lesiones imprudentes, aconsejada por el médico forense.
Obviamente, la juez tiene y ha de tener autonomía y libertad para realizar las instrucciones que estime pertinentes, nada que objetar. Y ella es la que debe ponderar la lógica del acusador / demandante y, en este caso, como ya hemos visto, Valladares tiene un “buen currículo”, que la juez, entiendo, que calibró adecuadamente.
Y que las tesis del acusador coincidan con las de los tres partidos de la derecha, que buscan derrocar al gobierno, por tierra mar y aire; es un elemento más que debe quedar en la subjetividad, lógicamente, pero que la juez debería valorar.
Yo desconfío de las coincidencias, y en política siempre son más que dudosas; pero ese punto no tiene más recorrido, a pesar de es remarcable que esta juez es hija y hermana de guardias civiles.
En quinto lugar, la instrucción, como sabemos, es la que ha comportado la crisis.
Es preciso señalar que la policía, sea del cuerpo que sea, cuando actúa de policía judicial, es decir, bajo el mando de un juez, debe mantener obediencia total al mismo, y seguir sus instrucciones, especialmente la confidencialidad. Y, consecuentemente, debe actuar al margen de su mando directo. No pudiendo ser apartado, promocionado o democionado, mientras dure la causa.
“La juez actúa así pese a las presiones del Ministerio del Interior, al frente del cual están el juez Fernando Grande-Marlaska, para entorpecer esta causa. El ministro fulminó ayer al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, después de que el mando se negara a trasladarle a sus superiores políticos los informes que había entregado la Policía Judicial a la instrucción de la causa.
Pérez de los Cobos no trasladó los informes a sus superiores en el Ministerio porque la juez le había ordenado esa reserva. Rodríguez Medel está dispuesta, si le constan estos motivos de forma oficial y fehaciente, a tomar decisiones en el ejercicio de sus competencias que incluirían la petición de su postura al ministerio fiscal” (ABC).
Por lo tanto, el coronel Diego Pérez de los Cobos, si es cierto todo lo expuesto, habría actuado como le correspondía, al menos formalmente.
Ahora bien, con relación al fondo, al informe elaborado por unos capitanes de la guardia civil, y que el coronel coordinó y elevó a la juez, efectivamente es denigrante, ya que, según se ha filtrado, en las 81 páginas, como ya comenté en un escrito anterior, hay un cúmulo de errores y las fuentes de información son portadas de diarios de ultraderecha (Jiménez Losantos y Eduardo Inda).
Es la elaboración torticera de un relato tendencioso, lejos de la objetividad y profesionalidad que debería tener un informe inculpatorio, por las consecuencias legales que de él se pueden derivar, como vimos en el proceso contra nuestros representantes políticos y sociales; ya que la fiscalía aceptó como buenos los informes elaborados en su momento, por el “famoso” teniente coronel de la guardia civil, Daniel Baena, alias el ‘Tácito’.
Es cómico que precisamente utilizase ese sobrenombre, que es un adjetivo que significa: “que no se expresa o no se dice, pero se supone o se sobreentiende” (RAE)
Marco Claudio Tácito Augusto (200-276), emperador romano durante seis meses: “A pesar de los rumores puestos en circulación por él mismo, no tenía parentesco con el autor e historiador romano Tácito” (Wikipedia)
En su momento veremos si la sentencia da validez, en este caso, a ese informe.
En sexto lugar, la actuación, supuestamente, del ministro Fernando Grande-Marlaska, deja mucho que desear, y serían delictivas si realmente hubiese intentado frenar o influir en la elaboración del informe, hechos que desmintió en el congreso, diciendo que, en otras situaciones, años atrás, se habían hecho cambios de personas para frenar informes, y que no era el caso actual.
Ese comentario, de ser cierto, en su momento debería haberlo denunciado.
Respecto al cese de Pérez de los Cobos, notificado, en primer lugar, por la pérdida de confianza, y después, como fruto de una reestructuración largamente estudiada, obviamente, plantea muchas dudas.
En general, que negase ningún tipo de acción respecto el informe, y el cese del coronel, deberá estudiarlo la juez encargada del caso. Pero, efectivamente, algo huele a podrido, pero no en Dinamarca, como escribió William Shakespeare, sino mucho más cerca.
En séptimo lugar, el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, debería haber seguido el formalismo correspondiente, como ya he comentado; pero, en este caso, los independentistas consideramos que, por fin, acabar con ese olor, ya es un mínimo de justicia.
En octavo lugar, la dimisión del número dos de la guardia civil, el ja exdirector adjunto operativo (DAO), Laurentino Ceña, que no estaba de acuerdo con la interferencia del ministro en las actuaciones del cuerpo armado, como policía judicial.
Esa dimisión, en solidaridad con el cesado coronel, a mi modo de ver, merece una sanción disciplinaria, no una jubilación anticipada.
Si realmente vio la interferencia del ministro, debería haberla denunciado en su momento, a la juez y a la directora de la guardia civil, la citada María Gámez Gámez, pero, como he comentado, esa directora, por lo visto, ni ve, ni oye ni habla.
Por lo tanto, la dimisión del teniente general Ceña, sólo puede interpretarse como una forma de presión al ministro; y pone en evidencia que el “todo por la patria”, realmente es todo; y, asimismo, pone en evidencia que el orgullo por el servicio a veces queda aparcado por intereses particulares.
En noveno lugar, que el ministro Grande-Marlaska, intentara apaciguar la crisis, mediante el aumento salarial del 20% de media a todos los miembros de la guardia civil y policía nacional, con efectos retroactivos desde enero, ‘como reconocimiento por la gran labor efectuada’, no aumenta su poder ni su autoridad como ministro, sino todo lo contrario, ya que es una forma de reconocer su debilidad, y la del gobierno.
Y no deja de ser una ofensa a los sanitarios, que realmente han estado en primera línea; y también a todos los trabajadores que aún no han cobrado los ERTE (expediente regulación transitoria empleo), ni a los autónomos, ni …; en definitiva, una gran chapuza y un gran insulto, pues cuando se quiere e interesa, hay presupuesto para ello; mientras que para otras necesidades más perentorias, todo son problemas y dilaciones, como la tramitación del mínimo vital para los necesitados.
En décimo lugar, “el General de División Pablo Salas Moreno es el nuevo número uno (DAO) de la Guardia Civil (bueno, el número dos, pero el 1 es el cargo público, civil y transitorio, nombrado por cada Gobierno), en sustitución del general Laurentino Ceña, máximo jefe de la Benemérita.
(…) Marlaska, con su nombramiento, pega el salto por encima de tres tenientes generales y nombra a un general (…) a quién un alto cargo de la Benemérita definió así: ‘ni una mala palabra, ni una buena acción’”. (Hispanidad).
Todos hemos visto ascensos injustificados, pero está claro que en los cuerpos militares el escalafón, el rango, el empleo y la antigüedad, son cosas sacrosantas, y por eso, el ministro anunció que de acuerdo con la ministra de defensa, en breve se publicaría el ascenso de Salas a teniente general, para equipararlo a sus ‘colegas’, pero, la antigüedad en el rango, en el empleo, etc., seguirán siendo inferiores.
En undécimo lugar, “tras la dimisión del número 1, Laurentino Ceña, ahora dimite el número 2, el teniente general de operaciones, Fernando Santafé Soler, que era quién debía sustituir a Ceña. Las asociaciones de guardias civiles están presionando a sus jefes para conseguir una cadena de di misiones. Ya casi la tienen” (Hispanidad).
Tal como he comentado, el escalafón militar es sagrado y, por lo que se ve, está por encima del “todo por la patria”.
A mi modo de ver, este cese también debería ser objeto de sanción disciplinaria. Ya que las órdenes deben acatarse, al menos eso es lo que siempre nos dicen a todos.
Obviamente, una orden injusta, como apalear a la población que quiere votar, debería haber merecido una objeción de conciencia, pero un nombramiento, por irregular que sea, no es un motivo ético para no obedecer.
En duodécimo lugar, el general de división Félix Blázquez González, que hasta ahora era la autoridad nacional de coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en Gibraltar, ha sido nombrado para sustituir al teniente general Fernando Santafé en el mando de operaciones.
Es decir que, de ser responsable de la frontera, ahora lo es del mando operativo de todo el estado; y, supuestamente, también lo ascenderán a teniente general.
Como podemos ver, una gran crisis de la que sólo conocemos, de momento, la punta del iceberg, pero que los tres partidos de la derecha intentan aprovechar para exigir explicaciones al gobierno. Y como parece evidente, todo este tinglado ha sido montado, precisamente, por la extrema derecha, para acabar con el gobierno del PSOE-Podemos.
Y a tal fin, Víctor Valladares, ha sido el desencadenante y, obviamente, ese ‘acto de heroísmo’ le será debidamente reconocido y pagado.
Como ya expliqué ayer, la derecha, como vencedora de la guerra incivil, considera que el poder del estado es suyo, es su patrimonio, su cortijo y, transitoriamente, lo dejan en manos de los socialistas, siempre y cuando ‘se comporten’, pero, en este momento, un gobierno con los que consideran los ‘podemitas, los comunistas, los chavistas, etc.’, para los vencedores de la guerra, eso ya es poner en riesgo la España, una grande y libre, y no pueden aceptarlo.
Yo también creo que Pedro Sánchez debe dar explicaciones, ya que esta crisis es un tema sumamente importante, y no puede ocultarse, debe despejar el papel del ministro del interior, etc; pero, lo que es más importante, y que debe hacer, es apoyarse en las fuerzas que apoyaron su presidencia, y realizar los cambios de calado que necesita este estado, desde la judicatura, la policía, los tribunales de cuentas, etc.
Es precisa una gran limpieza, que entren aires nuevos, si se quiere mantener ese estado; en caso contrario, la podredumbre irá en aumento y la coyuntura del actual gobierno de coalición no habrá servido para nada, y Pedro Sánchez haría buenos los principios de Groucho Marx, ya citados:
· La humanidad (en nuestro caso, el gobierno, acotación mía), partiendo de la nada y a base de esfuerzo, ha llegado a alcanzar las cotas más altas de la miseria.
· La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados.
· Es mejor callar y parecer estúpido que hablar y despejar las dudas definitivamente.
· Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros.
Y como los problemas nunca aparecen solos, ahora tenemos la decisión de la marcha de Nissan de Barcelona, a pesar del twitt de Pedro Sánchez, hace unos meses desde Davos. Y ese es otro ejemplo más de la escasa consistencia de este personaje, y de la poca validez de sus comentarios.
Pero ese es otro tema, hoy ya me he extendido demasiado.
Amadeo Palliser Cifuentes
