Ciudad de México, junio de 2025. Esta semana, el marco del “Día internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas” MUCD y el Instituto RIA, reivindicamos la exigencia de una nueva política de drogas, bajo la campaña global #ApoyeNoCastigue. Hacemos un llamado para que el gobierno federal y los gobiernos locales adopten políticas de reducción de riesgos y daños para abordar el consumo de sustancias psicoactivas. El modelo de prohibición y “guerra contra las drogas” no solamente ha fracasado sino que ha generado una grave crisis de violaciones a derechos humanos y de salud pública que sigue afectando a grupos históricamente vulnerables.
En México, a partir de la postergación de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), se carecen de datos oficiales actuales que permitan desarrollar intervenciones basadas en la evidencia científica, con perspectiva de derechos humanos, salud pública e interseccionalidades. En su lugar, el gobierno federal ha apostado por campañas que estigmatizan y criminalizan a las personas usuarias. Las estrategias de prevención del consumo, basadas en el miedo y la desinformación, también han resultado ineficaces. Lo anterior contrasta con los avances en la legislación local y con las prioridades internacionales.
Ante la falta de datos y de políticas de reducción de riesgos, organizaciones civiles y personas usuarias de sustancias han sumado esfuerzos para responder a la demanda de servicios comunitarios y de medicamentos esenciales dirigidos a poblaciones de atención prioritaria, a pesar del riesgo de ser criminalizadas y de contar con recursos limitados.
La reducción de riesgos y daños es una perspectiva que propone estrategias costo-efectivas que, aplicadas de manera conjunta, generan una política integral para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población. Entre estas acciones se encuentran: la información basada en la evidencia científica sobre sustancias y sus efectos, el análisis químico de sustancias, la distribución de parafernalia higiénica, las salas de uso supervisado y el acceso a medicamentos esenciales para revertir y reducir casos fatales de sobredosis.
Por ello, este día, reiteramos el llamado al gobierno de México a impulsar alternativas que contribuyan al diseño e implementación de políticas públicas sobre drogas basadas en la reducción de riesgos y daños, en colaboración con la sociedad civil organizada, los servicios comunitarios y la investigación académica, mediante las siguientes acciones puntuales:
Constituir un Comité Nacional para acompañar la formulación, diseño e implementación de la política federal de drogas y de reducción de riesgos y daños.
- Diseñar una campaña de comunicación sobre sustancias psicoactivas basada en evidencia científica y con un enfoque de derechos humanos con indicadores de medición de efectos.
- Eliminar las restricciones administrativas que dificultan el acceso a la metadona para el tratamiento por consumo de opioides y la naloxona para prevenir y reducir casos fatales de sobredosis por opioides.
- Incorporar el enfoque de reducción de riesgos y daños en los planes sectoriales y especiales relacionados con salud, salud mental y prevención de adicciones.
- Integrar una perspectiva de género, interculturalidad y otras interseccionalidades en el análisis e interpretación de la encuesta sobre consumo de sustancias que el gobierno federal se encuentra trabajando actualmente.
- Impulsar mecanismos de justicia social y justicia restaurativa que contribuyan a reducir la criminalización por posesión simple de drogas.
- Regular el autocultivo legal de cannabis para uso adulto, en cumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018.
Consideramos que solo el trabajo conjunto y la apuesta por alternativas innovadoras, basadas en la evidencia y en la comunidad, harán posible construir una política de drogas que ponga en el centro los derechos humanos de las personas usuarias, sus familias y las comunidades. Confiamos en que pronto se cuente con datos nacionales sobre la prevalencia del consumo, lo que permitirá fortalecer la toma de decisiones en políticas públicas. Asimismo, es urgente adoptar la perspectiva de reducción de riesgos y daños como ruta para transformar el paradigma punitivo y emprender un camino hacia la reparación del daño y la construcción de paz en el país
