A través de un comunicado enviado a Edomex al Día el pasado 8 de julio, se ha hecho pública una denuncia de alta preocupación social que alerta sobre un caso grave de represión y violencia política de Estado, con riesgo directo para la población residente, en el contexto de persecución religiosa en el estado de Querétaro.
El caso gira en torno al grupo mariano católico Franciscanos de la Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María (FRALLAMA), cuyas actividades de evangelización habrían sido blanco de una persecución sistemática y coordinada. Según el comunicado, los integrantes del grupo —autorizados por licencias eclesiásticas y civiles— han sido objeto de hostigamiento, vigilancia y agresiones como parte de una presunta operación impulsada por intereses criminales infiltrados en órganos gubernamentales locales.
Los hechos estarían vinculados a la defensa de los derechos ciudadanos, la denuncia de redes delictivas y la resistencia espiritual frente a lo que califican como “grupos disruptivos ligados a actividades ilícitas como narcomenudeo, trata de personas y narcoterrorismo”.
El documento enviado advierte sobre el uso velado y encubierto de armas especializadas de inteligencia artificial tipo sónico-vibratorias y similares, cuyo objetivo sería causar efectos y daños a la salud de las víctimas sin que estas identifiquen fácilmente el origen del ataque. Se afirma que estas armas son detectables y medibles, pero que su existencia se encubre para mantener cadenas de economía ilícita vinculadas a la delincuencia organizada. Los denunciantes alertan que el uso de términos imprecisos o frases como “efectos en la salud mental” pueden ser utilizados por los actores persecutores —identificados como parte de un presunto Cártel Inmobiliario— para desprestigiar públicamente a las víctimas, aludiendo falsamente a supuestos padecimientos psicológicos. Incluso, señalan la manipulación de expedientes mediante declaraciones falsas y documentos “sembrados” que afirman una atención médica inexistente, como parte de una estrategia sistemática para obstaculizar los procesos judiciales y encubrir el caso.
Entre las pruebas formales se incluyen denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (CI/QRO/3047/2019), la Fiscalía General de la República (FED/0001283/2020), y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), folio 018878. Estas denuncias contienen características técnicas sobre las armas descritas, sus mediciones, modos de uso y otros elementos que actualmente forman parte de una cadena de custodia legal, por lo cual no pueden hacerse públicos.
También se ha recurrido a instancias nacionales e internacionales, entre ellas:
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), expediente 2025/13124.
- Oficina Especial para la Investigación de la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política de Estado, bajo el mismo folio.
- Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con nuevo expediente CIDH-0000101723 del 20 de julio de 2025.
- Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada, mediante solicitud de apoyo humanitario.
- Secretaría de Gobernación, Presidencia de la República, y Secretaría de Estado del Vaticano, encabezada por el Cardenal Pietro Parolin.
Los denunciantes reiteran que la situación persiste y que no han recibido el auxilio efectivo de las autoridades, incrementando el riesgo y la revictimización. Subrayan que los integrantes de FRALLAMA cuentan con arraigo, trayectoria profesional y social íntegra.
Desde este medio, reiteramos nuestro compromiso con el respeto a la verdad y los derechos humanos, y exhortamos a las autoridades a emitir una postura oficial y garantizar el cumplimiento del marco legal nacional e internacional, particularmente en materia de libertad de religión y protección frente a la violencia institucional.
