Las afectaciones que se han generado dentro del sistema penitenciario mexicano, derivado del COVID-19, superan las ubicaciones geográficas de los propios centros del país. A dos meses de la instauración de la jornada Susana Distancia, en ASILEGAL comenzamos a llevar a cabo el Mapa Penitenciario Covid-19 y, a la par, nos dimos la tarea de lanzar esta investigación, principalmente enfocada en familiares de personas privadas de libertad, así como propias aún en reclusión o recientemente liberadas, sobre el desarrollo, atención y subsecuentes resultados de las omisiones o acciones de las autoridades frente a la crisis de salud.
De esta manera, dimensionar el problema que se tenía de antemano, la crisis que ya se vivía fuera del contexto de la pandemia, es necesario ilustrarlo con datos concretos que hemos compartido anteriormente: Antes del COVID-19 ya habían 76,745[1] personas en prisión preventiva —sin sentencia—, algunos con más de 10 años en dicha situación; antes del COVID-19, 110[2] centros a lo largo y ancho del país presentaban sobrepoblación, en ocasiones albergando a 11 personas en espacios para 5; antes del COVID-19, 27 de los 32[3] estados tenían deficiencias importantes para atender la salud de la población, llevando a casos fatales de enfermedades solucionables en lo ordinario de la cotidianidad. Y la caravana del abuso que sucede dentro del sistema penitenciario sigue y sigue, con cifras que señalan autogobierno, o que en el 75%[4] de las entidades federativas se presentan deficiencias en garantizar una buena alimentación a las personas privadas de libertad.
LOS TESTIMONIOS
Los testimonios a continuación, con cambios de nombres por cuestiones de seguridad y confidencialidad, fueron recopilados por ASILEGAL durante el transcurso del último mes, después de la declaración de cancelación de visitas dentro de los centros penitenciarios y el subsecuente blindaje de información o nula transparencia de las autoridades. No obstante, estos se reproducen íntegramente con cambios mínimos para comprensión de lectura y contexto conversacional.
LA ESTELA QUE DEJA EL VIRUS
La mezcla de los antecedentes, la información recopilada a través de medios y fuentes oficiales y los sucesos que se siguen desarrollando dentro de los centros penitenciarios, culminan con estos testimonios. Ante la precariedad y vulnerabilidad extraordinaria, no se ha logrado configurar la acción que el contexto demanda y, como consecuencia, estas voces se multiplican en los 32 estados; dentro y fuera de los cientos de centros que hay en el país.
El Estado se debe como garante de derechos y la población civil debe como esfuerzo colectivo tener el valor de superar la visión punitiva imperante, e instaurar una propia de derechos humanos. Detener el abuso no llega desde leyes extraordinarias que se han redactado y rectificado en el país como la Ley Nacional de Ejecución Penal o la Constitución, sino en asumir, respetar y demandar que se viva según lo que los lineamientos de derechos fundamentales que estas contemplan.
La falta de transparencia y una poca noción de respeto a la dignidad humana, son elementos indispensables para que se desarrolle una crisis humanitaria como la actual. Poder dilucidar un camino fuera de ella, por lo tanto, tendrá que ser de la mano de información, corresponsabilidad y atención a familiares, personal penitenciario y personas privadas de libertad de manera similar. Desde ASILEGAL nos solidarizamos con toda persona que ha sido víctima de la vulneración de sus derechos y reafirmamos nuestro compromiso de luchar por ellos.
– De acuerdo al Órgano de Prevención y Readaptación Social (OPRS), a febrero de 2020 la población privada de libertad ascendía a 203,393 personas, de las cuales 10,696 pertenecían a la población femenil y 192,697 a la población varonil, de ese total 76,475 personas se encontraban en prisión preventiva.
2 – Órgano de Prevención y Readaptación Social (OPRS), febrero 2020.
3 – Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 (DNSP)
4 – op. Cit. (DNSP 2019)
