· Se trata de una plataforma abierta y colaborativa para visibilizar, documentar y denunciar la interferencia de la industria alimentaria en América Latina y El Caribe.
· Ya cuenta con más de 100 casos documentados, que muestran patrones de malas prácticas como cabildeo, puertas giratorias y captura del Estado, afectando políticas, ciencia y derechos humanos.
· Sociedad civil, academia, periodistas y activistas pueden alimentar la herramienta para fortalecer la vigilancia ciudadana y la defensa del derecho a una alimentación saludable.
Ciudad de México, a 27 de agosto de 2025.- Con el objetivo de exponer, monitorear, vigilar y denunciar las malas prácticas y estrategias de interferencia de la industria alimentaria en América Latina y El Caribe, El Poder del Consumidor y la Comunidad Latinoamericana y El Caribe de Nutrición y Salud (COLANSA) presentan VIA (Vigilando a la Industria Alimentaria), una innovadora plataforma colaborativa y de uso abierto para la sociedad civil, academia, estudiantes, activistas y medios de comunicación.
VIA nace como una herramienta clave para visibilizar y denunciar la interferencia de la industria alimentaria en políticas públicas, comunicación, investigación científica y otros espacios que afectan directamente el derecho a la alimentación saludable. A través de un trabajo riguroso de documentación, análisis y denuncia, VIA busca fortalecer el control ciudadano y la rendición de cuentas. Las entidades comerciales, usan una maquinaria de estrategias integradas y sofisticadas. Estas estrategias están diseñadas para proteger y promover los intereses comerciales, a menudo a expensas de la salud pública, el ambiente, la democracia y los derechos humanos, a esto se le conoce como Actividad Política Corporativa.
Durante la presentación, Christian Torres, coordinador de conflicto de interés e interferencia de la industria en El Poder del Consumidor, destacó que VIA surge como una respuesta ante el creciente poder e influencia de la industria alimentaria en la formulación de políticas públicas, en el financiamiento de ciencia, en la violación de derechos humanos y en la manipulación del discurso científico y mediático. “VIA no solo busca documentar y denunciar casos concretos de interferencia, sino ofrecer una visión estructurada y sistémica de cómo operan estás estrategias en la región de América Latina y El Caribe”, explicó.
Por su parte, Ana Larrañaga, investigadora de salud alimentaria de El Poder del Consumidor, compartió los primeros resultados recopilados por la plataforma: 100 casos documentados que evidencian patrones comunes de malas prácticas, las cuales han sido tipificadas de acuerdo con el Marco de Actividad Política Estratégica, una herramienta metodológica que permite clasificar y entender los modos en que la industria influye negativamente en las políticas alimentarias. Entre las estrategias más comunes de interferencia se encontraron la utilización de las leyes para obstruir políticas por medio del cabildeo, las puertas giratorias y la captura del Estado. “A partir de esta sistematización, destacan discursos como el impacto negativo a la economía de empresas, la pérdida de empleos, y que las políticas alimentarias van contra los acuerdos internacionales”, compartió.
Adicionalmente, entre las políticas alimentarias donde ha existido expresión de interferencia, destaca el etiquetado frontal de alimentos, los impuestos saludables, la regulación de la publicidad y de los entornos escolares, y algunos programas de reducción de sodio y de combate a la desnutrición.
Se identificaron 166 entidades comerciales en América Latina y El Caribe que han desplegado estrategias de interferencia. Se pueden clasificar como: cámaras comerciales (65), corporaciones transnacionales (28), industria de alimentos (20), corporaciones nacionales (20), industria de alimentos y bebidas (14) y organizaciones fachadas (8), entre otras.
Entre las entidades más mencionadas destacan: Coca-Cola (38), el conglomerado de alimentos y bebidas (20), PepsiCo (19), Postobón (18), Nestlé (15), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (14), ILSI (12), Kellogg’s (12), Bimbo (9) y ConMéxico (9).
Desde Brasil, Luana Lara, del nodo de interferencia de la industria de COLANSA, destacó la relevancia del trabajo articulado entre organizaciones de la sociedad civil en la región. Subrayó cómo la colaboración y las coaliciones han permitido resistir y mitigar la interferencia corporativa, e invitó a organizaciones, activistas y ciudadanía a consultar, utilizar y alimentar la plataforma con nuevos casos. “VIA representa una oportunidad única para visibilizar la magnitud del problema, facilitar el trabajo de incidencia de organizaciones sociales y aportar evidencia sólida para la toma de decisiones informadas”, agregó.
Finalmente, Diego Rodríguez, director de la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social (OMIS) de Uruguay, cerró el evento con una reflexión sobre el papel crucial de la sociedad civil en la construcción de entornos alimentarios más justos y saludables, haciendo un llamado a la acción para que más personas e instituciones se sumen a este esfuerzo colectivo. Asimismo, subrayó que la plataforma está diseñada para ser colaborativa, abierta y accesible para que la ciudadanía, investigadores, periodistas y activistas participen en la vigilancia y defensa del derecho a una alimentación saludable, y libre de intereses corporativos.
VIA ya está disponible para consulta pública y para recibir contribuciones ciudadanas. Es una herramienta viva, en constante crecimiento, que busca fortalecer la vigilancia independiente sobre el poder corporativo en la alimentación.
Para más información, visita: https://interferenciaindustria.org/
Consulta la hoja informativa Interferencia de la industria de ultraprocesados y bebidas azucaradas en América Latina y El Caribe, disponible en: https://issuu.com/elpoderdelconsumidor/docs/hoja_informativa_via
Contacto prensa:
Rosa Elena Luna cel. 55-2271-5686;
Diana Turner cel. 55-8580-6525;
Denise Rojas cel. 55-1298-9928
ANEXO 1. CASOS DE INTERFERENCIA DE LA INDUSTRIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
México
La industria alimentaria ha interferido en políticas de salud pública como el Etiquetado Frontal de Advertencia (EFA). Empresas como Coca-Cola y Nestlé intentaron debilitar el etiquetado mediante cabildeo con legisladores y presión sobre autoridades sanitarias. Usaron estrategias como captura regulatoria, financiamiento de estudios científicos sesgados y campañas de desinformación para confundir al público sobre los efectos del azúcar.
Colombia
En el intento de implementar un impuesto a las bebidas azucaradas en 2016, la industria, especialmente Postobón, ejerció presión política directa, patrocinando campañas de desinformación en medios de comunicación y ejerciendo influencia sobre el Congreso. También utilizaron frentes ciudadanos falsos para aparentar rechazo social al impuesto.
Brasil
La industria utilizó estrategias de cabildeo y alianzas con sectores del gobierno para retrasar regulaciones sobre publicidad infantil de alimentos ultraprocesados. También financiaron investigaciones académicas que minimizaban los riesgos del consumo de productos altos en azúcar, sal y grasas, afectando la agenda científica y regulatoria.
Argentina
Durante la discusión de la Ley de Etiquetado Frontal de Advertencia (aprobada en 2021), hubo una intensa campaña de lobby empresarial y presión sobre el Congreso, argumentando perjuicios económicos y laborales. Se difundieron mensajes en medios de comunicación que buscaban desacreditar la eficacia del etiquetado y generar miedo económico.
Chile
Aunque se logró implementar una ley de etiquetado estricta en 2016, la industria previamente intentó retrasar su aprobación mediante cabildeo y propuestas alternativas más laxas. También utilizaron estrategias de cooptación, como participar en mesas técnicas para influir en el diseño final de la política, buscando debilitarla desde dentro.
Jamaica
La industria alimentaria ha interferido en los esfuerzos por implementar un Etiquetado Frontal de Advertencia -similar al modelo chileno- mediante estrategias como el cabildeo político y la promoción de sistemas de etiquetado voluntario menos estrictos, como el GDA. Las empresas también han financiado programas educativos y actividades de responsabilidad social corporativa para mejorar su imagen y ganar influencia sobre las decisiones políticas. Además, han argumentado que las regulaciones afectarían negativamente al comercio y al empleo, buscando frenar políticas de salud pública que advierten sobre el alto contenido de azúcar, sal y grasas en los productos ultraprocesados.
