“El Tribunal Supremo fuerza la máquina para revisar, en setiembre, la condena contra el president Torra. La sala segunda del Tribunal Supremo español, presidida por el juez Manuel Marchena, fija la vista para el recurso de casación del president de la Generalitat Quim Torra, para el 17 de setiembre, sin haber resuelto, todavía, la admisión a trámite ni haber nombrado un ponente.
El recurso de casación del president, contra su condena de un año y medio de inhabilitación, por desobediencia por no retirar el lazo amarillo (en defensa de los presos políticos, después cambiado por una pancarta, con idéntica significación) del balcón de la Generalitat.
El 17 de setiembre no se dará a conocer la decisión del tribunal, sino que se notificará más adelante” (Vilaweb).
Seguidamente, Gonzalo Boye, el abogado de Torra, ha lanzó anteayer (11/6), la siguiente línea de twits:
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“En democracia, los abogados nos enteramos de las decisiones judiciales directamente y no a través de whatsapp de prensa de los tribunales.
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La justicia, en democracia, no sólo aplica la Ley desde una interpretación democrática del Derecho, sino que actúa con transparencia.
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¿Cuál es el criterio que sigue el Supremo para resolver los recursos de casación?
El del President Torra es el 203/2020 ¿se han resuelto ya los anteriores 202 de este año y los pendientes de los años anteriores o esto es a la carta?
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Vaya…, pero si aún no está claro quién será el ponente ¿cómo sabe que será admitido a trámite y se pone fecha para la vista?
Si aún no hay ponente para resolver la admisión o inadmisión del recurso, ¿cómo saben ya que el 17 de septiembre se podrá celebrar la vista de un recurso que, insisto, ni está admitido ni inadmitido sino pendiente de determinarse?
Otro ejemplo de la actuación judicial, lo tendremos el próximo lunes (15/6), ya que “El pleno de la sala primera del Tribunal Constitucional (TC) (…) examinará tres recursos de amparo del PP y de Ciudadanos, contra las fórmulas de juramento o promesa de los diputados y senadores el 21 de mayo del 2019. Por referirse a la pasada legislatura, el resultado de la votación no debería tener efectos prácticos. Ahora bien, los magistrados ponentes pretenden llevar el asunto al plenario del TC y dejar fijado un precedente para el recurso de Vox contra 29 diputados de la actual legislatura. (…) Si se marca jurisprudencia, podría afectar directamente el recurso que Vox contra 29 diputados de ERC, Bildu, JxCat, la CUP y Unides Podem en la constitución del Congreso de Diputados el 3 de diciembre del 2019. La actual legislatura podría quedar en el aire y también todas las decisiones que se han tomado desde enero, entre ellas, las votaciones del estado de alarma” (Ernesto Ekaizer, Ara, 12/6).
Efectivamente, nuestro sistema judicial me recuerda el proceso inquisitorial español, instaurado en 1478 por decisión de Fernando el Católico, para combatir a los judíos. Esa institución dependía directamente de la corona y, durante mucho tiempo, fue la única institución común en los reinos de Aragón y Castilla. Duró durante la dinastía de los Habsburgo y de los Borbones, hasta el año 1834 (fuente Wikipedia).
“Tomás de Torquemada (1420-1498) fue nombrado Inquisidor General el año 1482, por Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. En 1492, Torquemada fue uno de los propulsores de la expulsión masiva de los judíos de España (Decreto de la Alhambra). Torquemada es recordado como principal impulsor de la Inquisición española que fue generalmente responsable de injusticias y sufrimientos mediante el uso de torturas, denuncias anónimas y ejecución en la hoguera, en los llamados ‘actos de fe’.
El cronista castellano coetáneo, Sebastián de Olmedo, lo denominó ‘el martillo de los herejes, la luz de España, el salvador de su país, el honor de su orden’. El nombre de Torquemada, como parte de la leyenda negra de la Inquisición española, se ha convertido en sinónimo de la crueldad y del fanatismo al servicio de la religión.
La Inquisición llegó a tener un control sobre la vida de los individuos en España, con una minuciosidad rara vez igualada con anterioridad al siglo XX. Cualquier persona a partir de 12 años (las niñas) y de 14 (los niños) era completamente responsable para la Inquisición. Los ‘herejes’ (cualquier cristiano que no comulgase con las ideas católicas) y los ‘conversos’ (que se convertían en católicos para evitar la persecución) fueron los principales objetivos, pero cualquiera que se atreviera a hablar contra la Inquisición era considerado sospechoso. Para evitar la propagación de las ‘herejías’, Torquemada, tal como se hacía en toda Europa, promovió la quema de literatura no católica, en particular, bibliotecas judías y árabes” (Wikipedia).
No deja de ser curioso que las niñas, legalmente, fueran responsables dos años antes que los niños. Es una muestra más de la misoginia que ha existido siempre; en ese caldo de cultivo, para demonizarlas. En siglos posteriores, esa ‘legalidad’ se retardó, hasta no hace muchas décadas, las mujeres no podían abrir una cuenta bancaria, sacar el carnet de conducir, etc., sin la autorización paterna o del marido.
La actuación judicial, policial, etc., del sistema español, no es un problema de ahora, “(…) lo que ahora se denomina ‘deep state’ español existe desde hace siglos -aunque parece que algunos ‘despistados’ lo acaben de descubrir. Los partidos que gobiernan España siempre han sacado provecho de este ‘deep state’ para lo que hace referencia al catalanismo” (Xavier Roig, Ara, 12/6).
“Las últimas elecciones catalanas las decidió Mariano Rajoy (aplicando el artículo 155 de manera arbitraria y salvaje) y las próximas las decidirá el Tribunal Supremo: no convocándolas (los tribunales aún no convocan elecciones, pero no demos ideas) pero sí, previsiblemente, inhabilitando el president Quim Torra. (…) Sirve, esto sí, para marcar hasta dónde es capaz de bajar el nacionalismo español de estado, en la persecución de sus adversarios políticos. (…) Que un tribunal inhabilite un presidente de la Generalitat, y aún más, por un motivo tan fútil, es una idea muy forzada desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista político ya es un disparate descomunal, y encima más en un estado como el español, que cuenta con una extensa tradición de presidentes de la Generalitat eliminados de las más diversas maneras (ejecución o exilio, principalmente)” (Sebastià Alzamora, Ara, 12/6).
Sé que es muy exagerado decir que estamos en el peor estado, en el peor momento, pero casi, casi. Un estado que retiene, explota y ningunea a una parte importante de su población, concentrada en una comunidad autónoma perseguida desde hace siglos, no puede mantenerla así, durante mucho más tiempo.
Hemos estado así durante siglos, es cierto; pero en esta última década la situación ha cambiado sustancialmente, ya que, si bien en muchas épocas hemos tenido líderes en prisión y ejecutados, en este momento el porcentaje de independentistas casi es del 50%, y estamos más informados (sobre-informados, diría yo) y, a pesar de que nuestros partidos parece que están por otra labor, pues su objetivo inmediato son las próximas elecciones catalanas, soy de la opinión, muy compartida, de que tenemos la gran suerte de poder contar con nuestro president Carles Puigdemont, en el exilio. Y éste es un gran valor que debería ser aglutinador para estimularnos. La confrontación partidista ya vendrá después, una vez implementada nuestra república.
Ahora bien, como he señalado, estamos inmersos en un grave problema, ya que el estado profundo español está maniobrando con todas sus fuerzas que, son muchas, poderosas y no todas legales, más bien son violentas y vengativas.
Por eso, deberíamos ser conscientes de la gravedad:
· posible revocación de diputados, senadores y, en cadena, de alcaldes y regidores.
· Inhabilitación del president Torra.
Con relación al primer punto, el auto considerado el gobierno más progresista de la democracia, debería ser consciente del jaque mate que le está haciendo la derecha (partidos, poder judicial, policial y …. la jefatura del estado) y, si no se ve con fuerzas o no es capaz de hacerles frente, debería convocar nuevas elecciones, hablando claro a la ciudadanía, formando un frente de ‘izquierdas’ e ir a por todas, con un programa de remodelación y sustitución de los principales torquemadas, acabar con la inquisición, y, comprometerse a hacer un referéndum sobre la forma de estado, apostando por la república federal; y, también, comprometerse en una amnistía para nuestros presos políticos.
Si no hacen esto, España no tendrá solución.
Respecto al segundo punto, que es mas inmediato, y dado que no tenemos fuerzas para enfrentarnos al estado profundo, sólo queda una alternativa, y es que el president Torra convoque elecciones autonómicas y que los partidos independentistas vayamos TODOS JUNTOS, con el liderazgo de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, y todos los presos y exiliados políticos; y, también, cómo no, con Quim Torra, ya que no podemos prescindir de nadie, de ninguno de ellos. Una lista así, que incluyera desde Lluís Llach hasta Quim Arrufat, sería imbatible.
Si no hacemos esto, Catalunya no tendrá solución.
Los ‘HEREJES Y CONVERSOS’ si no vamos unidos, no podremos vencer a los inquisidores y torquemadas (externos e internos). Sólo unidos, sin orgullos partidistas, pues el momento es grave y exige ese sacrificio y altruismo.
Amadeo Palliser Cifuentes
