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La reduflación (shrinkflation) es un término económico para determinar la inflación invisible, formalizada por la reducción del peso o contenido de un producto, para mantener su precio o reducir su incremento, y así, los productores, pueden seguir con sus beneficios. Y en este escrito adopto este término, metafóricamente, para aplicarlo a la reducción de libertades y derechos en general, debido a la legislación restrictiva imperante, manteniendo la idea del conde-duque de Olivares (Gaspar de Guzmán Pimentel, 1587 – 1645): ‘que surja el efecto sin que se note el cuidado’, que tantas veces he citado en estos escritos.
Y al respecto, he comentado que, desde hace décadas, a los poderes del estado español, les interesa, asimismo, ‘que se note el cuidado’, pues su prepotencia les permite expresar libremente, su perversidad y sadismo.
Un ejemplo de ese proceder, lo hemos visto esta mañana, que la audiencia nacional ha decidido mantener en el juicio al president Jordi Pujol i Solei (president de la Generalitat del 1980 al 2003), si bien, atendiendo a su edad (n. 9 junio de 1930, es decir, ahora tiene 95 años), le ha permitido seguir el juicio por videoconferencia, desde su domicilio.
Es preciso recordar que tanto la defensa, como el equipo forense, han informado que Pujol ‘no está capacitado para defenderse ni para comparecer en el juicio’, en el que, junto a sus hijos, está acusado de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
El artículo 383 de la ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) permite el archivo de la causa, cuando hay una demencia sobrevenida del acusado. Y el equipo forense, como he señalado, ha determinado que ‘Pujol no está en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer a un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente’.
El tribunal le ha preguntado ¿si sabía por qué estaba compareciendo delante de la audiencia? y Pujol ha contestado que ‘tengo algunas dificultades, pero estoy a disposición del tribunal’.
El tribunal ha decidido que se inicie el juicio con su presencia telemática, que deberá seguir todas las sesiones (41 sesiones, previstas concluir el 14 de mayo del 2026) y en el momento en el que tenga que intervenir activamente, ya decidirá si está en condiciones o no’.
Según diferentes expertos, con el informe del equipo forense, legalmente deberían haber exonerado a Pujol, pero, aquí tenemos un nuevo ejemplo del sadismo vengativo del estado español, que no duda en recortar los derechos, en este caso, el de la capacidad de defenderse en el juicio. Y esos expertos aseguran que, si finalmente ha de participar de forma activa, el juicio podrá ser declarado nulo, por una instancia superior, precisamente, por indefensión. Pero eso al poder judicial español le importa muy poco, como sabemos, pues buscan la sangre, cuanto antes mejor, y después, ya se verá.
Es preciso recordar, asimismo, que el propio Pujol declaró, el 25 de julio del 2014, que la familia tenía un capital en Andorra, fruto de la ‘deixa’ (*) de su padre, el banquero Florenci Pujol i Brugat (1906 – 1980)
(*) una atribución singular de un derecho o una cosa, ordenada en una disposición testamentaria por el causante; legalmente, similar a una donación, pero ésta se ha de producir en vida del donatario. La ‘deixa’ (propia del derecho catalán) se materializa en el hecho de la muerte del donatario, tras la aceptación de su herencia.
Por lo tanto, el president Pujol tendrá casi 96 años cuando finalicen las vistas programadas.
He apuntado en repetidas ocasiones, que ‘el que la hace, lo ha de pagar’, sin excepción, pues ‘dura lex, sed lex’ (dura ley, pero ley) (*), así que, en su momento, debería haber sido juzgado; pero no, después de una instrucción de más de diez años, y menos, ahora, con la edad del president.
(*) la expresión romana clásica era ‘durum est, sed ita lext scripta est’ (la ley es dura, pero es ley), como la transcribió Gnaeus Domitius Annius Ulpianus (170 – 228), prefecto del pretorio, del emperador romano Marcus Aurelius Severus Alexandrus, 208 – 235).
Obviamente, el error de Jordi Pujol, fue no declarar ese capital en Andorra; que él justificó que fue por miedo a las repercusiones del estado español y de la ciudadanía catalana.
Pero tuvo ocasiones para regularizar esa situación, con la escandalosa (*) amnistía fiscal del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprobada en marzo del año 2012, durante el gobierno de Mariano Rajoy (PP).
(*) Regularización duramente criticada, ya que vulneraba el principio de igualdad, proporcionalidad y progresividad, y colocaba a los defraudadores en ‘absoluto privilegio fiscal’. Los beneficiarios de esa amnistía fueron 31.500, que afloraron 40.000 millones de euros ocultos al fisco. Para animar a la regularización de estos patrimonios, se ofreció a los beneficiarios, tributar únicamente el 10% de los intereses recabados en los ejercicios fiscales afectados (2008 a 2010), una rebaja considerable del tipo impositivo aplicable en estos casos; por lo que la tributación efectiva fue que los amnistiados acabaron pagando el 3% de la cantidad regularizada, y, por lo tanto, ‘perdonando’ 2800 millones. A esa amnistía se acogieron muchos políticos y empresarios, inmersos en 11 de las principales tramas de corrupción. Entre los personajes que se acogieron estaban Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, José Ángel Fernández Villa, Fernando Martín Álvarez o Diego Torres Pérez. Y Jordi Pujol, estimó preferible no acogerse a esa amnistía, pues ‘políticamente’ no lo estimó pertinente, si bien varios de sus hijos si que se acogieron.
Posteriormente, esta amnistía fue anulada por el tribunal constitucional, al considerar que un decreto ley no puede facilitar la evasión de rentas, en contra del principio de justicia social; pero avaló las regularizaciones efectuadas.
Es preciso recordar que Felipe González había aprobado dos amnistías (1984 y 1991), promovidas por los ministros Miguel Boyer y Carlos Solchaga.
Asimismo, es interesante destacar que Jordi Pujol fue declarado ‘español del año 1985’, por el diario monárquico ABC, expresando que ‘se puede ser nacionalista sin dejar de ser español y siendo un hombre de estado’.
Pujol había dicho: ‘la independencia es cuestión de futuro, de la próxima generación, de nuestros hijos. Por eso los de la actual generación tenemos que preparar el camino con tres asuntos básicos: el idioma, la bandera y la enseñanza’.
Pero en el año 2011, Jordi Pujol manifestó ‘que, a título personal, ya no tiene argumentos para poder rebatir la independencia de Catalunya. La no correspondencia española a su lealtad y a la de su país es el argumento que, definitivamente, le lleva a definir el posicionamiento (…) para mí no es fácil, significa reconocer que algunos de mis planteamientos de siempre como mínimo deben revisarse, lo que me duele personalmente (…) si no independentistas, debemos ser, al menos, muy independientes, ya desde ahora, debemos trabajar para nuestro fortalecimiento’; pero que asume plenamente las decisiones de CiU y del president de la Generalitat, Artur Mas.
Y desde ese momento, el estado español pasó a considerarlo como la bestia negra, y empezó su acoso y derribo de su imagen personal y política; y fruto de esa persecución, se vio obligado, en el 2014, a efectuar la declaración pública de la existencia de la famosa ‘deixa’.
El independentismo catalán hemos sufrido todo tipo de abusos por parte del estado; un estado capaz de saltarse todas las líneas rojas de las democracias occidentales. Y sabemos que no tienen límites, pues el estado español es un despiadado monstruo que es capaz de autodevorarse y de matar a sus propias criaturas, como el mítico Saturno.
Estos días estamos teniendo un nuevo ejemplo de ese proceder, con la culpabilización del fiscal general, Álvaro García Ortíz, que, precisamente, hoy ha presentado su dimisión. El fallo del tribunal supremo, avanzado a la sentencia, si bien, formalmente, es por la filtración de información de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en realidad, es por la defensa que hizo de la ley de la amnistía, que representa una descalificación de la sentencia de los mismos autores que ahora le han juzgado a él.
Y como estamos en un juego de espejos, ahora, García Ortiz es presentado como un progresista, por parte del gobierno, cuando, en realidad, fue la mano ejecutora de todas las leyes represivas contra el independentismo catalán, siguiendo las instrucciones de Pedro Sánchez, que, no debemos olvidarlo, fue favorable de la aplicación del artículo 155 de la constitución, con el que cercenaron todas nuestras instituciones. Y, posteriormente, ha ido aplicando una dura represión (como el espionaje telefónico, etc.), a la vez que, forzado por la aritmética parlamentaria, se vio obligado a aprobar la ley de la amnistía (capada) para poder seguir en el poder.
El mismo Pedro Sánchez que, en su campaña inicial del 2015, se comprometió a que, al llegar al poder, la primera medida que adoptaría sería derogar totalmente la ley mordaza del PP, por ‘el recorte de derechos y libertades que comporta’. Pero ahora, esa ley, el pasado 1 de julio, cumplió los 10 años y, básicamente, sigue en vigor.
En definitiva, que estamos bajo las botas de un estado que aplica la reduflación, la reducción de los derechos y libertades, si bien, dando la imagen contraria, como hacen muchos empresarios, que rebajan la cantidad del producto, para mantener el precio o reducir un nuevo incremento de su precio, y seguir con sus beneficios. Y esta técnica, es un claro engaño, pues muchos fabricantes, incluso siguen manteniendo el mismo envase, y la información cuantitativa del producto, la indican con letras cada vez más pequeñas.
En esa misma línea actúan la ONU, la UE, etc., presionadas por el narcisista y prepotente Donald Trump, que es el que determina, a nivel mundial, quién tiene, o no, las cartas vencedoras para presionar. Y ahora, le repite a Zelenski que no tiene ninguna carta vencedora, por lo que debe rendirse y aceptar su plan de ‘paz’, vergonzante y abusivo para la población ucraniana.
Trump, en su simplismo, lo reduce al juego del casino, y si tienes la carta vencedora, te respeta, si no, te humilla.
Y eso es el summum de la política reducida a la aplicación de la reduflación (shrinkflation) de los derechos y libertades, manteniendo, o ampliando, el beneficio de los poderosos, que es lo único que cuenta.
Por todo ello, debemos ser conscientes de esas reglas de juego, y de esos bravucones jugadores tahúres, y alejarnos lo máximo posible, aunque nos comporte un coste inicial, pero no hay otra, pues seguir sus ordenanzas, nos llevará a la aniquilación, al desastre final.
