Las medidas de austeridad, en lugar de generar ahorros al erario, lo que provocan es parálisis al Gobierno federal, advirtieron diputados federales del PRI, por lo que convocaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a revisar y corregir, el recorte de hasta 75 por ciento de presupuesto en dependencias y entidades de la Administración Pública federal.
La diputada Claudia Pastor Badilla llamó a la SHCP a garantizar presupuesto suficiente a las áreas que se dedican a proteger, tutelar y garantizar los derechos humanos, a fin de que “ninguna área quede inactiva y pueda cumplir con su responsabilidad constitucional”
La iniciativa, que apoyó el resto de la bancada priista en San Lázaro, pidió también se realice un diagnóstico integral de los compromisos del Gobierno federal y rectifique el decreto presidencial del pasado 23 de abril, que ordena el no ejercicio del 75 por ciento de presupuesto disponible en las partidas de servicios generales, material y suministros de todas las dependencias y entidades, con excepción de la Secretarías de Salud, Marina y Defensa Nacional, así como, la Guardia Nacional.
Los legisladores del PRI, recordaron que México ya estaba en recesión desde el primer semestre del 2019, antes de la llegada del coronavirus, cuando el Producto Interno Bruto se contrajo en 0.1 por ciento, luego vino la caída de las inversiones, la depreciación del peso mexicano, la cancelación de proyectos estratégicos para el desarrollo, el impulso de proyectos de infraestructura pública inviables y en general, la incertidumbre que se percibe en la conducción de la política económica y financiera.
Todas, dijeron, decisiones atribuibles directamente al Gobierno federal y constituyen las razones por las cuales los ingresos de muchas familias se han visto afectadas durante este 2020, entonces, llegó el momento de asumir la responsabilidad y corregir los errores.
La consigna de GPPRI es que la ausencia de recursos económicos para hacer frente a la pandemia y el estancamiento de la economía no exime al Gobierno federal de cumplir con sus obligaciones en la defensa y protección de los derechos humanos y debe revertir cuanto antes, algunas medidas de austeridad.
Claudia Pastor Badilla insistió: “lo que a primera vista podría parecer una medida adecuada para generar ahorros al país, en realidad ha generado el incumplimiento de varias dependencias del Gobierno Federal, en el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales”.
Porque los rubros que abarca el decreto presidencial, no son gastos superfluos o prescindibles, son gastos para pagar los servicios esenciales como energía eléctrica, agua, gas, telefonía, arrendamientos, combustibles, insumos de investigación científica y tecnológica, accesorios y equipos de protección, productos químicos, servicios de software y hardware, entre otros.
Para mayor claridad, de estas partidas presupuestales, la Comisión Federal de Electricidad adquiere insumos para sus plantas productivas; el IMSS y el ISSSTE, se surten de materiales médicos, productos farmacéuticos, refacciones de equipo e instrumental de laboratorio; las instituciones de investigación y de salud; consiguen materiales y útiles de enseñanza para planteles educativos; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural compra de fertilizantes, abonos y plaguicidas.
Por lo que se refiere a instituciones de protección a los derechos humanos, el GPPRI, exigió restituir los recursos a aquellas instancias que han puesto en riesgo su operación, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).
Son organismos que manejan asuntos delicados, críticos para la población porque el Estado Mexicano está obligado a reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos; a proteger un medio ambiente sano y a salvaguardar el derecho de los contribuyentes a defenderse de cualquier acto de omisión o abuso de las autoridades fiscales federales, a través de un abogado gratuito.
