amadeopalliser@gmail.com
Ayer (24/02) se supo que el gobierno de Pedro Sánchez, el más progresista de la galaxia como lo autoconsidera el citado ‘responsable’, con el ministro Óscar Puente (ministro de transportes y movilidad urbana), teóricamente tan ocupado (dijo que apenas dormía 3 horas, por el estado de la red ferroviaria), ha encontrado tiempo y presupuesto de recursos públicos, para castellanizar los rótulos de las vías y autovías catalanas, argumentando que lo hacen para garantizar la seguridad de los conductores (por lo visto, el siguiente paso será castellanizar todo el mundo mundial, por su inseguridad de rotular en francés, inglés, etc.).
Y hoy, en Vilaweb, Vicent Partal ha titulado su editorial del siguiente modo: ‘El 23-F y los árbitros de fútbol’, y la empieza diciendo:
‘Las dictaduras, cuando duran cuarenta años, no mueren si no las matas tu: se esconden y esperan. Y cuando las condiciones lo permiten, vuelven a sacar la cabeza amparadas por una cultura de la jerarquía y la autoridad transmitida generacionalmente.
Y, mencionando una entrevista, en ese mismo medio, efectuada por Andreu Barnils al árbitro Xavier Estrada, éste comentó ‘que muchos árbitros de fútbol, hoy, en el año 2026, aquellos que son promocionados a la máxima categoría, son expolicías nacionales o exmilitares, por ejemplo: Guadalupe Porras, exmilitar; Santi Latre, exmilitar; José Luis González González, expolicía; Carlos del Cerro, expolicía; Martínez Munuera, guardia urbano.
Y Partal señala que:
‘las dictaduras como la franquista no se mantienen solamente por el miedo. El miedo es caro, es inestable, y se agota. Lo que construye una dictadura duradera es la aparición de una red de lealtad cotidiana, de favores distribuidos, de pequeños privilegios que ligan mucha gente corriente’.
Y citando a Robert Paxton, en su estudio clásico del fascismo europeo ‘Anatomy of Fascism’ describe ‘este mecanismo como la pieza fundamental en todos los regímenes fascistas consolidados: la creación de una base social amplia de ‘pequeños beneficiarios’, que incluso no se identifican necesariamente con la ideología, pero saben que deben su posición al mantenimiento del orden existente’.
Es vergonzoso que este sistema siga funcionando y que siga perfectamente engrasado, para no perder comba, no desaprovechar una oportunidad y, a ser posible, generar las ocasiones para añadir nuevas oportunidades que confirmen las ventajas consolidadas desde la guerra provocada por sus antecesores.
Y esa forma de actuar sigue el patrón clásico castellano, incrustado en su ADN, como el que reflejó Guillén de Castro Bellvís (1569 – 1631), en su obra ‘Las mocedades del Cid’, en la que el conde Lozano dijo:
‘Esta opinión es honrada.
Procure siempre acertalla
el honrado y principal;
pero si la acierta mal,
defendella y no enmendalla’.
y esa frase, el mencionado conde (padre de la infanta Urraca y de doña Ximena) la dijo tras darse cuenta de su metedura de pata, al abofetear a don Diego Laínez de Vivar, que pidió a su hijo Rodrigo (el futuro Cid), que limpiase la afrenta, que, a tal fin, dio muerte al soberbio conde.
Olvidando la leyenda montada entorno a Rodrigo Díaz de Vivar (conocido como el cid campeador; cid o mío cid; en árabe, sïdï, significa señor), que fue un guerrero mercenario, que conquistó Valencia; me parece destacable el carácter expresado en los versos citados, pues ese sigue conformando el espíritu que tienen impregnado en su forma de ser, de actuar.
Es preciso señalar que la figura del citado Rodrigo Díaz fue totalmente manipulada, como lo fueron otras figuras, desde el líder lusitano Viriato (Viriathus, 180 a.C. – 139 a.C.) hasta el caudillo visigodo-asturiano Pelagio (Pelagius) (fallecido en el año 737), en árabe Belai al-Rumi (Pelayo el romano), denominado, por la historiografía castellana como Don Pelayo, y al que se le atribuye, falsamente, ser el iniciador de la llamada Reconquista.
Y, volviendo a los citados versos del Cid, como menciona el propio conde, encima considera que esa forma de proceder, es decir, de si se ‘acierta mal’ es una ‘opinión honrada’ sostenella y no enmendalla.
Y en estas estamos, pues vemos que el propio Pedro Sánchez, con su decisión de desclasificar hoy los documentos del golpe de estado del 23 de febrero de 1981, como si fuera una gran gesta suya, cuando lo que hace es cumplir las leyes, que marcan 45 años para los documentos de alto secreto, según la modificación del 2025, de la ley de secretos oficiales de 1968, plenamente franquista (que no se ha atrevido ni querido derogar).
Según esa modificación, incluso, cumplidos los 45 años, podría haberse prorrogado el plazo 15 años más, si se considerase que persiste alguna razón de seguridad nacional o de defensa que todavía justifique su clasificación.
Y esa desclasificación de miles de documentos (y no de audios, ni de vídeos) facilitados sin configurar buscadores, es un nuevo ejemplo de complicar la transparencia, sin garantías de que realmente se hayan desclasificado todos los documentos.
Transparencia interesada, para ocultar otros temas más relevantes para Sánchez, pues sigue siendo secreta la información correspondiente a los gal (grupos antiterroristas de liberación) que realizaron sus actos de contraterrorismo, realizando todo tipo de torturas y asesinatos, durante la década de 1980, siendo presidente del gobierno Felipe González Márquez, el que, según todos los rumores, consideraron que era la X; pero, claro, eso sigue siendo secreto, como lo es, salvando las distancias, la información sobre el gran apagón eléctrico del año pasado. Igualmente descifrar esa X, es tan ‘imposible’, como saber quién era (y es) el ‘M punto Rajoy’.
Así, vemos que la importancia de los hechos y de los autores, y su debida asunción de responsabilidades judiciales, sociales, políticas, etc., en determinados casos, pasa a ser considerada secreta, según lo consideren el consejo de ministros u otros cargos relevantes del estado; y, así, incluso, pueden quedar impunes determinados actos.
¿Por qué la defensa y la seguridad nacionales pueden ‘justificar’ el secreto sumarísimo?, y, a esta pregunta que me formulo, solo encuentro una respuesta lógica, y es que altos miembros del estado estén involucrados en esos hechos delictivos e ilegales; no encuentro otra ‘lógica’.
Y claro, en esos supuestos, el delito superlativo es la ocultación durante generaciones. Y, asimismo, el conocimiento de esa información ‘privilegiada’ permite a determinados personajes actuar de forma chantajista, si bien, en ámbitos reducidos y selectos, para no ser acusados de revelación de secretos.
Y ese proceder, obviamente, sigue el consejo de ‘sostenella o mantenella y no enmendalla’.
Y esa estrategia es más necesaria ‘si la acierta mal’, pues nadie reconoce sus errores, más bien persisten en ellos, por ejemplo, induciendo a una huelga de maquinistas de los ferrocarriles de las Generalitat de Catalunya, para desmontar la buena imagen que tienen, en contraposición de la gestionada por Renfe y Adif. Otro ejemplo lo tenemos con el mencionado cambio de nomenclaturas en las vías y autovías catalanas, que he comentado, y que argumentan que lo hacen para garantizar la seguridad de los conductores, que, por lo visto, no tienen las neuronas necesarias para saber que están en otro país, con una lengua propia.
Todo es vergonzoso, y todo se produce con el silencio aquiescente de Salvador Illa, el españolizador por excelencia.
Y así es la escasa calidad democrática que tenemos, que, encima, nos venden, mediáticamente, como plenamente popular y democrática.
Por ejemplo, con la elección en las primarias efectuadas por los Comunes, para la candidatura de la alcaldía de Barcelona 2027, en la que se eligió a Gerardo Pisarello Prados, explicándonos que venció al otro candidato, Bop Pop (Roberto Enríquez Figueres), por un 68,6% de apoyos, frente al 27% del humorista; pero no explican que, en total, votaron 1525 afiliados, de un censo de unos 9000, es decir, que la participación fue, únicamente, del 17%. Y de esos votos, 1046 fueron para Pisarello, 412 para Bop, y 67 en blanco, un 4.4 %. Pero, sobre el censo de afiliados, los porcentajes son muy menores, claro, así, Pisarello fue votado por el 11,6 %; Bop por un 4,6 %; y los votos en blanco representaron un 0,7 %.
En definitiva, que vemos, de forma clara, que el relato oficial, dista mucho de la realidad, que, interesadamente, siempre nos ocultan.
Por todo ello, los independentistas catalanes deberíamos distanciarnos de los diferentes relatos interesados (que siempre la ‘acierta mal’, mejor dicho, contra Catalunya), e ir a la nuestra, al núcleo central de nuestras reivindicaciones, obviando los discursos manipuladores que conforman la apariencia de democracia que tenemos.
