Tecámac, Estado de México. — La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, reconoció públicamente que durante sus administraciones como presidenta municipal de Tecámac (2019–2024) se aplicó la eutanasia a más de 10 mil perros en situación de calle, lo que ha generado una fuerte controversia entre autoridades, activistas y ciudadanía.
Durante una conferencia de prensa desde el Senado de la República, la legisladora confirmó que solo en 2022 se sacrificaron 2,500 canes en el Centro de Bienestar Animal del municipio. Aseguró que estas acciones se realizaron “bajo los protocolos correspondientes”, conforme a las normas oficiales mexicanas, argumentando que muchos de los animales padecían enfermedades incurables o representaban un riesgo para la población tras haber protagonizado ataques.
“La decisión no fue a la ligera; se trató de reducir el sufrimiento animal y proteger a la ciudadanía”, sostuvo la senadora, quien afirmó contar con expedientes documentales que respaldan cada caso atendido.
La polémica se intensificó luego de que en redes sociales se viralizara un video difundido por la activista Zyanya Polastri, donde se observa a la legisladora en una discusión con funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México durante una inspección al Centro de Bienestar Animal.
En la grabación, presuntamente fechada en octubre de 2025, Gutiérrez Escalante reafirma las acciones realizadas durante su gestión y sostiene que dichas cifras fueron reportadas previamente en informes de gobierno. No obstante, funcionarios estatales señalan posibles irregularidades, como la falta de diagnósticos clínicos, ausencia de personal especializado y presuntas violaciones a los protocolos de trato humanitario.
A raíz de estos hechos, el Gobierno Municipal de Tecámac solicitó a la senadora esclarecer las acciones realizadas durante su administración, particularmente ante señalamientos de posibles prácticas indebidas en el manejo de fauna urbana.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación de oficio por posibles delitos relacionados con maltrato animal, contemplados en el Código Penal estatal. De comprobarse responsabilidades, las sanciones podrían alcanzar hasta seis años de prisión, especialmente si se determina la participación de servidores públicos.
De acuerdo con cifras oficiales, el número de eutanasias aplicadas durante los dos periodos de gobierno de Gutiérrez Escalante fue en aumento, destacando 2024 como el año con mayor registro, con 2,877 sacrificios, acumulando un total de 10,962 perros.
Especialistas en bienestar animal señalan que, si bien la eutanasia está permitida bajo condiciones específicas —como lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014—, el sacrificio de animales sanos por falta de recursos o infraestructura está prohibido, lo que podría ser clave en las investigaciones en curso.
El caso ha abierto nuevamente el debate sobre el manejo de la sobrepoblación de animales callejeros en México, una problemática que, como reconoció la propia senadora, requiere soluciones estructurales más allá de medidas emergentes.
